12 de julio de 2025
Las entidades binacionales no son los únicos únicos organismos que eluden a la Contraloría General de la República (CGR), encargada de supervisar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. En efecto, son numerosos los que aparentemente buscan que su posible mala administración sea avalada por el Tribunal de Cuentas (TC), sin ser auditados por el órgano contralor por excelencia; invocan un fallo de la Corte Suprema de Justicia que encargó a esa dependencia judicial juzgar también las cuentas de inversión presupuestarias, tras una acción de inconstitucionalidad promovida en 2003 por la propia Corte Suprema de Justicia y algunos intendentes. Ahora, el contralor Camilo Benítez se muestra “muy preocupado” porque los senadores aprobaron un proyecto de ley que, modificando el sancionado por la Cámara Baja, faculta a dos de las nuevas salas a juzgar las cuentas de inversión del Presupuesto nacional.
En su reciente edulcorante rendición de cuentas al Congreso Nacional, el presidente Santiago Peña se mostró orgulloso de la Constitución vigente por habernos “permitido tres décadas ininterrumpidas de convivencia pacífica y armoniosa, a pesar de nuestras diferencias”. Tanta importancia le dio a la Constitución que dijo que la semana pasada envió al Congreso un proyecto de ley que declara cada 20 de junio feriado nacional, en conmemoración del día de la jura de nuestra actual Carta Magna en 1992. En verdad, el patriotismo al que alude el Presidente lo demostraron los ciudadanos que en 2017 salieron a las calles contra la pretensión de su líder, Horacio Cartes, de volver al Palacio de López apelando a una reforma inconstitucional de la ley suprema. No lo demostraron, en cambio, los senadores oficialistas y sus aliados, que expulsaron a su colega Kattya González, ignorando el primordial derecho a la defensa. Existen otros casos en que se ignora nuestra ley fundamental.
El presidente Santiago Peña brindó su informe de gestión ante el Congreso Nacional, de acuerdo a lo que ordena el artículo 238 de la Constitución Nacional, que encomienda al mandatario “dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro”. El pueblo paraguayo, a juzgar por las reacciones, en gran parte escuchó sorprendido la descripción de un país completamente diferente al Paraguay actual. Peña hizo hincapié en su supuesta lucha por una justicia social, tal vez ni siquiera comprendiendo la amplia dimensión de lo que encierra la verdadera y anhelada justicia social, donde sobresalen la igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de recursos, la eliminación de desigualdades allanando barreras discriminatorias, la lucha real por el bienestar de todos los paraguayos y la promoción de la participación ciudadana, nada más alejado de la realidad actual paraguaya.
Por si aún hiciera falta, en estos días de intenso frío se está volviendo a notar la impiedad de los miembros del Centro de Transportistas del Área Metropolitana (Cetrapam), que someten a los usuarios a largas esperas antes de abordar unos ómnibus repletos y en mal estado. El Gobierno también tiene su gran cuota de responsabilidad en este drama. A los primeros, que el año anterior recibieron 347.408 millones de guaraníes en concepto de subsidios, no les importa que sus clientes deban aguardar a la intemperie, con el riesgo de incumplir sus respectivos horarios de trabajo ni que una ley penalice como “coacción y perturbación de servicios públicos” el hecho de que se amenace o extorsione a órganos estatales “por cualquier medio”. Una de esas vías ilícitas es la infame “regulada” impune.
Es sabido que las licitaciones dan lugar a sobreprecios y direccionamientos de los pliegos de bases y condiciones, corruptelas estas estrechamente ligadas entre sí. Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no se destaque por prevenir y detectar dichas maniobras fraudulentas, hay organismos públicos que estiman oportuno eludirla recurriendo, por ejemplo, a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que provee servicios especializados a cambio de una “tarifa” equivalente al 27% del monto global de un proyecto. A ella recurrió últimamente Itaipú Binacional en dos licitaciones. La Contraloría General de la República (CGR) objetó la ejecución de un proyecto para su propio fortalecimiento. También la DNCP debería decir algo con respecto al ardid de dejarla de lado junto a la ley que debe aplicar para precautelar el buen uso del dinero público: no debe seguir tolerando con su ominoso silencio que se la margine aviesamente, cuando entra en juego la Unops.
Un par de noticias policiales han evidenciado, por si aún hacía falta, la extrema gravedad que supone la proliferación de grupos delictivos de origen nacional y extranjero. Una de ellas tiene que ver con la captura de nueve jóvenes en el barrio Ricardo Brugada (“Chacarita”). Integraban tres bandas de asaltantes también dedicadas al tráfico de armas y de drogas, que se enfrentan a tiros con otras similares en el marco de disputas territoriales, poniendo en vilo a los vecinos, muchos de los cuales, no obstante, los despidieron con aplausos y gritos de aliento al ser retirados por la policía. La segunda noticia, por lo demás alarmante, alude a un informe del Ministerio Público de Sao Paulo, según el cual el Paraguay lidera la lista de países extranjeros en los que se halla la mayor cantidad de integrantes de la organización criminal Primer Comando da Capital (PCC).