24 de febrero de 2026

Un ciudadano italiano tuvo que ceder bienes valuados en suma millonaria mientras estaba detenido por orden de la fiscala Stella Mary Cano. Esto revela la imputación de la fiscalía de Derechos Humanos quien presentó cargos contra su cuestionada colega, por persecución de inocentes.

La fiscala María Angélica Acosta Bjasso afrontará juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado. Es en la causa abierta a partir de la denuncia de un pedido de coima para favorecer a un procesado por coacción sexual y violación y que derivó en una entrega vigilada realizada en Alberdi, en agosto de 2019.

El abogado Guillermo Ferreiro en sus alegatos finales solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la remoción de sus funciones de la fiscala Stella Mary Cano. Alegó que su mal desempeño quedó demostrado porque el tribunal de sentencia al absolver al exintendente de Asunción Mario Ferreiro de la acusación de lesión de confianza, tráfico de influencias y extorsión. Por su parte, la fiscala Cano solicitó su absolución porque el JEM no es órgano para revisar actuaciones judiciales, entre otros argumentos.

Las diputadas Leidy Galeano y Alexandra Zena, ambas del Partido Cruzada Nacional, denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la fiscal Soledad Machuca. Según explicaron, la agente del Ministerio Público habría cajoneado la investigación en contra del senador Hernán Rivas por su presunto título falso de abogado.

La fiscala Liz Cowan, agente penal del Ministerio Público, denunció haber sido víctima de un ataque. La agente acudió a la comisaría Séptima Metropolitana de Asunción para realizar la denuncia. La misma señaló que el hecho ocurrió en horas de la noche de ayer, aproximadamente a las 22:00, sobre la Avenida Eusebio Ayala y Bruno Guggiari de la capital.

El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, fijó para el próximo 4 de setiembre la audiencia preliminar para la fiscala Ana Elizabeth Girala López y otros cinco procesados por extorsión y otros delitos. La acusación dejó al descubierto el accionar del “equipo apriete” enquistado en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo.