Editorial

Por medio de sus redes sociales, el presidente Santiago Peña anunció la promulgación de la ley contra las ONG, conocida como la “Ley Garrote”, que busca perseguir y amedrentar a aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas contrarios a la agenda estatal o cuyos directores son considerados “enemigos del Gobierno”. En nada importó al presidente Peña las sendas recomendaciones de expertos en materia constitucional que ya avizoraban las graves violaciones de esta ley a derechos y libertades fundamentales; tampoco importaron las cartas remitidas por las Relatorías de organismos internacionales sobre los peligros que implica esta ley para la vigencia de derechos como la libertad de asociación, la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, entre otros. Se observa en ella un cúmulo perfecto de violaciones constitucionales, y viniendo de Santiago Peña no era de esperar una postura valiente en contra de las mismas; no obstante, no deja de causar decepción.

Aparte de instalar a su parentela en el Congreso, de otorgarse cupos de combustible y de trasladar a los contribuyentes el costo de un seguro médico o de un viaje de placer al extranjero, ganando 32 millones de guaraníes mensuales por trabajar muy poco, los legisladores paraguayos suelen exhibir la soberbia del mediocre que se cree superior al común de los mortales por el mero hecho de ocupar un cargo. Así, en los últimos meses se han conocido incidentes que involucraron a varios legisladores, por lo que ahora no sorprende que la aparente inconducta exhibida por la diputada Liz Cristina Acosta (ANR, cartista) cuando su camioneta polarizada, en la que viajaba con su hermana y el chofer, fue interceptada en Ciudad del Este por cuatro agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional que investigaban un homicidio. Los fueros no autorizan a desconocer la ley.

Una avería en la planta de tratamiento de Viñas Cue hizo que la estatal Essap prive de agua a decenas de miles de vecinos de Asunción y de municipios cercanos. Otra estatal, la Copaco, en 2023 perdió 174.848 millones de guaraníes y hasta junio de este año debía 833.000 millones de guaraníes. La INC no puede aumentar su producción con el clínker importado que monopoliza, con el resultante desabastecimiento del mercado. Petropar, que compite en el sector que ella misma regula, perdió 153.578 millones de guaraníes, por haber vendido gasoíl a un precio inferior al costo. Otro fiasco resulta Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), que no puede concretar ningún proyecto en su área. Y la ANDE, que irrita a los consumidores con los frecuentes cortes de energía apenas se produce un fenómeno atmosférico de cierta intensidad. El funcionamiento de las empresas estatales, signado por la corrupción, la indolencia, el derroche y la ineficiencia, es una carga para el Tesoro y para los contribuyentes, así como una traba para el desarrollo.

El emperador romano Justiniano I (483-527 d.C), conocido como “El Grande”, había acuñado el término latino “digesto”, que significa “distribuido en forma sistemática”, para referirse a una parte esencial del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo del Derecho Civil), que sería la base en la que se fundarían las legislaciones de todos los Estados modernos. Integrado por 50 libros escritos por eminentes juristas marcaría un hito trascendental en el derecho romano, del cual deriva nuestro derecho moderno; incluso sirvió como inspiración para el Código de Napoleón en 1804 que sería la base de nuestro actual Código Civil. Sin embargo, cuando el gobernante no tiene como objetivo buscar el bien común, los inquilinos del poder construyen una sistematización normativa a medida, de manera tal a blindarse jurídicamente en sus objetivos premeditados. Cuando el “Digesto” de normas se construye a medida de una casta selecta de privilegiados, es el pueblo quien paga las consecuencias.

Los senadores aprobarían mañana un proyecto de ley sobre la función pública y la carrera del servicio civil, cuya versión modificada fue presentada por el Poder Ejecutivo el último 16 de septiembre. El mismo excluye de sus normas a los Poderes Judicial y Legislativo, entre otros varios órganos, lo que significa que quienes allí presten servicios como funcionarios o contratados no se ceñirían por la nueva norma y se regirían por regulaciones especiales aún no concebidas. La iniciativa en cuestión deroga explícitamente la Ley N° 1626/00, de la Función Pública, de modo que el Congreso y las demás entidades, cuyas respectivas competencias regulatorias en materia de función pública son reconocidas en el proyecto, deberán reglamentar –a gusto y paladar, se podría decir– la ley que llegue a promulgarse. Tal como se ven las cosas, la tan traída y llevada reforma del Estado es una tomadura de pelo. A este paso, lo que se viene es una “legalización” disimulada, una luz verde para el clientelismo.