28 de octubre de 2025
Si hay algo en lo que se ha destacado el Gobierno actual, es en su temor a la transparencia. El ataque a medios de comunicación críticos, organizaciones de la sociedad civil que exigen rendición de cuentas de las autoridades y la promulgación de leyes “garrote” ha sido la constante. El próximo paso apunta a enterrar el proyecto de ley de “Protección de datos personales” a través de la modificación de un artículo neurálgico para su vigencia, el artículo 24 que, luego de ser ultrajado por las destructivas manos parlamentarias, establece excepciones para denegar el acceso a información pública “cuando el daño a la protección de datos sea mayor al interés público”. Esta disposición, en caso de ser sancionada, dará completa discrecionalidad a quienes deben proveer información a la ciudadanía, puesto que basta con alegar que la información que se solicita podría ocasionar un daño a la intimidad para que ella sea negada, y así cerrar las puertas a la transparencia y a la libre formación de la opinión pública.
Han salido a luz los resultados preliminares del último Estudio del Cálculo Actuarial del Instituto de Previsión Social con estimaciones que, aunque desafortunadamente esperables, deben encender las máximas alarmas en toda la sociedad, desde los gobernantes y la clase política hasta el último trabajador. Si no se corrigen las tendencias en el corto plazo, siendo optimistas, antes de mitad de siglo, dentro de 25 años a lo sumo, las reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones estarán completamente agotadas. Si no se toman medidas drásticas y urgentes, los plazos se acortarán aún más. Dejar todo como está sería no solo una tremenda irresponsabilidad, sino una estafa para los que hoy están aportando sin garantías de una futura jubilación.
Un desempeño agropecuario mejor que el esperado, un aumento del consumo interno, debido en buena medida a la estabilización en Argentina, lo que provoca precios domésticos más competitivos en relación con el país limítrofe, un ajuste global del dólar que alivia tensiones macroeconómicas y aligera el peso del endeudamiento público, todo lo cual estimula la confianza de los inversores y el ambiente de negocios, son algunos factores que hacen que la economía paraguaya esté experimentando un ciclo de alto crecimiento, con tasas mensuales cercanas al 6% y una proyección de alrededor del 5% para el año, superior a la estimada. Es el momento de aprovechar y concretar las postergadas reformas estructurales. El presidente Santiago Peña se ha demorado mucho para avanzar en las mismas, pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Se le presenta una gran oportunidad. Depende de él.
La transparencia y la honestidad son de vital importancia en la administración pública, aunque así no lo crean los legisladores cartistas que, con la complicidad del Mitic, acabaron desvirtuando, sobre todo en la Cámara Baja, un bien intencionado proyecto de ley sobre la “protección de datos personales”, concebido en 2020 por organizaciones civiles. Se diría que, de hecho, el oficialismo se ha arrepentido de que Horacio Cartes haya tenido el acierto de promulgar en 2014 la ley que obliga a dar “informaciones en el uso de recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público” y la que dispone el “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Como advierte la diputada Rocío Vallejo (PPQ), el engendro aprobado por la mayoría de sus colegas podría convertir en agua de borrajas las leyes relativas a los conflictos de intereses en la función pública y a las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes la ejercen.
El senador Basilio Núñez (ANR, cartista), presidente del Congreso, no cree que los periodistas paraguayos estén desprotegidos, porque habría instituciones encargadas de velar por su seguridad. Y bien, lo cierto es que, desde 1991 hasta hoy, el ejercicio de su labor ha costado la vida a veintiuno de ellos, en tanto que se registraron más de seiscientas agresiones y amenazas en su contra; el pedrojuanino Humberto Coronel fue ultimado en 2022, tras haber recibido una amenaza de muerte que fue denunciada, según recordó Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. En efecto, la historia de las últimas décadas muestra que en este país el periodismo es una profesión de alto riesgo, como lo han vuelto a demostrar los tres recientes atentados cometidos en Lambaré, contra las viviendas de tres hombres de prensa. Lo que se buscaría es dificultar que la población exprese sus denuncias o reclamos a través de la prensa.
La ejecución del ambicioso programa Hambre Cero, iniciado en 2024 y del que tanto se precia el Gobierno, al punto de ser considerado su “programa estrella”, sigue exhibiendo serias irregularidades, ya constatadas por la Contraloría General de la República en abril de este año, tras haber inspeccionado 300 centros educativos. Esta vez, a los pocos días de que escuelas y colegios capitalinos hayan recibido bananas no aptas para el consumo, sindicatos de docentes y de directores denunciaron una fuerte reducción de las raciones alimenticias proveídas en todo el país, bajo la modalidad “Cocinando en la escuela”. Valga como ejemplo que a instituciones que recibían 200 platos, solo estarían llegando 160, sin que se inmuten las gobernaciones ni el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo de Tadeo Rojas. De esta manera, el programa Hambre Cero está resultando una costosa chambonada.