Editorial

Con un bagaje de esperanzas, arropado con centenares de promesas electorales de trabajo, salud, educación, y con el eslogan de “vamos a estar mejor”, Santiago Peña arribó al poder hace dos años apadrinado por Horacio Cartes. Tenía la pista lista para despegar después de la pandemia: Paraguay había sido felicitado por el FMI por ser uno de los países en la región que iba a tener una mayor recuperación económica. Tenía la mesa servida para el banquete de un Gobierno que cumpliera las promesas comprometidas en campaña del Partido Colorado, en representación de Honor Colorado. Pero aún con todos los vientos a favor que le dieron alas a sus aviones a lo largo de casi medio centenar de viajes por casi todos los continentes, Santiago Peña no ha logrado hacer aterrizar su “vamos a estar mejor” para todo el pueblo paraguayo. Las esperanzas, 730 días después, están cada día más desteñidas.

La inusual medida del Gobierno cartista de clausurar una cadena de minimercados tras recorrer cinco de ellos y encontrar supuestos productos vencidos y reetiquetados arriesga valores consagrados por la Constitución Nacional del Paraguay. Un país donde las reglas cambian a capricho del gobernante de turno, un escenario donde la ley deja de ser un escudo y se convierte en un garrote, como desde el martes lo están transmitiendo a todo el país, no puede inspirar confianza. Lamentablemente para todos los sectores involucrados, está en juego mucho más que las libertades económicas y la previsibilidad jurídica: están en juego las libertades de prensa y de expresión garantizadas por la Constitución Nacional. La prensa libre existe para vigilar al poder, no para rendirle pleitesía. Y por esa misión –innegociable, irrenunciable y amparada por la Constitución– ABC renueva y redobla su apuesta contra el silencio y a favor de la palabra. No cederemos ni ante presiones políticas ni ante aprietes económicos disfrazados de ley. NO NOS VAMOS A CALLAR.

“Estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide”. La frase se disparó ayer de boca de Sara Irún Sosa, ministra de la Sedeco, acompañada por Jorge Ilou, de Dinavisa, para anunciar un hecho sin precedentes: el cierre temporal de toda la cadena de minimercados Biggie, donde el grupo Zuccolillo –propietario del grupo ABC– es inversionista. La justificación oficial: en una docena de locales se hallaron supuestamente productos vencidos y reetiquetados. La consecuencia real: unos 263 minimercados cerrados en unas 31 ciudades en todo el país, más de 5.300 empleados con su sustento amenazado, y una importante red de proveedores y distribuidores en peligro. Pero que llegue hoy, como ayer y como siempre, un mensaje alto, claro, fuerte y firme: EN ABC COLOR, NO NOS VAMOS A CALLAR

La inauguración de los Juegos Panamericanos Junior fue, sin dudas, uno de los eventos deportivos más esperados en Paraguay. Con más de 4.000 atletas y el Defensores del Chaco repleto, un ambiente espléndido con un público mayoritariamente joven, algarabía general, un espectáculo de alto nivel y un despliegue tecnológico impresionante gracias al trabajo de miles de compatriotas. En su discurso inaugural, el titular de la Secretaría Nacional de Deportes, César “Tigre” Ramírez, mencionó al presidente Santiago Peña y otras autoridades nacionales, pero en vez de aplausos, desde las gradas llovieron estruendosos abucheos y silbidos. Esta demostración del repudio, del hartazgo y el descontento ciudadano fue la vuelta a la realidad, que necesitaba el Presidente para entender que no puede desprenderse, como cabeza de una nación, de las calamitosas actuaciones de sus correligionarios al mando del Congreso Nacional, Binacionales y principales instituciones de la República.

El cartismo se ha caracterizado no solo por promover proyectos de leyes que parecen van a contramano de los derechos que benefician a la ciudadanía, sino que también por apañar a las piezas más cuestionadas de la política. Esta actitud, que encuentra complicidad en una Justicia indiferente, sumisa y dependiente del poder político, deja en completa indefensión al pueblo paraguayo, que así, en vez de tener a sus representantes en el poder, da la impresión de que tiene a sus verdugos. Ese sector no se inmuta ante los escándalos de presunta corrupción que toman estado público, como en el caso de la senadora Noelia Cabrera (PLRA, cartista), o del intervenido intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). A este paso, puede pensarse que el cartismo no defiende a personas, sino una filosofía de corrupción.