Editorial

Al Gobierno del presidente Santiago Peña le molestan enormemente las voces disonantes que cuestionen sus actos de desgobierno, la corrupción y el robo. Ya conocimos esta clase de experiencia en marzo del 2017, durante el entonces gobierno de Horacio Cartes cuando, después de una manifestación, una orden superior dispuso atropellar la sede del PLRA, donde la policía cartista asesinó a Rodrigo Quintana. Ocho años después, la historia se repite con nuevos tintes. Con menos manifestantes y más policías, con detenciones arbitrarias y cacería ciudadana violentaron varios preceptos constitucionales y dejaron una sospecha: tienen una intolerancia visceral a cualquier otra voz que no sea la cartista. Habituados a copar todos los poderes y las instancias inclusive autónomas, el Gobierno desplegó unos 3.000 policías para doblegar a unos 300 “peligrosos” jóvenes que se convocaron para una marcha contra la corrupción. Un gigantesco papelón para la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, que con comunicados criminalizaron una manifestación amparada por la Constitución Nacional.

Hoy cumple un año de vigencia el contrato que obligó a la firma catarí Doha Holding Group LLC a entregar a Petróleos Paraguayos (Petropar), dentro del plazo de dos meses, cien mil toneladas métricas de gasoíl, a cambio de 61 millones de dólares. Hasta hoy, la proveedora –al parecer carente de toda experiencia en la materia– no ha suministrado ni una sola gota del combustible, pese a las ocho prórrogas generosamente otorgadas, la última de las cuales vence el próximo 31 de octubre. Y conste que Petropar alegó “urgencia” para apelar al “procedimiento especial de contratación”, eludiendo así ciertos mecanismos habituales, pero esa “urgencia” ya demoró un año entero. El titular de Petropar, Eddie Jara, dijo ante la Comisión Bicameral que se está “insistiendo de manera vehemente con el proveedor para que se resuelva este tema”. Además, confesó que se está “llegando a un límite de paciencia” (¡¡¡menos mal!!!).

Tras veinte días de duros combates, la primera gran batalla de la Guerra del Chaco cesó el 29 de septiembre de 1932, con el triunfo de las armas paraguayas sobre las bolivianas, de modo que no está mal que un departamento chaqueño lleve su nombre. Poco después del armisticio que puso fin a las hostilidades tres años más tarde, el comandante en jefe, entonces general José Félix Estigarribia, dijo a su par, el general Enrique Peñaranda, que su ejército era “uno de los mejores y más bravos del mundo”, a lo que este respondió que también el nuestro tenía “las más altas virtudes militares”. Ese mutuo respeto también se advierte hoy en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde ya, es plausible que no hayan vuelto a surgir conflictos de límites ni de otra laya entre las dos naciones, pese a la considerable extensión de la frontera seca fijada por el Tratado de Paz, Amistad y Límites, de 1938.

El 180º Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizó esta semana y está concluyendo en suelo paraguayo, trajo mucho debate sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado en la materia. Se puede comenzar mencionando los ataques constantes a la libertad de prensa y expresión por parte del propio Presidente Santiago Peña en sus discursos amedrentadores al trabajo de los medios críticos a la labor estatal. Se puede agregar las persecuciones a organizaciones de la sociedad civil por parte del Congreso con la adopción de la “Ley Garrote”, o el menoscabo a derechos sustanciales por la justicia paraguaya como el respeto a las garantías del debido proceso o la protección judicial con el sometimiento del Poder Judicial al poder político. Por su parte, la Corte Interamericana enfatiza sobre la unión indisoluble de los conceptos de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que el 8 de septiembre lanzó una Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud, se dirigió al cardenal arzobispo de Asunción Adalberto Martínez, a través de un comunicado, para denunciar “hechos de corrupción estructural que comprometen el derecho a la vida” y ocurren en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dirigido por María Teresa Barán. También le pidió su mediación ante el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República (CGR) a fin de que los responsables del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que está integrado al Ministerio y financia el tratamiento de enfermedades que generan altos costos, sean removidos e investigados y el caso sea remitido a la Justicia. La salud pública no debe seguir expuesta a la corrupción, unida a la ineficiencia.