27 de marzo de 2025
Sin inmutarse ante los fuertes indicios de que Itaipú Binacional amañó una licitación en pro de un empresario ligado al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, munido de dos cédulas de identidad discordantes, el Gobierno empezó a distribuir una parte de los 330.000 muebles escolares de origen chino, al parecer tremendamente sobrefacturados, como tratando de generar un hecho consumado. Se jacta de que se trata de la inversión en mobiliario “más grande de los últimos años”, cuando que, en realidad, debe figurar entre los mayores escándalos en materia de contrataciones. Es indignante valerse de las necesidades educativas como pantalla para desviar supuestamente el dinero público hacia bolsillos particulares y afirmar luego, como lo hizo el presidente Santiago Peña, que “los niños más humildes del Paraguay están recibiendo el mejor mobiliario que existe en el país y en el mundo”. En verdad, lo que están recibiendo aparenta ser, más bien, el fruto podrido de una corruptela mayúscula.
El escándalo generado por la licitación pública realizada por Itaipú para la compra de muebles escolares no inquieta al Gobierno, porque el misterioso ganador chino o paraguayo, llamado Long Jiang o Aaron Bruno Jiang, de 54 o 46 años de edad, está vinculado con las altas esferas y en particular con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien afirma con descaro que el dueño de los aviones que usó más de una vez en campañas electorales ganó con todas las de la ley, pese a las evidencias en contrario. La grosera manipulación perpetrada también contra la industria nacional comprendia aparentemente las corruptelas habituales en la materia, como la adecuación del pliego de bases y condiciones a las conveniencias de un interesado que recibe información privilegiada y el aumento del costo probablemente para retribuir el servicio prestado por la entidad convocante. Este repugnante caso tiene un fuerte contenido político, dado que el cartismo trata de justificar a toda costa esto que parece un amaño, dando la impresión de que sus líderes tienen un interés personal directo.
En un reciente editorial decíamos que los grandes decomisos de drogas de los que suelen vanagloriarse las autoridades implican más bien algo que debería preocuparles, pues a cada carga que se incauta pronto le sucede otra mayor, lo que indica que el narcotráfico está floreciente en nuestro país pese a los esporádicos golpes que sufre. Señalábamos también que una situación semejante solo puede significar la participación de elementos de los propios organismos de control. Pues bien, un nuevo escándalo ocurrido en los últimos días en Canindeyú parece confirmar la podredumbre existente en la materia. Antes de la incineración de una carga de más de 14.000 kg de marihuana decomisada y que estaban en los depósitos de la Senad de Saltos del Guairá, la jueza interviniente ordenó un nuevo pesaje, constatándose que faltaban 700 kilos de la droga. Al parecer no es habitual que las cargas decomisadas sean vueltas a pesar antes de su incineración, lo que invita a pensar que anteriormente pudieron haber también faltantes que pasaron desapercibidos.
La aguda crisis de la salud pública es tan evidente que sigue de hecho en estado de emergencia, aunque la pandemia haya prácticamente desaparecido. En otros términos, el sistema sanitario se halla en una constante situación de peligro o desastre que exige una acción inmediata, pero el presidente Santiago Peña y la ministra responsable, María Teresa Barán, han estado más bien interesados en inauguraciones propagandísticas, incluso de obras inconclusas, antes que en velar por el buen funcionamiento de unas instalaciones que deben estar dotadas de recursos humanos y materiales suficientes para evitar que se pierdan vidas. Resulta canallesco que el poder político quiera aparentar que se desvela por la salud de la gente, mientras niños y neonatos fallecen por no poder ser atendidos, y locales sanitarios construidos se deterioran y no se utilizan por desidia o negligencia gubernamental.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e Itaipú firmaron un convenio denominado “Plan 1.000″, que promete pavimentar mil kilómetros de calles urbanas con 100 millones de dólares de “fondos sociales” de la binacional. Según el director paraguayo de la entidad, Justo Zacarías Irún, un tercio del dinero será para empedrados y adoquinados, y dos tercios para pavimentación con asfalto y hormigón, y el plazo previsto de ejecución es de 12 a 18 meses. ¡Oh, casualidad!, exactamente en coincidencia con las internas y las elecciones municipales, previstas para junio/julio y octubre, respectivamente, del año que viene. Desde luego, jurarán que habrá plena transparencia, pero esa no es la historia de Itaipú, un paraíso de sobrefacturaciones y corrupción, fuente de enormes fortunas particulares malhabidas.
Junto con el fiasco del metrobús, el acueducto chaqueño es uno de los mayores escándalos nacionales de los últimos lustros en lo que a obras públicas respecta. En efecto, entre 2012 y 2022, consumió 991.500 millones de guaraníes (130 millones de dólares) para hacer llegar a Loma Plata el agua extraída del río Paraguay a la altura de Puerto Casado, sin que hasta hoy se haya logrado dicho objetivo, salvo durante las dos semanas siguientes a su inauguración. De nada sirven las reparaciones a cargo de una firma contratada por Essap, pues las roturas reaparecen una y otra vez en las tuberías de 203 kilómetros de extensión, hoy invadidas por malezas y raíces. Estos inútiles trabajos adicionales ya han costado 2.200 millones de guaraníes, que no se habrían malgastado si el acueducto hubiera sido montado según las especificaciones del contrato. Hasta ahora nadie ha sido responsabilizado del caso, con lo que una vez más se constata que en la función pública de nuestro país hay delitos, pero no delincuentes.