21 de agosto de 2025
Los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que el saldo de la deuda pública total alcanzó US$ 19.085 millones al primer semestre 2025. De este global, el pasivo de la Administración Central representa US$ 17.072 millones, lo que equivale al 89,5% del total y al 36,6% del PIB. El restante, US$ 2.013 millones, corresponde a la deuda con garantía soberana, equivalente al 10,5% del total y al 4,3% del PIB. El nivel de endeudamiento revela una tendencia creciente, donde el componente del servicio de deuda, sobre todo, el correspondiente al pago de intereses, plantea desafíos relevantes.
Al cumplirse poco más de un año de gestión, el gobierno destaca al cierre de este 2024 logros como el aumento de recaudaciones impulsado por el crecimiento económico, la fusión de entidades públicas, y otras reformas impulsadas, y un déficit fiscal que converge a la meta. Sin embargo, pocos de estos logros son visibles para los ciudadanos.
El aporte de un legislador a la Caja Parlamentaria sobre las dietas y gastos de representación solo alcanza a cubrir alrededor de 4 años, tanto en la Jubilación Ordinaria (180 meses de contribución y 80% sobre lo aportado) y la Jubilación Extraordinaria (120 meses de aporte y 60% de lo percibido) para una expectativa de 70 años.
El país ha avanzado en el manejo de sus finanzas públicas y el reciente logro de obtener la calificación de grado de inversión es un testimonio de ello. Nuestras finanzas supieron sobreponerse a un difícil inicio de los años 2000, marcado por un default selectivo, continuando luego con presiones en el gasto de remuneraciones por decisiones políticas y la necesidad de mayor gasto público para enfrentar situaciones inesperadas (como inundaciones, sequías, pandemias, crisis regionales, etc.). Esta situación, en parte, me recuerda al mítico personaje de Perurima, ya que, como relataba Alcibiades González Delvalle “de todos los apuros supo salir”.
Los sistemas de pensiones tienen como objetivo, por un lado, permitir a las personas contar con ingresos luego del retiro a cambio de realizar aportes durante su vida laboral y, por otro, evitar situaciones de pobreza en la vejez, tal como hace referencia un estudio del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) denominado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”.
La evaluadora de riesgos Standard & Poor’s Financial Services elevó la “calificación de Paraguay” de BB a BB+ con perspectiva estable, lo que ha sido recibido como una gran noticia por parte del Gobierno y de no pocos agentes económicos, y hasta hubo quienes tildaron el hecho de “histórico”. Lejos de ser tal. Como muchas veces anteriores, se destacó que el país quedó “al borde del grado de inversión”, pero hace una década que Paraguay está en esa condición y la verdad es que no se ha avanzado en las reformas ni se han dado los pasos necesarios para cambiar de categoría. Por lo tanto, de nada vale jactarse por méritos inexistentes o por un 2 en la libreta.