finanzas públicas

Se presentó el Presupuesto General de la Nación para el año 2024 y el mismo no contiene ese diferenciador sustancial en relación a lo que se viene dando en otros años. Es lo mismo de siempre. Una lástima. Se ha desaprovechado una brillante oportunidad para que el nuevo gobierno se muestre diferente. No le faltan las mayorías en ambas Cámaras y tampoco creo que las nuevas autoridades no sepan sobre los nuevos instrumentos en materia de finanzas públicas.

Un estudio del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) denominado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad” refiere que los sistemas de pensiones tienen como objetivo, por un lado, permitir a las personas contar con ingresos luego del retiro a cambio de realizar aportes durante su vida laboral y, por otro, evitar situaciones de pobreza en la vejez. En un contexto de envejecimiento, estos esquemas adquieren cada vez mayor importancia para el bienestar, pero, a su vez, implican importantes retos para la sostenibilidad fiscal de los países (mayor gasto y un menor ingreso agregado de los sistemas de pensiones, por tanto, mayores desafíos para las finanzas públicas).

Al diputado Raúl Benítez, del Partido Encuentro Nacional, le preocupa que el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo para cancelar las deudas con proveedores que quedaron pendientes de la anterior administración otorgue superpoderes al Ministerio de Economía y socave el “control del gasto público por parte del Congreso”. Al margen del problema institucional, que es discutible, el que se haya llegado a esta situación es en enorme medida responsabilidad justamente del Congreso, incluyendo a prácticamente todos sus miembros y bancadas con contadísimas excepciones, que no solamente no han ejercido ese supuesto poder de control, sino que se han dedicado sistemáticamente a agregar gastos improductivos e infinanciables al Presupuesto Nacional.

La administración central cerró julio último con un déficit fiscal acumulado de US$ 650,5 millones, lo que equivale al 1,48% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el anualizado se situó en 3,35% del PIB, según el informe de “Situación Financiera” dado a conocer en los último días por el nuevo Ministerio de Economía.

De prosperar en el Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas se dará un poderoso incentivo para que el intervencionismo económico se consolide como una política de Estado desde un órgano del Poder Ejecutivo. Sus efectos serán perniciosos sobre la economía y la política.