22 de febrero de 2026
Los cortes demostraron que nuestro sistema eléctrico no es confiable. Itaipú genera energía suficiente (por ahora), pero los sucesivos gobiernos no se preocuparon de asegurar que dicha energía llegue a destino. Itaipú originó también fondos para posibilitar tal seguridad, pero los mismos terminaron enriqueciendo a la ubicua clientela politiquera.

Los Decretos 5306/2026 y 5307/2026 del Poder Ejecutivo fijan en US$ 37 por MWh el precio de referencia de la energía por un plazo de quince años. Para sectores del establishment este valor sería la llave que permitirá al Paraguay convertirse en el hub energético del futuro, y dar un salto cuantitativo en su desarrollo.

Una década atrás, el aluvión de opiniones sobre los tratados de Itaipú y Yacyretá obligó a los editores del Suplemento Económico de ABC convertir las páginas 2 y 3 en un “espacio para el debate”. En principio, la inquietud que fogoneaba ese propósito era la renegociación del Tratado de Itaipú y, de esa manera, sumarnos a la lucha por la eliminación de las asimetrías que favorecen al Brasil en el aprovechamiento de sus beneficios. Hoy recobra intensidad el desafío de qué hacer con nuestra energía. Desde este andarivel planteamos que siga el debate y que sus conclusiones permitan a la ciudadanía enterarse de la conducta real de sus gobernantes en esas trincheras de defensa de los intereses nacionales.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad y la Unión de Ingenieros de la ANDE anunciaron que pedirán a la Contraloría General de la República que solicite informes sobre decretos del Poder Ejecutivo pensados para favorecer a grandes consumidores, disposiciones que – según advierten algunos sectores – ponen al país en riesgo de un eventual desabastecimiento de energía.

Las tarifas que el gobierno de Santiago Peña estableció con los decretos 5306 y 5307 el viernes 16 de este mes, son inferiores a las vigentes para las criptomineras en 14%, 21% y 32%, advierten técnicos del sector eléctrico de nuestro país. Añaden que el período de 15 años excede el horizonte de disponibilidad de nuestra energía en las binacionales y exponen al país al desabastecimiento.