Un intendente liberal y una intendenta cartista no presentaron sus rendiciones de cuentas del uso que le dieron al dinero recibido en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los royalites en el segundo cuatrimestre del año, según reportó la Contraloría General de la República (CGR).
La Cámara de Diputados sigue cajoneando y no incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana el pedido de desafuero contra el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana), ya que ni el cartismo tiene los votos suficientes para proceder, ni la oposición para rechazarlo, haciendo que se mantenga como una “espada de Damocles” como amenaza permanente sobre el colorado disidente, imputado tras denuncia de Horacio Cartes.
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, reiteró ayer otro pedido de desafuero del diputado cartista Esteban Samaniego ante la Cámara Baja. El oficio judicial Nº 27 dirigido al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR-HC), es a solicitud del fiscal Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, quien investiga al legislador por una supuesta millonaria malversación en la Municipalidad de Quyquyhó, entre el 2011 y 2017.
El corporativismo de la Cámara de Diputados, cuyo presidente es el cartista Raúl Latorre, sigue protegiendo al legislador Esteban Samaniego (ANR, cartista), quien hasta la fecha acumula cinco pedidos de desafuero.
El juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán Gabriaguez, esposa del diputado colorado Esteban Samaniego. Igualmente obtuvieron medidas un excustodio, la madre del legislador y otros colaboradores, en la causa abierta por la supuesta “tragada” de G. 338.595.000, entre 2011 y 2017, de los fondos de la Municipalidad de esa ciudad.
La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución del Juzgado de Garantías que procesó a la esposa del diputado cartista Esteban Samaniego e intendenta del distrito de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otros imputados por el presunto desvío de G. 338.595.000, entre los años 2011 y 2017, de los fondos del municipio paraguariense. En esta causa también fue imputado el parlamentario colorado, pero el mismo sigue blindado por sus colegas de la Cámara Baja.