El Presupuesto de 2025 incluye 334.541 puestos permanentes –uno por cada veinte habitantes– para un total de 106 entidades, es decir, unos 15.219 más que el del año pasado, lo que contribuirá a que el gasto público aumente en un 14,2%. A los 11.978 nuevos cargos proyectados por el Poder Ejecutivo, el Congreso agregó 3.241 en las distintas entidades públicas, de lo que se infiere que también los legisladores, en vez de proteger el bolsillo de sus representados, prefieren afectarlo aún más, solo para mantener a un personal público en gran medida superfluo y clientelístico, que no se distingue por su idoneidad, su honestidad ni su eficacia. Por lo demás, como viene ocurriendo desde 2022, los legisladores excluyeron a su personal y al del Poder Judicial de las exigencias de la Ley de la Función Pública –hoy derogada por una nueva– y de la Ley de Racionalización del Gasto Público, de modo que los presupuestívoros bien podrán ser nombrados, promovidos o contratados sin tener que demostrar su aptitud, y hasta siendo pariente cercano de cualquiera de los integrantes de esos Poderes del Estado.
En enero los contribuyentes pagaron directamente de su bolsillo 1,5 billones de guaraníes, o 215,5 millones de dólares, en salarios y remuneraciones a funcionarios de la Administración Central, de acuerdo con el Informe de Situación Financiera del Ministerio de Economía. Eso es nada menos que 33 millones de guaraníes por segundo en términos brutos. Si se toman las horas laborales efectivas, la cifra se triplica a más de 120 millones de guaraníes por segundo. Y eso no incluye a los que cobran en entes descentralizados que se financian con tarifas de usuarios de servicios, aportes a la seguridad social, impuestos municipales y otras tasas y contribuciones.
La Cámara de Diputados tiene una “jefa de café”. La funcionaria percibe un sueldo de 13 millones de guaraníes. También hablamos con el presidente de Congreso, el senador Silvio Ovelar, sobre el “carnaval de cargos”, y aseguró que heredó direcciones de otras gestiones.
Siete senadores lideran la lista de legisladores con más funcionarios en sus respectivas oficinas, según las nóminas de la Cámara Alta y Congreso Nacional. Lilian Samaniego, Basilio “Bachi” Núñez, Javier Zacarías Irún, Derlis Osorio, todos colorados, y los liberales José “Pakova” Ledesma, Enrique Salyn Buzarquis y Hermelinda Alvarenga tienen –cada uno– a su cargo a 11 empleados públicos. Varios de los funcionarios figuran con pagos por bonificaciones.
Un verdadero carnaval de altos cargos con asignaciones millonarias por “responsabilidad” existe en el Senado. Así al menos queda al descubierto a partir de una simple verificación de las planillas de funcionarios de la Cámara Alta. Para tres mozos, por ejemplo, hay un coordinador, un jefe y un encargado, según la nómina con las respectivas funciones.
Cada vez que se habla de la economía del país, se menciona con insistencia acerca de la fortaleza lograda en la macroeconomía. Se insiste sobre que estamos bien en política monetaria, política fiscal, que el déficit será disminuido nuevamente, que la política monetaria, la deuda y los tipos de interés y otros agregados.