27 de junio de 2025
ÑEMBY. Una nueva denuncia fue presentada esta mañana por la Contraloría Ciudadana en contra del intendente municipal de este distrito del departamento Central, Tomás Olmedo (ANR-HC), y contra otros dos exfuncionarios de la comuna, por el supuesto hecho de lesión de confianza y apropiación. Según la denuncia, el secretario de la dirección de comisiones vecinales, Luis Villalba, habría cobrado un cheque por valor de G. 214 millones, que fue emitido a nombre de una agrupación vecinal, en 2022. Villalba fue desvinculado de la administración y ostenta la compra de vehículos de lujo.
Pobladores del barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo llevan esperando 30 años el empedrado del acceso a la zona. En días de lluvia se inunda y se convierte en barrial, por lo que se vuelve intransitable para peatones y automovilistas. Una vez más piden que las autoridades atiendan la necesidad de camino de todo tiempo en ese sector del distrito.
El contrato de la construcción de 433 empedrados en varios puntos de la ciudad de San Lorenzo venció en abril de este año y solo el 50% del proyecto hasta la fecha fue cumplido. Desde el municipio justificaron que el incumplimiento por parte de las empresas es por falta de materiales y también por las condiciones del tiempo. Según denuncias en algunos barrios, los contratistas manifestaron que no recibieron los pagos por lo que los trabajos pararon.
La Itaipú Binacional ya desembolsó el 80% de los fondos a la Agencia de Desarrollo e Integración de la Región de Itaipú (Adiri), pese a que gran parte de las obras encaradas aún no concluyeron. La ONG recibió más de G. 18.165 millones de los 22.407 millones de guaraníes previstos en el acuerdo en un escaso periodo de 5 meses.
La Itaipú Binacional tuvo una llamativa celeridad para entregar G. 14.353 millones -casi US$ 2 millones- a la Asociación Nuevo Horizonte para la supuesta construcción de empedrados en localidades de la región Oriental. La entidad firmó el convenio 15 días después de recibir el pedido y luego de dos meses de que a los representantes de la ONG se les levantaran medidas judiciales.