El millonario proceso licitatorio para la provisión e instalación de ascensores en la sede del Poder Legislativo sufre un nuevo revés. Uno de los oferentes adjudicados, en este caso Simón Recalde Romero, habría falseado documentos que guardan relación a la empresa TK Elevadores Paraguay, según el representante de esta firma.
Un documento al que accedió nuestro diario muestra cómo Petropar benefició (y lo sigue haciendo) a la firma catarí representada por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. La empresa, a la que se contrató para provisión de diésel por US$ 61 millones, no pudo proveer un solo litro de combustible en el cronograma pactado originalmente, por lo que la estatal le amplió dos veces el plazo. Aún así, no cumplió.
Desde la cartera de Obras no informan sobre la fiscalización de las obras de alcantarillados sanitarios en cuatro distritos del país adjudicada al Consorcio ELC CYD. El representante del grupo empresarial beneficiado para fiscalizar es suegro del funcionario del MOPC que administra el contrato de la obra a ser verificada. La adjudicación por la fiscalización es por G. 19.099 millones y la construcción por G. 358.937 millones.
En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sigue sin aparecer el contrato para fiscalización de obras de alcantarillado cuya firma se habría concretado el pasado 23 de diciembre con el Consorcio ELC-CYD por un monto de G. 19.099 millones. Desde la cartera de obras tampoco quieren informar al respecto. Existen indicios de que se trataría de un presunto caso de conflicto de intereses.
En el marco del programa Hambre Cero, la Gobernación de Cordillera, a cargo de Denis Lichi (ANR-HC), destinará G. 180 millones para contratación de un nutricionista senior y G. 72 millones para la contratación de un nutricionista junior. Es decir, destinará G. 252 millones solo a nutricionistas.
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión Rodríguez fue coordinadora de la empresa C y D Ingeniería de Chile, de acuerdo con su CV que aparece en el portal estatal. Esta misma empresa forma parte del consorcio que fue adjudicado para la fiscalización de las obras de alcantarillado en varios puntos del país con un contrato por más de G. 19.000 millones, unos US$ 2,4 millones.