Editorial

En Canindeyú, la “Operación Umbral”, coordinada entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y la Tercera División de Caballería (3DC), condujo a la captura de cuatro narcotraficantes y a la muerte de uno de ellos, así como a la incautación de tres grandes camiones, 14 camionetas y dos automóviles, todos ellos cargados con 89 toneladas de marihuana prensada, en total. Como se trata de una cifra récord, la intervención debe calificarse de muy fructífera, siendo de lamentar que el mérito no pueda ser compartido con la Policía Nacional y no solo porque estuvo ausente. En efecto, pesa sobre esta última institución la grave acusación del jefe de la Senad, Jalil Rachid, de que la enorme caravana delincuencial interceptada había pasado ante al menos once comisarías, a lo largo de unos 120 kilómetros, sin que ningún agente lo haya advertido, o no lo haya querido advertir, porque según el jefe antidrogas, “estaba todo liberado el camino”. ¡Gravísimo!

No es de extrañar que, en el novenario en honor a la Virgen de Caacupé, el obispo de la diócesis de Villarrica, monseñor Miguel Ángel Cabello, se haya ocupado ayer amplia y rigurosamente del calamitoso estado de la salud pública, porque es una de las preocupaciones fundamentales de gran parte de la población, especialmente de la más necesitada. Se trata de una situación intolerable, causada por la corrupción, el derroche, la ineptitud y la indiferencia de las autoridades competentes. “Los mismos profesionales de la salud se quejan, se sienten decepcionados e impotentes al no poder dar respuestas a los pacientes que se acercan con esperanza de curación a las instituciones públicas de salud”, sostuvo. Y agregó que “...solemos escuchar que existen negociados en estos ámbitos”, sobre lo que lamentó que “enriquecerse aprovechándose de las necesidades de la gente, como la salud, es no solamente injusto, sino cruel, criminal, abominable”.

En una de las homilías del novenario de la Virgen de Caacupé, monseñor Miguel Fritz se refirió a la lacerante realidad de miseria, injusticia y discriminación que sufren muchos, probablemente la mayoría, de nuestros compatriotas indígenas. Como obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, monseñor Fritz conoce esa realidad de primera mano. No obstante, con todo respeto, hay algo en lo que se equivoca. No es cierto que el Estado paraguayo no disponga de suficiente presupuesto para asistir a quienes más lo necesitan. Lo que ocurre es que existe una gigantesca repartija del dinero de los contribuyentes. El censo nacional de 2022 identificó a un total de 140.206 indígenas en el país. No todos están en situación de pobreza extrema, pero, si así fuera, se necesitarían 86 millones de dólares anuales para sacarlos de esa condición. ¿Parece mucho? Solamente tres programas de subsidios públicos para “combate a la pobreza” (Adultos Mayores, Tekoporã y Hambre Cero) se llevaron 870 millones de dólares en 2025 y se están previendo fuertes aumentos en el Presupuesto 2026. ¿Dónde están los resultados?

La salud pública en nuestro país es uno de los sectores que sufren de las mayores carencias, con un elevado porcentaje de la población que casi no tiene acceso a una práctica medicinal adecuada y a medicamentos para atender sus necesidades. Es por eso muy llamativo que periódicamente se publiquen noticias de multimillonarios desperdicios de medicamentos que no fueron usados en tiempo oportuno, o de costosas maquinas que no fueron utilizadas para los fines para los que fueron adquiridas. Ahora, una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República (CGR) constató una pérdida de 2.207.084.100 guaraníes, causada por el vencimiento de insumos y de fármacos oncológicos y respiratorios en los depósitos del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Los medicamentos y parte de los insumos fueron donados por el MSPBS, es decir, por el mismo órgano responsable del desabastecimiento de los hospitales y de los centros de salud públicos.

Desde hace tiempo era “secreto a voces” que la bancada de Honor Colorado junto con los liberocartistas, tránsfugas y aliados obedecían un mismo libreto, lo cual hace unos días quedó confirmado con las expresiones públicas del senador Carlos Núñez (ANR, ?), quien recientemente decidió “saltar del barco” y formar un “bloque colorado”. En entrevista con ABC, el citado senador mencionó indignado: “ya no vamos a estar levantando la mano y cumpliendo órdenes del Ejecutivo” y aseguró que para el mes de marzo podrían llegar a ser nueve los senadores que abandonarían el cartismo. Pareciera que el artículo 201 de la Constitución Nacional es poco menos que letra muerta en un papel olvidado, ya que expresa con claridad la prohibición de los mandatos imperativos para los senadores y diputados.