28 de abril de 2025
El gobierno argentino fijó unilateralmente una tarifa equivalente a apenas 10,25 dólares el megavatio/hora para las hidroeléctricas de Salto Grande, compartida con Uruguay, y de Yacyretá, compartida con Paraguay. Aunque aquí lo quisieron hacer pasar como una decisión interna que atañe exclusivamente al vecino país, lo que se desprende de la medida es que Argentina solo está dispuesta a “pagar” (entre comillas, porque tampoco paga, o lo hace a cuentagotas) hasta ese monto por retirar energía de la central “binacional”. El problema es que ello no alcanza ni para cubrir la mitad del costo de producción de la entidad, mucho menos si se incluyen las cargas financieras, lo cual viola el Tratado. Si nadie pone la diferencia, y no hay ningún indicio de que así sea, se viene una nueva ola de deuda espuria y se compromete aún más gravemente, si cabe, la sostenibilidad del problemático emprendimiento.
Desde el chavismo señalan que nuestro país busca no pagar la deuda que tiene con Petróleos de Venezuela S.A. y que, por ello, el Gobierno de Santiago Peña tomó la determinación de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, desde la Procuraduría señalan que el Paraguay reconoce esa deuda.
La Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) instó al Gobierno a pagar la deuda de US$ 100 millones del MOPC a las constructoras. Abogó por un manejo administrativo basado en la previsibilidad y la honradez y que es esencial para preservar la credibilidad institucional y fortalecer la confianza en Paraguay.
La Cámara Paraguaya del Acero (Capac) manifestó, a través de un comunicado, que la deuda de US$ 100 millones del MOPC a las constructoras afecta a dicha industria. Advirtió que el incumplimiento del Estado con el pago de deudas por obras públicas ya ejecutadas y debidamente facturadas, genera una situación insostenible.
La Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco) manifestó en la fecha, a través de un comunicado, que la deuda de US$ 100 millones del MOPC a las constructoras afecta a toda la cadena del sector. Insta a las autoridades a respetar y cumplir los acuerdos.
A través de un comunicado, Capaco denunció esta mañana que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intenta desentenderse de una deuda de US$ 100 millones con las constructoras, correspondiente a intereses generados por retrasos en los pagos a las constructoras.