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Tras denuncias de fraudes que se habrían cometido en agosto último en un concurso público de oposición para ejercer la docencia, el MEC sumarió a nueve funcionarios suyos y dispuso que los exámenes se repitan en diciembre en cuatro departamentos. En los venideros ya no participarán quienes habían sido “sorprendidos en flagrancia”, como aquellos que enviaron por WhatsApp imágenes de las hojas de prueba para obtener de los funcionarios las respuestas correctas, a cambio de un presunto soborno. Es plausible que el ministro Luis Ramírez haya dicho que las denuncias recibidas serán trasladadas al Ministerio Público y que la investigación abierta alcanza a varias oficinas del MEC. Pero esa decisión no va al fondo de esta grave cuestión. Lo que habría ocurrido muestra que el drama de la educación pública no solo tiene que ver con la ineptitud del común de los docentes, sino que la pésima calidad de la enseñanza se relaciona también con la corrupción y la politiquería reinantes en el área.

Pelo corto, saludos obligatorios y deméritos. Un nuevo código de disciplina comenzó a regir este lunes en las 5.100 escuelas públicas de El Salvador por orden de la nueva ministra militar de Educación del presidente Nayib Bukele. En Paraguay, los estudiantes ven difícil que se pueda hacer lo mismo.

Los ingresos laborales de la población ocupada de 15 años y más pone en evidencia dos determinantes clave de la realidad económica paraguaya: la educación y el sector productivo en el que se insertan los trabajadores. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 2022 y 2024, los ingresos mensuales promedio del país pasaron de G. 2.665.000 a G. 3.096.000, un aumento del 16,2%. Sin embargo, detrás de este crecimiento nominal aparecen importantes diferencias tanto por nivel educativo como por área de actividad.

Directores de 33 instituciones educativas de Ciudad del Este, junto al equipo de Reacción Paraguay, entregaron una nota a la intendenta interina, María Portillo. En el documento se solicita el desbloqueo urgente de inversiones en infraestructura escolar.

La Ley N° 2072/03 creó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para que evalúe y en su caso acredite la calidad académica de las entidades de educación superior que se someten a su examen y produzca informes técnicos sobre los requisitos académicos de las carreras y de las entidades de educación superior. Está bien que así sea, solo que la participación en los procesos de evaluación externa y acreditación es voluntaria, salvo para algunas carreras. Dado el carácter en general voluntario de los citados procesos, no sorprende que solo estén acreditadas 452 carreras de las más de cinco mil habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), es decir, por el organismo que dictamina sobre la creación de las universidades y los institutos superiores. Es mucho lo que está en juego en la educación terciaria, empezando por la vida.