2 de julio de 2025
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2050, con el fin de analizar los desafíos del sector energético para los próximos años, participaron en un taller interinstitucional los ingenieros Pedro Domaniczky y César Vega, de la Superintendencia de Energías Renovables de Itaipú y la ingeniera Raquel Oviedo Patiño, de la Asesoría de Planeamiento Empresarial.
AYOLAS. El representante jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cua -MD (Sitracbamd), abogado Vidal Cáceres, declaró que existen muchas dudas de que el acta de Yacyretá, firmada por los presidentes Santiago Peña de Paraguay y Javier Milei de Argentina, sea realmente favorable a los intereses de nuestro país.
Con el aparente fin de amañar las compras de patrulleras para el Ministerio del Interior y de pupitres para el de Educación y Ciencias, Itaipú Binacional modificó las respectivas especificaciones técnicas en sus licitaciones, escapando al control paraguayo de sus “gastos sociales”, como si se tratara de un Estado soberano que no debe rendir cuentas a nadie, aunque el tratado vigente diga que la responsabilidad civil y penal de los consejeros, entre otros, por actos opuestos a los intereses de la entidad binacional, será investigada y juzgada según las leyes de los países contratantes, es decir, de Paraguay y del Brasil. De hecho, pero no de Derecho, esa entidad binacional goza de extraterritorialidad, con el acuerdo tácito de la Contraloría General de la República, que podría auditar sus cuentas si así lo deseara, según Víctor Ríos, ministro de la CSJ. Tampoco la mayoría parlamentaria está dispuesta a poner coto al manejo discrecional de fondos públicos allí reinante.
Entre enero y mayo de 2025, el Estado paraguayo distribuyó un total de US$ 136,6 millones en concepto de recursos de royalties provenientes de las binacionales Itaipú y Yacyretá, de los cuales US$ 110,5 millones fueron transferencias de Itaipú y US$ 26,1 millones de Yacyretá. Esta suma fue canalizada equitativamente entre la Administración Central, los gobiernos municipales y departamentales, con US$ 68,3 millones asignados a cada uno, de acuerdo con datos dados a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).