Editorial

El 25 de septiembre de 2025, el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, dijo ante la Comisión Bicameral de Presupuesto que “ya se terminó la paciencia” con la firma catarí Doha Holding Group y que, por ende, no se le daría un nuevo plazo para cumplir un contrato de provisión de cien mil toneladas métricas de gasoíl por valor de 61 millones de dólares, a un precio muy inferior al de la cotización internacional, celebrado el 30 de septiembre de 2024. Como la paciencia se habría agotado, el acuerdo iba a ser rescindido, según el mentiroso funcionario. La octava prórroga, vigente cuando se colmó la paciencia, venció el 31 de octubre del mismo año, pero el 5 de noviembre, la empresa ligada a Alejandro Domínguez Pérez y sin experiencia alguna en la comercialización del carburante, fue beneficiada con una nueva prórroga, que caducó el último 28 de febrero. Pero la paciencia con la privilegiada empresa continuó, pese a la urgencia alegada para suscribir una contratación directa, pues se le otorgó ¡¡¡la décima prórroga!!!

Ayer se inició formalmente el periodo de propaganda electoral de cara a los comicios internos simultáneos de las diferentes organizaciones políticas que el 7 de junio definirán las candidaturas que competirán en las elecciones municipales del 4 de octubre. Como es habitual, dicho periodo ya se inició de hecho mucho antes, a través de afiches, pasacalles y pintatas en las vías públicas, pese a que el Código Electoral sanciona la propaganda fuera del plazo fijado para los comicios internos. En adelante, pues, se asistirá más bien a una intensificación de la oferta “callejera” de candidatos, sobre todo en los llamados partidos tradicionales. Se invierte mucho dinero para presentar a los candidatos con un rostro amable, sonriente, luego de haber pasado por una cuidadosa edición de photoshop, pero que no pocas veces oculta un pasado vergonzoso y/o una ignorancia supina. El electorado ya no debe dejarse engañar por las apariencias.

El precandidato a intendente de Santa Elena, Saúl López (ANR, abdista), reveló que varios trabajadores fueron desligados sin explicación alguna del Programa “Hambre Cero”, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y las Gobernaciones, con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar. Según el denunciante, el motivo habría sido que los excluidos no son adherentes del cartismo. Arbitrariedades similares, relacionadas con las elecciones internas previas a las municipales del próximo 4 de octubre, salieron a la luz en al menos otras siete localidades de la región Oriental, siendo de temer que los casos silenciados sean mucho más numerosos. El presidente de la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar, Víctor Mendoza, no tuvo reparos en admitir que sus miembros reciben presiones políticas a la hora de contratar personal. Así como fue de miserables lucrar con el dolor ajeno mediante negociados, como ocurrió en época de la pandemia, también lo es hacerlo con la alimentación de los alumnos. Es de rigor pedir castigo para los responsables de tan indignante proceder.

Este martes prosiguen en el Senado las reuniones técnicas con sectores relacionados con la reforma de la Caja Fiscal, cuyo tratamiento en plenaria está previsto para el 25 de marzo. Entretanto, dirigentes de los principales gremios docentes impulsan la recolección de firmas digitales para la presentación de un proyecto de ley que elimina la jubilación vip de los parlamentarios. La iniciativa es legítima porque la Constitución Nacional consagra la igualdad ante la ley y no es admisible la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. Pero, con el mismo criterio, deben eliminarse todas las jubilaciones de privilegio, incluidas las de los propios docentes y otros segmentos de la administración pública, porque no es justo que el 90% de la población financie con su dinero beneficios extraordinarios que no están al alcance de la enorme mayoría. Son los ciudadanos comunes y corrientes los que deberían recolectar firmas para que no les sigan metiendo abusivamente la mano en el bolsillo.

En la última década, el subsidio al transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción tuvo un aumento de 1.846%, pasando de 20.707 millones de guaraníes en 2015 a 402.980 millones el año pasado. Esa prestación es financiada por los contribuyentes de todo el país, no solamente por los de Asunción, es decir, también por quienes, en su inmensa mayoría, no se ven forzados a desplazarse en buses maltrechos ni a soportar “reguladas” periódicas. Gracias al dinero público, quienes deben soportar esas molestias pagan una tarifa de 2.300 guaraníes y una de 3.400, en los buses convencionales y con aire acondicionado, respectivamente. Según datos oficiales, si la subvención no existiera, el costo del pasaje llegaría hoy a 4.704 guaraníes en el primer caso y a 6.041 en el segundo, pero este problema de los asuncenos no debería trasladarse sobre los hombros de quienes ni siquiera tienen transporte público en sus localidades.