31 de octubre de 2025
Mientras la población sufre el azote cotidiano de la violencia criminal, el ministro del Interior, Enrique Riera, encargado de la seguridad interna, da parte de enfermo o asiste a algún mitin. Al parecer, en su agenda apenas figura la golpeada capital del Amambay: en la víspera de una reciente “marcha por la paz y la seguridad” realizada por los pedrojuaninos tras unos días sangrientos que causaron cinco víctimas mortales, el intendente Ronald Acevedo (PLRA) dijo que el año pasado el ministro estuvo allí solo durante media hora y que los mafiosos tienen “comprados” a muchos oficiales de Policía. Allí abundan los casos de sicariato. En lo que respecta a la violencia, los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú no le van en zaga al de Amambay. El Gobierno debe entender que en materia de seguridad el Paraguay está lejos de “estar mejor”. Está cada vez peor.
Aunque sea una perogrullada, no está de más subrayar que la democracia requiere de organizaciones políticas fuertes, dotadas de un ideario-programa que esboce lo que harían desde el Gobierno. Así como están las cosas en este país, beneficiado por su simbiosis con el Estado, el único partido más o menos sólido, pese a sus conflictos internos, es el que impera desde el 13 de enero de 1947, con el breve paréntesis de 2008-2013. De hecho, el tradicional bipartidismo paraguayo está en vías de extinción, considerando la marcada decadencia que, en más de un sentido, arrastra el PLRA desde hace ya mucho tiempo. Muchos de sus dirigentes nacionales no descuellan por sus luces ni por su honestidad, dos atributos que distinguieron a sus próceres de otrora. El común de sus 31 congresistas de hoy está muy lejos de representar al pueblo con altura, en tanto que ninguno de sus dos gobernadores y ochenta intendentes descuella por su gestión gubernativa.
Una finca productora de cebollas de Boquerón, Chaco, fue intervenida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otras instituciones, con la incautación del producto por supuesto contrabando. Luego de los trámites de rigor, la institución tributaria y el Senave expresaron en un comunicado que en la finca “se ofrecían productos sin respaldo documental (factura) y se utilizaban documentos emitidos a nombre de terceros, lo que imposibilita garantizar la trazabilidad de la mercadería…”. Contrasta esta posición con la del titular de la DNIT, Óscar Orué, que cuando se le consultó que la primera dama, Leticia Ocampos, habría pedido que la factura por una millonaria compra en efectivo sea emitida a nombre de un tercero, respondió textualmente: “Para nosotros esto no es relevante en el ámbito financiero”. El contraste de la posición con respecto a la compra de la primera dama y la operación realizada por el productor chaqueño es tan evidente.
Como lo constató la intervención de la Municipalidad, el calamitoso desempeño del exintendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez fue mucho más allá del desvío de unos 500.000 millones de guaraníes, que está siendo objeto de una pesquisa del Ministerio Público. El presunto responsable mayor ya fue acusado, junto con otras personas, por el delito de lesión de confianza en el caso de los “detergentes de oro”, que causó un daño patrimonial de unos 1.800 millones de guaraníes, ya reconocido por algunos de los acusados. A ello se suma la denuncia penal que formuló el exinterventor Carlos Pereira por alteración de datos del sistema catastral, acceso indebido a sistemas informáticos, operaciones fraudulentas, lesión de confianza y evasión de impuestos, lo cual ocasionó hace unos días que fueran allanadas las oficinas de la Dirección de Recaudaciones, entre otros hechos que siguen saliendo a la luz.
Han salido a luz los resultados preliminares del último Estudio del Cálculo Actuarial del Instituto de Previsión Social con estimaciones que, aunque desafortunadamente esperables, deben encender las máximas alarmas en toda la sociedad, desde los gobernantes y la clase política hasta el último trabajador. Si no se corrigen las tendencias en el corto plazo, siendo optimistas, antes de mitad de siglo, dentro de 25 años a lo sumo, las reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones estarán completamente agotadas. Si no se toman medidas drásticas y urgentes, los plazos se acortarán aún más. Dejar todo como está sería no solo una tremenda irresponsabilidad, sino una estafa para los que hoy están aportando sin garantías de una futura jubilación.
Un desempeño agropecuario mejor que el esperado, un aumento del consumo interno, debido en buena medida a la estabilización en Argentina, lo que provoca precios domésticos más competitivos en relación con el país limítrofe, un ajuste global del dólar que alivia tensiones macroeconómicas y aligera el peso del endeudamiento público, todo lo cual estimula la confianza de los inversores y el ambiente de negocios, son algunos factores que hacen que la economía paraguaya esté experimentando un ciclo de alto crecimiento, con tasas mensuales cercanas al 6% y una proyección de alrededor del 5% para el año, superior a la estimada. Es el momento de aprovechar y concretar las postergadas reformas estructurales. El presidente Santiago Peña se ha demorado mucho para avanzar en las mismas, pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Se le presenta una gran oportunidad. Depende de él.