Editorial

El 5 de febrero, el diario Folha de São Paulo realizó la publicación titulada “Paraguai ganha mais na gestão de Itaipu: vizinhos pagam menos para receber mais benfeitorias socioambientais”. El artículo refleja un sesgo dominante en la opinión pública brasileña, inculcado deliberadamente desde lo más alto del establishment, desde Itamaraty hasta los poderosos gremios empresarios, de que Brasil es el que pone todo en Itaipú y Paraguay solo se aprovecha. Desde luego, la realidad es muy diferente, pero la actitud que ha asumido una vez más este Gobierno de Santiago Peña alienta antes que desvirtuar esa creencia, al pugnar por limosnas en vez de concentrarse y poner todos sus esfuerzos en reivindicar los legítimos derechos paraguayos en el emprendimiento binacional.

El escándalo suscitado por la filtración de los mensajes del celular incautado del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomez sigue destapando ollas de corrupción y mafia putrefacta, salpicando a los representantes de los tres poderes del Estado, lo cual demuestra que como ciudadanos estamos completamente desprotegidos ante el crimen organizado que avanza sin contemplación, y lo peor de todo, sin haberse escuchado hasta ahora un pronunciamiento al respecto por parte del presidente Santiago Peña que, como siempre, nos regala su conocido silencio en temas trascendentales. Entre los mensajes más llamativos y preocupantes de “Lalo” Gómez que salieron a luz figuran los que mencionan a la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaráz, quien en ese momento fungía de agente fiscal de delitos económicos y pugnaba por la presidencia de la Asociación de Fiscales; a su hermano, el otrora fiscal adjunto contra el crimen organizado y hoy ministro de Inteligencia, Marcos Alcaráz, y hasta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel. Es como para preguntar si, a este paso, ¿quién podrá defendernos?

La calificadora internacional Moody’s Investors Service, la misma que el año pasado ubicó por primera vez al Paraguay en el primer peldaño del grado de inversión, emitió un reporte con varias señales de alerta sobre la situación del país. En particular, advierte que la devaluación del guaraní frente al dólar presenta un importante factor de riesgo para las finanzas públicas por el impacto del tipo de cambio en el cada vez más oneroso peso del servicio de la deuda pública. El Estado paraguayo cerró el año 2024 con un saldo de endeudamiento de 18.083,2 millones de dólares, lo que supera el total de un presupuesto anual completo y equivale al 40,7% del PIB, cuatro veces más que hace tan solo una década.

El próximo 14 de febrero se cumplirá un año del mayor avasallamiento a la democracia por parte del Congreso Nacional, de los últimos tiempos, con la expulsión de la exsenadora Kattya González (ex-PEN), para lo cual, con mayoría cartista, nuestros desvergonzados senadores violaron garantías fundamentales de un debido proceso, como el ejercicio de la defensa y la imparcialidad del cuerpo legislativo en el marco de un libelo acusatorio montado con el objetivo de dejar a la senadora opositora “fuera del tablero”. Coincidentemente, un año después somos testigos de un bochornoso escándalo como consecuencia de las filtraciones de mensajes comprometedores, entre otros, del expresidente y exvicepresidente primero del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el diputado Orlando Arévalo (ANR, HC) y el hoy fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), que dejaron al descubierto cómo opera el poder político para someter a jueces y fiscales corruptos.

En el ardiente verano de “la pequeña Catar de la energía sostenible”, al decir del presidente Santiago Peña en una de sus presentaciones del Paraguay en el exterior, los agobiados pobladores de este país no paran de sufrir repetidos cortes en el suministro a cargo de la ANDE, pese a que el país comparte dos grandes centrales hidroeléctricas y a que se jacta de ser el mayor exportador mundial de la energía de dicho origen. El presidente puede pavonearse así en el exterior en la esperanza de que sus interlocutores no conozcan que –paradójicamente–, pese a esa abundante disponibilidad de energía eléctrica, la mayor parte de la consumida en el país proviene todavía del carbón, de la leña y de los derivados del petróleo. Es inconmensurable el daño causado por la monopólica empresa estatal a la salud pública, a los aparatos electrodomésticos, al comercio y a la industria, debido a los frecuentes cortes de la energía.