19 de junio de 2025
La semana pasada, el Congreso Nacional fue nuevamente escenario de restricciones a derechos fundamentales, esta vez con la modificación del Código Electoral, pero específicamente en lo concerniente al financiamiento político, un tema siempre álgido puesto que solo un control estricto de los fondos de financiación de campañas electorales puede combatir el lavado de dinero, muchas veces proveniente del narcotráfico. En la misma línea renuente a los controles y la transparencia que el cartismo demostró desde la asunción al poder, esta vez se aprobó la modificación de varios artículos del Código Electoral. Entre otras cosas, se propone simplificar el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula el tema del financiamiento político, lo cual podría abrir las puertas a la falta de control y transparencia sobre los orígenes de los fondos de financiamiento, en medio de indicios del fortalecimiento de la narcopolítica en Paraguay.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que desde el próximo lunes, 21 de abril, realizará trabajos de actualización y mantenimiento a sus plataformas digitales por lo que el Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) y el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP), estarán inaccesibles para el público en general, durante un mes.
Las once organizaciones políticas que percibieron recursos públicos en concepto de Aporte Estatal durante el ejercicio fiscal 2024 presentaron sus rendiciones de cuentas al Tribunal Superior de Justicia Electoral en cumplimiento de la Ley 6501/20 “Que regula el financiamiento político”.
El diputado Daniel Centurión criticó la ley de financiamiento político, y la calificó como “letra muerta” debido a las trampas dentro del proceso electoral. Además, analizó la crisis generada por los chats filtrados de Eulalio “Lalo” Gomes, donde se menciona una presunta oferta millonaria para ocupar una banca en el Senado. Centurión destacó que el Congreso ya debate ajustes a la normativa.
La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) aprobó en su sesión ordinaria las nuevas sanciones dentro del Partido Colorado para los candidatos a cargos públicos que incumplan con la Ley de Financiamiento Político y estén vinculados al lavado de dinero. Además, dieron a conocer que se aprobó la afiliación online, pero no la desafiliación, que sigue siendo presencial.
Jaime Bestard, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), señala que las ONG que colaboran con el Estado deben ser más controladas. Subraya que el TSJE, por su naturaleza, enfrenta críticas por parte de las organizaciones. Sostiene además un análisis de los acuerdos vigentes.