5 de diciembre de 2025

El abogado Ezequiel Santagada advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) opera sin un titular designado por el Poder Ejecutivo y con un “encargado de despacho” cuya designación sería nula. La disputa afecta un juicio de amparo por acceso a datos de Mburuvichá Roga y, a la vez, expone una grave falla institucional.



El director ejecutivo del Instituto Derecho y Economía Ambiental, Ezequiel Santagada, sostuvo que el informe presentado por la Comisión de Investigación de Lavado de Dinero es una recopilación de información donde no encontraron nada. “Toda una sarta de estupideces para tener entretenida a la gente y desviar la atención sobre cosas realmente importantes”, apuntó.

El juez Marcos Giménez Rivas revocó una medida cautelar que prohibía a dos periodistas informar sobre un caso de abigeato que involucra al concejal colorado Julio Vera Benítez, de Yasy Cañy. La decisión fue celebrada como un triunfo para la libertad de prensa y una reafirmación del derecho constitucional a la información.

El abogado Ezequiel Santagada denunció un acto de censura tras una medida cautelar dictada por el juez Marcos Giménez Rivas, que impide a dos periodistas de Canindeyú informar sobre un proceso por presunto abigeato que involucra al concejal Julio Vera. El letrado cuestionó la legalidad del fallo y advirtió que se están violando garantías constitucionales básicas.

El abogado Ezequiel Santagada dijo que la recusación del cartismo contra dos magistrados, que estudian la reincorporación de Kattya González al Congreso, tiene argumentos distractores, sin causa e inviables. Sostuvo que el titular del Senado, Bachi Núñez (ANR, HC), no debió dar estas instrucciones sin autorización del pleno y que la Cámara Alta no puede ser “parte” ni recusar en un juicio.

Representantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) solicitaron este jueves a la Justicia que declare extinta la demanda presentada por la Comisión Conjunta de Investigación de Lavado de Activos, más conocida como Comisión “garrote”, porque supuestamente se niegan a brindar datos de la utilización de los recursos que reciben. Argumentan que la comisión legislativa perdió vigencia en abril pasado, por lo tanto ya no puede seguir actuando.