Numerosos escribanos autoconvocados, se manifestaron en contra de la fusión de tres entidades del Estado: Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y Departamento de Agrimensura y Geodesia. Según dijeron, esta unión con la creación del Registro Unificado Nacional (RUN) no mejorará el trabajo ni las respuestas de agilidad que necesita la ciudadanía.
La fragilidad del sistema registral una vez más quedó demostrada con la alteración de datos de un inmueble al que cambiaron su número de finca y de propietarios, supuestamente en Registros Públicos. La grave irregularidad pudo constatarse en un juicio de desalojo al solicitar los propietarios las condiciones de dominio.
La directora de Registros Públicos, Lourdes González, ratificó que las tierras conocidas como “Jardines de Remansito”, es decir la finca 916, siguen perteneciendo al Ministerio de Defensa. Comentó que varias instituciones se reunieron esta mañana y confirmaron la titularidad del predio. Agregó además que, si bien la zona forma parte del municipio de Villa Hayes, eso no le otorga la titularidad sobre el bien de dominio privado del Estado.
Uno de lo desafíos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) es que dicho ente “converse mejor”, es decir que tenga mejor operatividad con el Servicio Nacional de Catastro y la Dirección de Registros Públicos y avanzar en la digitalización de sus procesos, con el objetivo de acelerar los trámites de titulación, según informó su nuevo titular, Econ. Francisco Ruíz Diaz.
Funcionarios de Registros Públicos piden a la Corte Suprema que analice en su sesión la denuncia realizada contra la directora Lourdes González Pereira, a quien acusan de incurrir en persecución sindical y violación del contrato colectivo. Por su parte, la alta funcionaria niega la acusación y llama a la pacificación para trabajar mejor en beneficio de la ciudadanía.
La escribana Katia Ayala Ratti, miembro del gremio de escribanos del Paraguay, denunció mediante una presentación en la audiencia pública de la Cámara de Diputados, “trámites del futuro”, realizada el 15 de noviembre pasado, que los ciudadanos pagan tasas inconstitucionales y de leyes que ya se encuentran derogadas.