dinero público

Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o le aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen, el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.

Por un lado, las buenas noticias desde el punto de vista económico en 2024 fueron la continuación del ciclo de crecimiento, el sostenido control de la inflación, la reducción del déficit fiscal y el otorgamiento del grado de inversión por parte de una de las tres grandes calificadoras internacionales de riesgo. Las malas, por el otro, tienen que ver con la completa ausencia de reformas estructurales que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduzcan la informalidad y la corrupción, mejoren la calidad de los servicios públicos y el clima de negocios, y eleven el potencial de la economía nacional. Sin estas reformas, Paraguay no puede aspirar al desarrollo.

La participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial de GAFILAT en Paraguay genera polémica. Liliana Alcaraz, presidenta pro tempore del organismo, admitió que la financiación fue privada, pero se desconoce quiénes son los aportantes y si están bajo investigación. La SEPRELAD y el Gobierno deben rendir cuentas sobre los recursos utilizados en este evento clave contra el crimen financiero.

La Cámara de Diputados sancionó el martes último el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 con autoaumentos y beneficios extraordinarios previstos para todos los parlamentarios, incluyendo excepciones para no cumplir con leyes que establecen racionalización de gastos y concurso público, dando vía libre a los “nepobabies”. Por su parte, el presidente de la República Santiago Peña (ANR-HC) ya había adelantado que no vetará la ley. Así, los diputados, en mayoría, optaron por dar la espalda al reclamo de la ciudadanía y sancionar la versión del presupuesto de Senadores, dando por terminada la discusión sobre el presupuesto 2025. El proyecto sancionado pasará a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación.

El jueves último la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 en la versión bicameral, con modificaciones de comisiones para incluir autoaumentos de G. 6.000.000, creación de cargos y otros beneficios, además de puentear la Ley Godoy, que da vía libre a los nepobabies. Los senadores cartistas y satélites hicieron oídos sordos a los reclamos de la gente y priorizaron la inclusión de sus beneficios extraordinarios dentro del PGN 2025, por encima de las abrumadoras carencias en salud pública, educación y otras sentidas necesidades de la gente.