30 de octubre de 2025
Esta semana, Paraguay será sede de audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 180º periodo de sesiones de este tribunal, que ya ha dictado 15 sentencias contra el Estado paraguayo por su responsabilidad internacional de violación de derechos humanos, de las cuales, hasta ahora dos de ellas son por violación a la libertad de expresión. Estas sentencias, en los casos “Ricardo Canese” y “Santiago Leguizamón” dejaron para el país estándares de protección a la libertad de expresión y la obligación reforzada de prevenir hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa. Sin embargo, lejos de seguir estas obligaciones vinculantes para el Estado, nuestras autoridades se han destacado en los últimos meses por dictar leyes “mordaza” o leyes “garrote”, poniendo trabas al derecho de participación activa de las organizaciones sin fines de lucro, persiguiendo a activistas de derechos humanos o amenazando a medios críticos de comunicación y periodistas en el ejercicio de su labor comunicadora.




La Comisión Interinstitucional de Compromisos en materia de Derechos Humanos fijó la fecha para la realización de actos públicos consecutivos de disculpas del Estado paraguayo en este mes de junio en favor del dirigente campesino Ernesto Benítez, quien fue víctima de torturas en el año 2003.

El procurador General de la República, Marco Aurelio González, explicó los motivos por los que se rechazó la demanda de la Asociación de los Excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo. El monto que reclamaban los miembros de la asociación ascendía a G. 291.335.166.000, unos US$ 40.463.217 que sería distribuido entre 900 asociados.

El juez en lo civil y comercial José Guillermo Trovato rechazó una demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de Ex Combatientes del 2 y 3 de Febrero de 1989 contra el Estado paraguayo. El monto reclamado era de G. 291.335.166.000, equivalentes a US$ 40.463.217,5, a ser dividido entre más de 900 asociados.

Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz, acusado por narcotráfico y otros delitos, presentó una denuncia contra el Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta violación de sus derechos. En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó un habeas corpus a su favor, tras precisar que no se ha cumplido aún el plazo máximo de duración de la prisión.

El arbitraje internacional entre la empresa Mota Engil y el Estado paraguayo, por el caso de fracasado metrobús, sigue su curso bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), también denominada Uncitral, por sus siglas en inglés.