11 de octubre de 2025
Una nueva polémica sacude el caso Pecci. Mensajes extraídos del sistema encriptado SKY ECC por Europol revelan que ya en 2020 se planeaba la muerte del entonces fiscal Marcelo Pecci, mucho antes de su asesinato en Colombia, el 10 de mayo de 2022. El senador Colym Soroka (ANR) afirma que el caso Pecci nunca debió cerrarse y que quedan por ser investigados los fiscales y jueces citados en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
El fiscal general Emiliano Rolón señaló, respecto a la causa desestimada del fallecimiento de Eulalio “Lalo” Gomes, que durante el desarrollo de esta, se cumplieron todas las reglas del proceso y pasó por todas las líneas de control.
Cuatro escribanías y un surtidor fueron allanados en Central, San Pedro e Itapúa, por la Fiscalía y la Policía ayer. En estos sitios se hallaron transferencias de bienes ligados a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y acusado por narcotráfico, en favor de personas físicas y jurídicas. El patrimonio, objeto de comiso en la causa Pavo Real Py II, fue transferido luego de que se “levantara” la inhibición a Rodrigues en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP).
La Fiscalía incautó escrituras, documentos, equipos electrónicos y un celular durante allanamientos en escribanías de Central e Itapúa, en el marco de la investigación por lavado de bienes vinculados al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en el marco del operativo “Copia fiel”, en la escribanía Ayala Brítez, ubicada en San Juan del Paraná, Itapúa. En el lugar incautaron documentos de transferencias de cuatro inmuebles, por un valor de G. 1.700 millones, que se realizaron desde la cárcel de Itapúa, cuyo titular sería el inhibido y procesado Alexandre Rodríguez Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Este jueves, el abogado Óscar Tuma presentó su renuncia como defensor de Alexander Gomes, hijo del extinto parlamentario Eulalio “Lalo” Gomes. El motivo es la falta de solvencia económica para el cumplimiento de sus honorarios, ya que, los inmuebles de la familia que fueron ofrecidos en dación de pago, se encuentran actualmente sujetos a medidas de comiso solicitadas por el Ministerio Público.