Editorial

Por si algo faltaba para entender lo que significa Itaipú para los colorados, y en especial para el opulento clan Zacarías Irún de Ciudad del Este, un sincericidio de la diputada Rocío Abed (ANR, cartista, líder de su bancada), y esposa de Justo Zacarías Irún, director paraguayo de la entidad binacional de marras, arrojó un baño de claridad sobre la cuestión. Tras las elecciones ganadas por el nuevo intendente municipal de Ciudad del Este, y en medio de la repartija de culpas y culpables, luego de la contundente derrota del candidato cartista, el exgobernador Roberto González Vaesken, y cuando la mayoría de los dedos apuntaban a los Zacarías Irún como los principales responsables, la mencionada diputada declaró que Itaipú es “un botín” y que “hay muchos interesados en ese botín”. Una de las definiciones de “botín” expresa: “Conjunto de dinero u otros bienes que se obtiene de un robo o atraco”. Según la manera en que lo dijo la legisladora cartista, los “muchos interesados” en Itaipú estarían detrás de algo similar.

Desde hace largos años, el Instituto de Previsión Social (IPS) está signado por la corrupción, el derroche y la ineptitud, razones por las que los asegurados y sus familiares sufren penurias sin cuento. Los sucesivos Gobiernos no pueden o no quieren sanearlo. En realidad, deberían intentar al menos reanimarlo, dado que ya parecería un “cadáver”, tal como lo calificó su exgerente Carlos Morínigo, poco antes de ser destituido con ignominia el año pasado. En la putrefacta entidad, cuyo Consejo de Administración está presidido por Jorge Magno Brítez, se descubrió en 2024 que se había llegado incluso a vender cargos a miles de incautos, razón por la cual serán juzgados veinte presuntos estafadores, en su gran mayoría exfuncionarios del IPS. En verdad, se trata de un caso excepcional, pues no abundan las pesquisas tan siquiera abiertas por las diversas fechorías cometidas tradicionalmente.

Uno de los aspectos observados en las elecciones del domingo en Ciudad del Este, con una contundente derrota del gobernante Partido Colorado, fue el repudio de la gente hacia los integrantes del clan Zacarías Irún. Precisamente, el diputado colorado “Añetete” Roberto González sostuvo sobre la presunta influencia negativa de dicho clan que “algunos liderazgos caducaron” y que no se puede seguir apelando a la vieja práctica del clientelismo político para captar los “votos cautivos”. Agregó que los colorados “pagaron años de hipocresía, deshonestidad y corrupción”. Es de desear que esa misma fuerza soberana expresada en el Este se traslade a todas las ciudades del país, para que cada elector sepa que el poder soberano lo tiene el pueblo paraguayo, y que a través del voto consciente, útil y responsable, se pueden volver a encender todas las luces y arrojar a los corruptos donde se merecen.

El Gobierno de Santiago Peña había acusado a su antecesor de esconder bajo la alfombra deudas con proveedores y contratistas del Estado con el fin de maquillar el déficit fiscal y hacerlo aparecer menor del que realmente era. Con ese argumento, solicitó al Congreso una fuerte ampliación del Presupuesto 2023, con un endeudamiento extra de 600 millones de dólares ese mismo año, supuestamente para ponerse al día, y una recalendarización del cronograma de convergencia del déficit, para “patear” a 2026 el retorno al tope legal del 1,5% del PIB. Dos años después, no estamos en la misma, sino peor. Ahora no se deben 600, sino 1.000 millones de dólares a proveedores y contratistas, con varios agravantes.

La aparente agenda de secretismo del Gobierno actual que desde el primer día asomaba sus narices con la mutilación de la Ley de conflicto de intereses, ayer mostró los colmillos con la sanción en la Cámara de Senadores de la “Ley de Protección de Datos Personales” que ahora pasa a manos del presidente Santiago Peña para que ponga las cosas en su lugar o termine de bajar el telón a la transparencia en la obtención de información de interés público. Esta ley, si bien en su versión original fue un proyecto trabajado por organizaciones de la sociedad civil buscando evitar arbitrariedades en el manejo de información sensible por parte de empresas privadas o entes estatales, luego se convirtió en el caballo de Troya de los enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas para limitar a la ciudadanía en la obtención de datos de interés público.