Un día como hoy, 30 de marzo, de hace siete años, medios de prensa de todo el mundo exponían las falsas promesas de Horacio Cartes, quien por un lado negaba querer la reelección y por otro la financiaba. La región esperaba un “golpe” y la sociedad seguía reaccionado a la primera “sesión mau” del Senado con escraches a senadores y movilizaciones en todo el país mientras la Iglesia repudiaba los intentos de revivir una dictadura.
El Ministerio Público nunca tuvo en cuenta el cruce de llamadas que reveló incesantes comunicaciones ya días antes del intento de enmienda constitucional forjada por el lugo-llanocartismo. En momentos clave, personas que nada tenían que ver con la cadena de mando mantuvieron conversaciones con jefes policiales incluso en el horario del ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.
La usurpación de funciones para imponer una modificación ilegal al reglamento interno y dos sesiones “mau” para aprobar la inconstitucional reelección presidencial, fueron la chispa que terminó con la explosión de la indignación ciudadana en marzo del 2017 en la enmienda de sangre.
El último gran golpe que sufrieron los padres del asesinado Rodrigo Quintana fue la intromisión de la abogada Ana Mora en el proceso judicial.
Se cumplen cuatro años de impunidad del asesinato del joven Rodrigo Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2017. La Fiscalía y la Justicia siguen evidenciando su sometimiento al poder político.
La aprobación secreta de la enmienda que buscaba forzar la posibilidad de reelección de Horacio Cartes y Fernando Lugo provocó la ira de la ciudadanía que decidió salir a las calles aquel 31 de marzo para oponerse al atropello institucional.