24 de enero de 2026

Una investigación realizada por un medio colombiano reveló esta semana que al menos cuatro personas señaladas en declaraciones, informes forenses y documentos judiciales por su presunta vinculación al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci nunca fueron judicializadas en su país. Dos paraguayas figuran en la lista de personas nombradas en el proceso investigativo, por coincidir en los mismos hoteles que el fiscal asesinado.

El caso por presunta estafa contra la escribana Norma Graciela Saldívar (55 años) quedó en el opareí, luego de que un Tribunal de Sentencia la sobreseyera definitiva, como consecuencia de haberse declarado la nulidad de la acusación y la extinción de la acción penal en su contra, en el juicio que inició este miércoles. Esto derivó de la negligencia del juez Rolando Duarte y del fiscal Hernán Galeano.

La fiscala Ruth Benítez imputó a la abogada Zully Ortiz García y a otra mujer por la presunta comisión de los ilícitos de coacción y amenaza de hecho punible. Ambas fueron detenidas en allanamientos realizados en Asunción, como parte de la pesquisa sobre el atentado y las amenazas de las que fue víctima el año pasado el periodista Carlos Benítez, a raíz de publicaciones sobre la mafia de los pagarés.

La fiscalía antidrogas de Amambay formuló imputación por narcotráfico y solicitó prisión preventiva para un hombre de 65 años que fue sorprendido transportando más de 400 kilos de cocaína. El afectado por la acción fiscal afirmó desconocer que había droga en el vehículo que conducía.

Al percatarse del intento de robo, el trabajador de la empresa Mundial Cambios dejó la mochila que llevaba y corrió a resguardarse. Esta persona debía retirar un dinero, pero no llegó a hacerlo porque la persona que debía hacer el depósito no estaba. La Policía sigue investigando todas las secuencias del intento de asalto que ocurrió ayer en Asunción.

PARAGUARÍ. Familiares del militar fallecido en un choque frontal sobre la ruta PY01 cuestionan la actuación de la fiscal interina de la Unidad Penal N.° 2, Milena Basualdo Osorio, quien, tras la detención del ciudadano brasileño involucrado en el accidente, ordenó su libertad ambulatoria pese a que no habría demostrado arraigo. Posteriormente, de manera considerada irregular por el querellante, lo imputó, pero solicitó la suspensión de la prisión preventiva.