21 de marzo de 2026
La Cámara de Diputados dio media sanción y remitió al Senado un proyecto de ley que “regula” el uso de celulares en las escuelas públicas, privadas y subvencionadas. El oficialismo reculó al plan de prohibición total y abrió numerosas excepciones en caso de necesidades, aprendizaje y seguridad entre otros. Por sus plazos internos, se aplicaría desde el 2027.


A menos de un mes del inicio del año lectivo, previsto para el 23 de febrero, la Escuela Básica N.° 2397 “Virgen de Fátima”, del barrio San Jorge, presenta un escenario alarmante: aulas destechadas y estructuras intervenidas sin garantías visibles. La refacción avanza con marcada lentitud. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aún no plantea alternativas para garantizar el inicio de clases, mientras la Municipalidad ejecuta los trabajos sin fiscalización técnica efectiva.

Un informe de la OPS/OMS revela que en Paraguay la mayoría de las instituciones educativas encuestadas no tiene inspecciones que garanticen la seguridad de los estudiantes dentro de los edificios. Mientras, el MEC alardea sobre las “intervenciones” realizadas el año pasado en materia de infraestructura escolar.

La organización “Levanta Escuelas”, conformada con jóvenes que reparan instituciones educativas, cuestionó duramente al presidente de la República, Santiago Peña, quien sugirió la migración de centros privados como una forma de ahorro familiar. Aseguran que el titular del Ejecutivo desconoce la realidad de aulas, baños y pasillos en riesgo de derrumbe.

La Cámara de Diputados aprobó en general pero “aplazó” el estudio en particular (artículo por artículo) hasta marzo del 2026 el proyecto de ley que prohíbe totalmente el uso de teléfonos celulares en escuelas y colegios. La iniciativa fue presentada por el cartista José Rodríguez, quien dijo que planea flexibilizar el texto y cambiarlo a una “regulación”.

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos en instituciones educativas, públicas y privadas. La iniciativa expresa que se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos por parte de los alumnos durante las clases, los recreos o los descansos entre clases. Las autoridades advierten sobre el impacto negativo en la salud mental y la pérdida de atención en el aula.