9 de marzo de 2026

El abogado Ezequiel Santagada advierte que la Circular de Yacyretá viola la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública. Sostener que difundir documentos es una “falta” carece de sustento jurídico en una entidad que maneja fondos del pueblo. Advierte que buscan forzar la autocensura bajo amenaza.

Mientras el presidente de la República, Santiago Peña, recorre el mundo intentando “vender” el potencial energético paraguayo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) impone un régimen de terror interno y de blindaje informativo. Funcionarios denuncian un el el actual clima de zozobra luego de la circular que prohíbe hablar con la prensa.

AYOLAS. Pobladores de la compañía Lote 20 continúan reclamando el servicio de agua potable desde hace aproximadamente 30 días a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), única encargada de la provisión del elemento esencial para la vida en esta comunidad. La falta del suministro afecta de manera directa a unas 100 familias, que hasta el momento no reciben una respuesta definitiva a la problemática planteada ante la institución responsable.

La “ley del silencio” impuesta en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no solo es de una cúpula administrativa; es una estructura blindada por funcionarios con salarios vip. Mientras los jefes se esconden tras “protocolos”, los responsables de comunicación perciben sumas astronómicas para filtrar —o negar— información pública. El contraste con administraciones anteriores evidencia un retroceso hacia el oscurantismo técnico.

A través de una circular interna, el secretario general de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Mario Cáceres -exdiputado colorado con una remuneración de G. 71 millones— impuso una “ley del silencio” que prohíbe a los funcionarios filtrar datos o hablar con la prensa. El documento busca evitar “alarmas” en la opinión pública, en una institución marcada por el uso discrecional de fondos y el nulo control ciudadano.