9 de enero de 2026

El Gobierno de Santiago Peña no pudo llegar al tope de déficit fiscal establecido por la ley de presupuesto para el año 2025, fijado en 1,9% del PIB, a pesar del millonario “bicicleteo” de deudas en el que incurrió. Cerró el año y no les pagó a numerosas proveedoras del Estado, que reclaman más de US$ 1.000 millones solamente en los sectores salud, obras y alimentos.
En dos años Santiago Peña incrementó la deuda estatal en 3.794 millones de dólares, la mitad que su antecesor durante todo su período, con la diferencia de que a Mario Abdo Benítez le tocó la pandemia, lo que le obligó a tomar préstamos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, mientras que Peña se ha beneficiado con un ciclo de crecimiento económico que, en teoría, debería aliviar las finanzas públicas, no acogotarlas aún más. A esto hay que sumar que, según el sector privado, el Estado le debe a cada santo una vela. Contratistas y proveedores reclaman vencimientos atrasados por 1.300 millones de dólares.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció un plan de pago escalonado para reducir las deudas con empresas proveedoras del Estado. El compromiso incluye al programa Hambre Cero, el sector farmacéutico y las constructoras, con desembolsos previstos hasta febrero del próximo año.

Las deudas pendientes del Gobierno con proveedoras e instituciones siguen acumulado y ya supera los US$ 1.250 millones. Desde el MEF aseguran que aquellas deudas que son verificadas van a ser honradas y responsabilizan a los ministerios por la gestión de recursos que les son asignados.

Los diputados de la oposición y colorados disidentes criticaron duramente la deuda de más de US$ 1.000 millones que el gobierno de Santiago Peña acumula con las empresas constructoras de obras, farmacéuticas y proveedores del programa “Hambre Cero”.