Editorial

El último jueves se registraron al menos dos grandes incendios forestales que vuelven a llamar la atención acerca de un fenómeno reiterado, no siempre atribuible a causas naturales, sino también -y sobre todo- a la imprudencia humana, por decir lo menos. Los considerables daños económicos y medioambientales resultantes exigen que los organismos competentes apliquen la ley para prevenir tales siniestros y sancionar a los responsables. El desatado en un campo vecino a la localidad de Río Verde, situada en el departamento de Presidente Hayes, causó una gran humareda que afectó a varios municipios del Bajo Chaco e incluso a la capital del país y a territorio argentino. El daño que causan los incendios forestales no es despreciable, ni mucho menos. La vida y los bienes de las personas, así como la fauna silvestre, deben ser protegidos contra la ignorancia y la impunidad, aún vigentes.

En pleno receso parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción a sendos proyectos de ley, que apuntan a reformar las Cajas Fiscal y Parlamentaria, aunque las respectivas leyes a ser eventualmente promulgadas regirán recién desde el próximo año. La necesidad de reformar el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público es innegable. Tal como están las cosas, la Caja Fiscal es simplemente insostenible. Por su parte, probablemente debido al generalizado repudio ciudadano, la Cámara Baja se vió obligada a ser menos generosa consigo misma que el Poder Ejecutivo, al disponer en el proyecto aprobado que “está expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado, en cualquiera de sus formas, al patrimonio en cuestión”. Pero esta disposición no tiene rango constitucional, de modo que podrá ser modificada en todo momento, incluso a través de la próxima ley presupuestaria.

Hubo una reunión entre senadores, diputados y administradores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo y quedó claro que, salvo excepciones muy puntuales, no existe voluntad en ninguna de las corrientes políticas de desprenderse de privilegios. Por todos los medios intentaron justificar lo injustificable, falsamente afirmaron que la caja “goza de buena salud” y coincidieron en la burda excusa de tomarse tiempo para hacer una reforma supuestamente integral cuando, a lo sumo, solo se muestran dispuestos a consentir pequeños retoques sin cambiar lo principal. Es fundamental e imperioso eliminar los privilegios de la Caja Parlamentaria y equiparar sus beneficios a los de todo el resto de la población porque los congresistas no pueden pretender legislar sobre las jubilaciones de los demás funcionarios públicos sin empezar por casa. Si no lo hacen, el crucial proyecto de reforma de la Caja Fiscal va rumbo al fracaso.

Una foto reciente, que muestra a un hombre y a una mujer durmiendo en el piso del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), hasta que les llegue el turno de ser atendidos, ilustra el trato humillante que sufren los asegurados, porque “no hay turno, no hay disponibilidad, no hay médicos”, según les dicen. Entre otras carencias, también faltan medicamentos, camas de terapia intensiva y equipos que funcionen, sin que se inmuten el presidente de la entidad Jorge Brítez ni los miembros del Consejo de Administración. Estos señores -muy bien remunerados- no dan la cara, como si no tuvieran que dar explicaciones por las “muertes evitables” ni por los desembolsos adicionales que las víctimas del maltrato deben realizar para suplir las terribles carencias del IPS. Se diría que les resulta indiferente el drama cotidiano de los asegurados, quizá porque ninguno de ellos ni sus familiares se ven forzados a recurrir a los servicios de la entidad que tan mal administran.

Como cada año, cuando febrero toca la puerta, trae consigo una valija de historia y recuerdos, y la noche que rompió cadenas y encendió esperanzas vuelve a ser protagonista. Hace treinta y siete años, en la madrugada del 2 y el 3 de febrero de 1989, el país se encontraba en camino de de una transformación profunda y a punto de abrazar la añorada democracia. Lo que ocurrió en esas horas tensas no fue solo un golpe militar, sino una ruptura decisiva en el alma de la nación, el fin de la dictadura más longeva de América Latina, aunque hoy en día muchos quieres disfrazar al dictador de “presidente constitucional”. Esta barbaridad es reivindicada hoy hasta por algunos personajes del propio Gobierno.