25 de agosto de 2025
La acusación presentada por el Ministerio Público (MP) en contra de Alexandre Rodrigues Gomes, de 38 años, revela que el hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes presuntamente encabezaba un esquema de tráfico internacional de cocaína de alto volumen, sustentado por una red logística y económica transnacional. Datos proveídos por la aplicación de mensajería cifrada SKY ECC permitieron detectar las supuestas conexiones criminales del ahora acusado.
Óscar Daniel Cabreira Pinazo, alias “Simba”, sindicado en el caso “Pavo Real II” como testaferro del capo narco Jarvis Chimenes Pavão, fue imputado hoy por supuestamente integrar una estructura de tráfico internacional de estupefacientes y lavado de activos provenientes de dicha actividad ilícita. El procesado, quien intentó autoeliminarse durante un allanamiento realizado en su vivienda en Pedro Juan Caballero, sería “mano derecha” del hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes en el esquema criminal.
Según información preliminar brindada por la Policía Nacional, un ciudadano brasileño imputado por supuesto lavado de dinero en la causa por la que era investigado el extinto diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, habría intentado autoeliminarse hoy cuando agentes de la Fiscalía y la Policía se disponían a allanar su vivienda en Pedro Juan Caballero. El mismo sigue con vida, pero está grave.
Para este martes estaba prevista la extracción de datos de dos celulares incautados a uno de los imputados junto a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes; sin embargo la defensa presentó varios recursos, incluida una recusación contra el perito del Ministerio Público, y la diligencia se suspendió. El próximo martes 19 de agosto vence el plazo para que la fiscalía presente su requerimiento conclusivo.
Exdiputado Óscar Tuma, imputado por lavado de activos y abogado de la familia de “Lalo Gomes”, negó que la “Ley Anticomisos”, presentada por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) busque limitar el golpe a finanzas del crimen organizado, tal como lo afirmaron voceros de la Fiscalía. Sostiene que este proyecto solo busca proteger a los “inocentes” y a sus bienes.