Editorial

En los últimos veinticinco días, las obras accesorias de la avenida Costanera Norte -obra entregada a la Municipalidad asuncena en 2018 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)- fue escenario de dos accidentes que afectaron seriamente a otros tantos ciclistas; uno de ellos fue causado por un pozo que permaneció abierto en una acera tras el robo de un registro eléctrico y otro por la rotura del pavimento de la ciclovía. En ambos casos se habría configurado el delito de intervención peligrosa en el tránsito terrestre, castigado por el Código Penal con dos años de cárcel o con multa: lo comete el responsable de la construcción de carreteras o de la seguridad del tránsito que cause o tolere un estado gravemente riesgoso de dichas instalaciones. La Ley Orgánica Municipal dice que compete a la Municipalidad conservar las avenidas, entre otras obras de infraestructura pública, pero el jefe de Gabinete de la de Asunción, Nelson Mora, admite que el mantenimiento de las obras de la Costanera Norte no es constante, pese a que hace un mes había mentado un convenio con el MOPC: nada se ha hecho hasta hoy, salvo la reparación de la bicisenda tras el accidente ocurrido. En cuanto al de la acera, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) apuntó que el registro eléctrico sin tapa no fue instalado por ella, sino por el MOPC para proveer de energía a artefactos ornamentales para la circulación de peatones; quienquiera haya sido el proveedor, la Municipalidad en bancarrota debía mantener la vereda en buen estado, como en general la avenida Costanera y sus aledaños, hoy carentes de limpieza y de iluminación, condición esta última que facilita el saqueo de elementos de infraestructura y que exigiría una mayor presencia de la Policía Nacional.

Triste ejemplo de cómo se “chupan” la plata de la gente. Al Estado paraguayo no le alcanza para completar su stock de medicamentos para el cáncer, pero destina recursos de los contribuyentes para producir bebidas alcohólicas a pérdida. En el maremágnum del tremendo derroche de dinero público, el caso de Cañas Paraguayas SA es relativamente pequeño, pero es un ejemplo particularmente ilustrativo del insultante orden de prioridades y la inoperancia de los gobiernos de turno, incluido el actual, que de boca para afuera hablan de cambios en defensa de los intereses de la ciudadanía, pero que en la práctica o no se atreven o directamente no quieren hacer ni mínimas reformas que de alguna manera atenten contra el esquema parasitario de prebendarismo, privilegios y corrupción.

Gracias a mociones de preferencia presentadas por algunos diputados opositores, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el próximo martes un proyecto de ley que incorpora al Presupuesto general los fondos para “gastos sociales” asignados por las entidades binacionales, que hoy llegan a 670 millones de dólares en total, así como once pedidos de informes -también “cajoneados” por el cartismo- y diez proyectos de declaración. Una iniciativa referente a los gastos sociales financiados por Itaipú Binacional fue “cajoneada” en 2024 por el Senado, para que los aliados del Gobierno puedan emplear discrecionalmente elevadas sumas -como también lo hacían Gobiernos anteriores- sin rendir cuentas al Congreso ni a la Contraloría General de la República (CGR). Los directores generales y los consejeros paraguayos -los primeros nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado- no tienen la facultad de entregar recursos a organizaciones amigas para que hagan con ellos lo que quieran, convocar licitaciones fraudulentas o direccionarlas en el marco de una campaña electoral, entre otras frecuentes corruptelas.

El funcionamiento del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción es un drama de nunca acabar, debido a la inoperancia del Viceministerio de Transporte, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario y de la Defensoría del Pueblo. Quienes, por razones económicas, se ven forzados a abordar un maltrecho ómnibus repleto, tras una larga espera bajo el sol o la lluvia, sufren las consecuencias de la violación impune del marco regulatorio por parte de “empresarios” ligados a los politicastros, que hasta suelen apelar a las “reguladas” delictivas -penadas con hasta cinco años de prisión- para imponer sus descaradas pretensiones. El diario infortunio colectivo no conmueve a los responsables de los sectores público y privado, como si no pudieran ponerse en la piel de los usuarios; la cuestión de fondo radica menos en la falta de normativas o en los defectos de las teóricamente vigentes que en la insensibilidad de quienes deben cumplirlas y hacerlas cumplir.

Nueve asociaciones de pacientes con dolencias “catastróficas”, como el cáncer, denunciaron en un comunicado la falta crónica de remedios y exigieron, tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que adopten políticas de previsión y abastecimiento, pues el enfermo no podría esperar semanas o meses a que los burócratas culminen los trámites para la compra de fármacos ni los enfermos deben verse forzados a pedir un amparo judicial “para sobrevivir en un sistema indiferente o cruel”. Se trata de una muestra más del profundo malestar ciudadano -expresado también en las redes sociales- ante la aguda crisis del sistema sanitario, reflejado también en la insuficiencia crónica de médicos especialistas, de camas de terapia intensiva, de ambulancias, de equipos biomédicos para el diagnóstico precoz y hasta de jeringas y guantes, entre otros déficits que convierten en una burla cruel la norma constitucional que obliga al Estado a promover y proteger la salud como “derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, razón por la que nadie ha de ser privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas.