Editorial

En vez de precautelar el buen uso del dinero de sus representados, los legisladores paraguayos se dedican a malgastarlo en beneficio propio, de sus parientes y de sus clientelas políticas. El Poder Legislativo se ha vuelto una máquina para exprimir a los contribuyentes, a costa de la salud y de la educación públicas, entre otros servicios plagados de carencias. El interés particular de sus bien remunerados miembros prima sobre el general, aunque traten de ocultarlo –en vano– mediante los habituales discursos demagógicos. Las nuevas revelaciones en torno a la ley presupuestaria vigente son un ejemplo más del empleo discrecional de fondos públicos en perjuicio de la población. La austeridad es necesaria, no solo durante una “economía de guerra”, como la que existiría hoy, porque el dinero de los contribuyentes se malversa y se derrocha a manos llenas. La “clase política”, por así llamarla, está convencida de que quienes ejercen una función pública pueden disponer del dinero de todos a su arbitrio. Y bien, el fisco no es –no debe ser– un botín que cae en manos de los vencedores de unas elecciones.

La maniobra que lideró Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) en el Senado no fue un desliz legislativo. Fue como un atraco calculado, a plena luz del día, contra el bolsillo de cada paraguayo. Bajo su presidencia, esa Cámara modificó la Ley de Presupuesto para autoasignarse, desde el 2025, un reparto discrecional de casi 18.000 millones de guaraníes en bonificaciones y sobresueldos. Sin control, sin rendición de cuentas. Eso significa que en un solo año, funcionarios de la Cámara Alta podrán embolsarse lo que para una familia paraguaya común representa años de esfuerzo y sacrificio. Y no fue casualidad. El martes pasado, cuando los diputados debían eliminar parte de los gastos escandalosos y superfluos, simplemente “no hubo quorum”: estaban almorzando.

En noviembre de 2023, el presidente Santiago Peña dijo que él le ha dado al transporte en general y al de pasajeros en particular “una altísima importancia”. Agregó que “estamos con una deuda enorme con el pueblo paraguayo en mejorar las condiciones del transporte público, aquí del Área Metropolitana, pero es una deuda que tenemos históricamente del Estado”. Habiendo pasado ya la mitad de su mandato, dicha obligación sigue incumplida, como lo revelan las reiteradas quejas de los usuarios, expuestos a los abusos de siempre, entre los que figuran las impunes “reguladas” chantajistas de los llamados empresarios del transporte. Esos han vuelto a la carga, planteando al Viceministerio del área la actualización inmediata de la tarifa promedio incorporando el precio actual del combustible, así como el reajuste del pasaje, trasladando un porcentaje del mismo a los pasajeros para descomprimir la caja del Ministerio de Economía y Finanzas.

El penoso testimonio del doctor Diego Gamarra, coordinador de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, refleja el dramático estado de la salud pública. Según dijo, en los últimos meses hubo allí una inédita reducción de la disponibilidad de insumos y medicamentos, debida a las trabas burocráticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que obligan a reprogramar procedimientos y retrasar cirugías. Es más: como a muchos profesionales se les adeudan salarios desde 2025, “lo que se está viviendo ahora (...) es mucho más duro que lo que se vivió en Gobiernos anteriores”, aunque también bajo ellos la sanidad haya sido “muy postergada”. El citado médico puso el dedo en la llaga al afirmar que “las carencias de salud están subsidiando el despilfarro en otras áreas del Estado”.

El aparato estatal paraguayo está profundamente infectado por la corrupción, la ineptitud, la negligencia y el derroche. Esta última lacra hace no solo que el Estado sea obeso, aparte de ineficiente: también engorda a su plantilla de elevado rango a través, por ejemplo, de los gastos de representación y las bonificaciones por responsabilidad en el cargo, previstas estas últimas en el Presupuesto nacional, desde 2018. Más allá de las dietas de los legisladores o de los salarios de los ministros y altos servidores públicos, hay ingresos mensuales en otros conceptos que abultan sus bolsillos, mientras el sueldo básico de una enfermera nombrada es de unos 4.320.000 guaraníes. Son muchos los ejemplos que podrían darse acerca del despilfarro en provecho de las altas esferas y en perjuicio de quienes sufren carencias dramáticas en el sistema sanitario, en la educación pública y en la vialidad, entre otros servicios, en particular.