El decreto que reglamenta la ley de presupuesto establece que el Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reglamentará el procedimiento para la realización del concurso interno para la desprecarización laboral del personal contratado. Luego de los nombramientos, sin embargo, continuará abierta la posibilidad de realizar nuevos contratos.
El doctor Jorge Brítez, presidente del IPS, se quejó ayer de la presión política existente en torno al concurso de desprecarización laboral que está en curso y para el cual se presentaron unos 2.700 funcionarios. En sesión del Consejo de Administración, denunció el caso de la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR - cartista), que le envió unos 20 pedidos y pidió “límites” a los “pedidos personales”. La previsional dispone de 404 vacancias.
Ante la exclusión de los primeros 243 funcionarios del concurso para desprecarización laboral y las denuncias hechas por los afectados, el consejero del IPS, José Jara Rojas, pidió en sesión del Consejo de Administración verificar el sistema informático y realizar reconsideraciones. El presidente del ente, Jorge Brítez, anunció que entre marzo y abril se convocará a un concurso con más vacantes y que los elegibles del concurso en vigencia ya no tendrán que rendir.
El IPS dispone de 404 vacancias para la desprecarización de trabajadores contratados. Durante una primera etapa, de 2.735 interesados, el ente ya eliminó a los primeros 243 postulantes, que denunciaron fallas en el proceso. La Dirección de Recursos Humanos alegó falta de documentación y que se realizó una verificación individual, caso por caso.
Ayer, Día Internacional de la Enfermería, el ministro de Salud, Julio Borba, anunció el inicio del proceso de desprecarización laboral del personal de blanco con el nombramiento de 800 nuevos funcionarios. Prometió también mejorar las condiciones de trabajo de los enfermeros.
Esta mañana, los miembros del Frente Sindical de Funcionarios Públicos protestaron en el microcentro contra la ley de consolidación económica y de contención social, que ya fue aprobada por el Congreso y solo depende del Ejecutivo. Afirman que viola las leyes laborales al eliminar la desprecarización, los concursos internos y el retiro voluntario, entre otros.