21 de abril de 2025
El abogado Óscar Tuma, en representación de la familia del fallecido diputado Lalo Gómez, anunció que este martes presentará un pedido de juicio político contra el fiscal general Emiliano Rolón, a quien acusa de mal desempeño, inacción ante casos graves y pérdida de legitimidad del Ministerio Público.
La Policía Nacional (PN), el Ministerio Público (MP) y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) suspendieron “por seguridad” los procedimientos de incautación que debían continuar hoy viernes en las estancias del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco del caso Pavo Real 2.
La fiscala adjunta Matilde Moreno se ratificó en el pedido de desestimación de la causa penal abierta por la muerte del entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes, solicitada por los fiscales intervinientes en el caso. El juez penal de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco Torraca, quien se había opuesto a que se cerrara la investigación, ahora no tiene otra salida que archivar el caso.
El pasado 28 de febrero, día que Diputados aceptó la renuncia del cartista Orlando Arévalo, este presentó una “actualización” a su declaración jurada (DD.JJ.) de 2023 y otra por baja del cargo. “Mágicamente” hizo desaparecer G. 4.265 millones de su patrimonio. Todo esto luego de que la Fiscalía y Contraloría lo investigaran.
El juez Osmar Legal autorizó la extracción de datos de dispositivos de DVR y también CPU, que fueron incautados de la casa del imputado por narcotráfico y lavado de activos, Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, y de la firma que perteneciente a padre e hijo, respectivamente.
Óscar Tuma, abogado de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, cuestionó que la Fiscalía insista en desestimar la causa pese a la oposición del Juzgado. Destacó que hay muchos elementos que ponen en duda las circunstancias en las cuales fue asesinado el colorado cartista. Resaltó que descubrieron que 17 días antes del hecho, una persona advirtió que en Brasil existía una “millonaria recompensa por la muerte del diputado”. El fiscal general del Estado tiene 10 días para decidir si encajonar o no la causa.