El millonario proceso licitatorio para la provisión e instalación de ascensores en la sede del Congreso Nacional sufre un nuevo revés. Uno de los oferentes adjudicados habría falseado documentos que guardan relación a la empresa TK Elevadores Paraguay.
La Policía informó sobre el desbaratamiento de una presunta red que se dedicaba a organizar estafas mediante la falsificación de documentos. El monto de perjuicio que habría generado ronda los G. 8.000 millones, según el informe sobre la operación denominada “Scam Network”.
Tras una denuncia de que habría presuntamente un laboratorio de drogas, agentes del Departamento Antinarcóticos iniciaron un allanamiento en un barrio cerrado en la ciudad de Ypané, en la que hallaron un supuesto laboratorio de producción de documentos falsos, como chapas y cedula verde falsificadas de vehículos.
La jueza penal de garantías, Sadi Estela López Sanabria, resolvió suspender la prisión preventiva y disponer la libertad del abogado Gustavo David Romero Zarza (45). El mismo fue imputado por el supuesto hecho de producción de documento no auténtico y frustración de la persecución y ejecución penal, que favoreció a su defendido Éder Ronaldo Giménez Duarte, procesado por supuestamente formar parte del grupo tipo comando que atacó a tiros la vivienda perteneciente al supuesto capo narco Ederson Salinas Benítez.
El fiscal Félix Andrés Cantaluppi resolvió imputar por presunta producción de documento no auténtico y frustración de la persecución y ejecución penal al abogado Gustavo David Romero Zarza (45), quien ejercía la defensa técnica del procesado Eder Ronaldo Giménez. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del letrado tras tomar su declaración testifical.
El fiscal Félix Andrés Cantaluppi presentó imputación contra Esveraldo Dutra Junior (41) por presuntamente falsificar una resolución judicial para beneficiar a Eder Ronaldo Giménez Duarte, quien estaba procesado por formar parte del grupo tipo comando que atacó a tiros la casa de Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, en marzo de 2022. El ahora imputado se desempeñaba como actuario judicial en el Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de Pedro Juan Caballero y llamativamente tras conocerse el caso, presentó su renuncia al cargo.