Los incendios que han venido ocurriendo en diferentes puntos del país y que han tenido su punto álgido en el Chaco paraguayo, en donde persisten aún focos pequeños, han dejado tras de sí enormes pérdidas en recursos naturales. Uno de los coletazos de los siniestros ocurridos se ha sentido en la salud humana, ya que, de acuerdo a la opinión de los expertos, el humo de la combustión de cualquier tipo de material incinerado, entre ellos el de las quemas de biomasa, puede agravar dolencias diversas. Por supuesto, la fauna y la flora de las zonas afectadas han sido también gravemente afectadas. Los siniestros han sido dominados gracias a un gran esfuerzo combinado de institucionales nacionales, las fuerzas armadas, los cuerpos de bomberos, personal de blanco y pobladores, empeño que se vió beneficiado con oportunas lluvias. Esas acciones deben ser apoyados por todo el país.
Los gravísimos y persistentes problemas del Instituto de Previsión Social (IPS) no se limitan a los administrativo-financieros, como los reflejados en las licitaciones públicas amañadas, en las cuantiosas deudas con las firmas farmacéuticas, en la angustiante falta de insumos, de medicamentos y de equipos o en la obtención de turnos para que los pacientes sean atendidos. Aparte de la tradicional corruptela y del derroche, también la ineptitud y la negligencia juegan un gran papel en la deplorable gestión sanitaria que afecta a diario a los asegurados, ante el ominoso silencio de sus representantes en el inoperante –por no decir cómplice– Consejo de Administración. En los últimos días se conocieron denuncias sobre un bebé al que una enfermera le inyectó leche en las venas, y sobre el mal estado de los alimentos servidos a los pacientes.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, está “socializando” un vasto plan de reforma (“El bus que viene”) que apuntaría a reducir el tiempo de espera y de viaje, así como el costo del pasaje, y a garantizar traslados seguros durante todo el día. El proyecto de ley respectivo iba a ser presentado en julio, pero ahora se anuncia que habrá que esperar hasta inicios de octubre, a lo que debe sumarse el tratamiento parlamentario, de modo que, dadas la tradicional parsimonia estatal y la resistencia de los intereses creados, es probable que ni siquiera se pueda esperar que esté en plena ejecución dentro de cuatro años, como se dijo hace una semana. Ojalá nos equivoquemos, pero en estas condiciones es muy dudoso que el presidente Santiago Peña cumpla su deseo expresado en mayo, de abandonar el cargo dejando –”con o sin los empresarios nucleados en Cetrapam”– un sistema de transporte que sea “mucho mejor” que el actual.
Suele ocurrir, por ejemplo, que se inaugure una clínica pública antes de ser equipada, pero el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), ha ido más lejos: sin temor al ridículo, hace tres meses inauguró con toda solemnidad, en presencia del presidente Santiago Peña, el aún inconcluso desagüe pluvial Molas López, que debió estar listo ya ¡¡¡en noviembre de 2022!!!, al cabo de un año de darse la palada inicial. Ya se hizo al menos una parte del trabajo, a ser financiado con los bonos emitidos en 2021 para construir obras de infraestructura. En cambio, otras doce, correspondientes a la emisión de bonos entre 2020 y 2022, ni siquiera han sido iniciadas, según lo admitió en junio pasado el propio intendente. Pero estas “desprolijidades” no tienen ninguna importancia, porque una mayoría de concejales cartistas y sus satélites impidieron nuevamente ayer la intervención de la Municipalidad.
El 7 de agosto, el Congreso creó una transitoria Comisión Conjunta de Investigación sobre “hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos” (CCI), integrada, entre otros, por algunos cuestionados legisladores. En realidad, lo que al parecer se busca es amedrentar a este diario y cohibir las actividades de ciertas organizaciones sin fines de lucro que, por razones políticas, no cuentan con la simpatía gubernamental. Pues bien, el destino de muchos paraguayos está en manos de estos modernos “garroteros”, que con los efectos de sus acciones no tienen nada que envidiar a los que encabezaba el “moderador” de la Chacarita, el tristemente célebre Ramón Aquino, hoy fallecido. El Congreso carece de autoridad moral para examinar la conducta de nadie, debido a la notoria inconducta de muchos de sus miembros. En todo caso, una CCI debería empezar por investigar en el propio Palacio Legislativo.
En más de un sentido, los legisladores paraguayos son ciudadanos de primera, pues el común de sus compatriotas está bien lejos de gozar de sus diversas prerrogativas. Se comprende que tengan la inmunidad que impide detenerlos, salvo que sean hallados en flagrante delito que merezca pena de prisión, aunque tiendan a convertirla de hecho en impunidad, mediante el uso indebido de influencias en el Ministerio Público y en la judicatura, y también tienen por costumbre instalar ilegalmente a sus allegados en un cargo público. La cuestión es que sus privilegios van mucho más allá de los fueros. Pero el buen pasar de nuestros legisladores, cuyas decisiones legislativas muchas veces tienden más a beneficiar a sus allegados y a sí mismos, no termina para ellos una vez que se ven obligados a dejar sus bancas. En efecto, se han adjudicado una envidiable jubilación de privilegio, tanto ordinaria como extraordinaria, que vulnera el principio de igualdad ante las leyes.