Enriquecimiento ilicito

Un Tribunal de Apelación anuló la absolución del exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, en el proceso abierto por supuesto enriquecimiento ilícito. En consecuencia, el matrimonio afrontará un nuevo juicio, pero esta vez ante un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

El camarista José Agustín Fernández fue confirmado como miembro del Tribunal de Apelación Penal que debe estudiar la apelación presentada en contra de la absolución del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo. Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó auditar el expediente, atendiendo la excesiva demora para resolver el recurso planteado por la fiscalía, que pide un nuevo juicio oral para los acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por egresos no justificados de más G. 10.000 millones.

Para este lunes está programada la audiencia preliminar del exdirector de Gabinete de Nenecho Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, su esposa y otras acusadas por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo, la diligencia no podrá llevarse a cabo porque la defensa apeló la confirmación del juez e impugnó la ratificación de los fiscales del caso.

Para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, desde las 8:30, fue programada la audiencia preliminar del ex director de Finanzas y ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción Wilfrido Cáceres, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a su esposa y otras dos personas. El ex “mano derecha” de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la comuna no puede justificar ingresos por más de G. 7.000 millones, según la acusación fiscal.

El exdirector de Finanzas de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, su esposa y otras dos personas acusadas de supuesto enriquecimiento ilícito fueron convocados para la segunda semana de junio a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar. La Fiscalía pide al Juzgado de Garantías que eleve a juicio oral el caso, en el que se habrían desviado más de G. 7.700 millones de los fondos covid-19.