Editorial

Sorpresivamente, esta semana el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, publicó un comunicado dirigido a sus funcionarios, todos ellos “representantes de la sociedad” ante los órganos de justicia, haciendo referencia a artículos del Código Procesal Penal, señalando que las partes y los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de “guardar secreto”. De esta manera, el máximo representante de la sociedad dejaba entrever que, de ahora en adelante, los agentes fiscales tienen la prohibición de informar el avance investigativo de casos donde el interés público se encuentra involucrado. Contrariamente a los principios de transparencia y lucha contra la corrupción que deben procurar las autoridades fiscales manteniendo una comunicación con la sociedad a través de la prensa, el fiscal general amenaza que en caso de no guardar secreto sobre las investigaciones en curso, sus subalternos serán sancionados.

En mayo de 2017, el entonces presidente de la ANR, Pedro Alliana, acordó la instalación de gasolineras con el emblema de la petrolera estatal Petropar en dos subseccionales partidarias de Fernando de la Mora, entidades sin fines de lucro, a cambio de una participación del 10% en la ganancia bruta mensual. Ahora se sabe que el partido oficialista volvió a ampliar formalmente su campo de operaciones en diciembre último, cuando su jefe actual, Horacio Cartes, firmó un convenio con la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, en virtud del cual el Ministerio usufructuará a título gratuito parte de un inmueble ocupado por una subseccional encarnacena, para construir y operar allí una Unidad de Salud de la Familia (USF). Esta “alianza” supone de hecho una identificación entre el Estado y el partido oficialista, propia más bien de un sistema totalitario.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, anunció que solicitó oficialmente la intervención de los municipios de Asunción a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR – cartista) y de Ciudad del Este, presidida por Miguel Prieto (Yo Creo), el líder opositor que logró cortar con la hegemonía colorada en la comuna esteña desde su fundación. Esta “jugada” política es tan solo la consumación de aquella amenaza lanzada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR – cartista), en la que dijo que, si la oposición pedía la intervención de la Municipalidad de Asunción a cargo de su correligionario, él pediría la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de su “enemigo político”, demostrando con esto que la transparencia y la lucha contra la corrupción no son discursos reales ni forman parte de la agenda de gobernabilidad, sino que lo que verdaderamente importa es instrumentalizar a la política como “moneda de cambio” por medio de las instituciones públicas que son usadas para satisfacer sus intereses coyunturales.

Se dio a conocer el informe de resultados financieros al mes de abril de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, más conocida como Caja Fiscal, con datos alarmantes que confirman el incremento exponencial, en progresión geométrica, del saldo rojo producido por el pago de pensiones vitalicias a funcionarios públicos retirados sin contrapartida suficiente, en términos de aportes, para cubrir los egresos actuales, mucho menos los futuros. El Gobierno prometió que este año se ocuparía del asunto, pero han pasado otros cinco meses y nada absolutamente se hace al respecto. La consecuencia es que el déficit, que cada vez crece más y cae en un barril sin fondo, se financia directamente con recursos del Tesoro, con dinero proveniente de impuestos que pagan los ciudadanos y que deberían utilizarse en otras prioridades en beneficio de la comunidad.

Según su balance preliminar de 2024, la Copaco, cuyas acciones pertenecen exclusivamente al Estado, arrastra una pérdida acumulada de casi 533.000 millones de guaraníes. El 4 de enero de ese año, el presidente Santiago Peña había reconocido que “es muy complicado invertir en una empresa que está prácticamente en quiebra”, pero que no planeaba venderla ni cerrarla, sino recuperarla, porque las telecomunicaciones tendrían un rol importante en su agenda digital. Dijo también –siempre buscando culpables antes que proponer soluciones– que entre 2018 y 2023, Copaco sufrió “una debacle administrativa económica y financiera”, como si antes hubiera funcionado a las mil maravillas. En verdad, el problema de fondo no radica en lo que haga o deje de hacer un Gobierno determinado, sino en que el Estado es un mal empresario, motivo por el que es necesario apresurarse a liquidar o privatizar ese desastroso emprendimiento.