28 de agosto de 2025
Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), aseguró que el organismo no puede realizar una intervención directa tras la confesión del concejal aregüeño Pablo Ayala, quien declaró haber entregado un cheque de G. 600 millones al intendente de Areguá, Denis Torres (ANR-HC), que sufrió un asalto esta mañana.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, remitió a la Cámara de Senadores el parecer institucional sobre el proyecto de ley que modifica el Código Electoral sobre el Financiamiento Político, y que fue aprobado en siete minutos en Diputados. La institución electoral menciona que la norma aprobada en Diputados socava la función de la Justicia Electoral y dilataría el acceso al identificador tributario.
La mayoría colorada en Diputados, el martes, dio media sanción al proyecto de ley que modifica el sistema de rendición de cuentas sobre financiamiento político, sin tener en cuenta ninguna de las recomendaciones técnicas hechas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
El director financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral habló del parecer del órgano rector de los procesos electorales sobre los cambios al Código Electoral que propuso recientemente el Congreso sobre aspectos como la inscripción al Padrón Nacional o la rendición de cuentas sobre financiamiento político.
Christian Ruiz Díaz, Director Financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral, comentó que la institución no cuenta con herramientas legales para investigar de dónde sale el dinero de las campañas políticas. Indicó que las constantes modificaciones parciales de la ley de financiamiento político generaron un caos legislativo y legal, que es muy difícil de entender.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que desde el próximo lunes, 21 de abril, realizará trabajos de actualización y mantenimiento a sus plataformas digitales por lo que el Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) y el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP), estarán inaccesibles para el público en general, durante un mes.