9 de noviembre de 2025
Una finca productora de cebollas de Boquerón, Chaco, fue intervenida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otras instituciones, con la incautación del producto por supuesto contrabando. Luego de los trámites de rigor, la institución tributaria y el Senave expresaron en un comunicado que en la finca “se ofrecían productos sin respaldo documental (factura) y se utilizaban documentos emitidos a nombre de terceros, lo que imposibilita garantizar la trazabilidad de la mercadería…”. Contrasta esta posición con la del titular de la DNIT, Óscar Orué, que cuando se le consultó que la primera dama, Leticia Ocampos, habría pedido que la factura por una millonaria compra en efectivo sea emitida a nombre de un tercero, respondió textualmente: “Para nosotros esto no es relevante en el ámbito financiero”. El contraste de la posición con respecto a la compra de la primera dama y la operación realizada por el productor chaqueño es tan evidente.


El director de Mercados de la Municipalidad, Juan Villalba, se permitió expulsar a funcionarios de la SET que realizaban un “operativo persuasivo” en la avenida Eusebio Ayala y en el Mercado N° 4, para verificar si los vendedores allí instalados en vísperas del Día de Reyes cumplían con su deber de emitir facturas. “En mi casa no pueden hacer controles; se me van de acá”, vociferó, rodeado de sus subalternos. Según el viceministro de Tributación, Óscar Orué, emplearon la fuerza para expulsar del sitio a los funcionarios de la SET. Así, su irracional actitud convirtió al director en un eventual encubridor del hecho punible de evasión de impuestos.

El vicepresidente de la cámara paraguaya de productos y equipos médicos , odontológicos y de laboratorio denuncia que el IPS adeuda a algunos de sus miembros facturas correspondientes del 2020. El vicepresidente de la CAPPEN lamenta además que desde el IPS no brinden informaciòn sobre cuando estarian abonando dichas deudas.
A diferencia de una persona física o jurídica del sector privado, a la que la ANDE le corta la energía eléctrica si incurre en tres meses de mora, un ente público puede seguir consumiéndola, por tiempo indefinido, aunque no esté al día con el pago de sus facturas. Conste que la ley le prohíbe seguir prestando el servicio a los entes estatales sin el pago de las facturas mensuales, es decir, le obliga a desconectar el servicio, de acuerdo con el procedimiento de corte aplicable a todos los clientes. La atinada disposición es letra muerta, de modo que las entidades públicas siguen funcionando sin pagar el consumo de energía eléctrica, pese a que los fondos necesarios son asignados cada año en el Presupuesto General de la Nación.