YRYBUCUÁ. Una abuela de 75 años, afincada en la colonia San Isidro del Norte de este municipio, denunció que su expareja, acusado por violencia familiar, está tratando por todos los medios de apropiarse de una finca de cinco hectáreas donde ella vive hace doce años. La afectada comentó que, llamativamente, su exconcubino consiguió que un juez de San Estanislao firmara la orden de desalojo sin respetar el documento expedido a su favor por parte del Indert.
El Superintendente de Salud fue denunciado penalmente por la presunta producción de documentos de contenido falso. El hecho punible lo efectuó, según el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), en el proceso de selección para el cargo que actualmente ocupa.
SAN ESTANISLAO. Clementina Paredes (60), domiciliada en la calle Arroyense del municipio de San Estanislao denunció la aparición de una deuda de G. 13.950.000 a su nombre en la Ande por el consumo de energía eléctrica que se viene acumulando desde hace más de 15 años. Corresponden a dos medidores que ella nunca solicitó, las conexiones están instaladas en la calle María Auxiliadora de la localidad de Yataity del Norte.
Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, solicitaron al juez Rodrigo Estigarribia la desestimación de la denuncia por el supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023 al Instituto de Previsión Social (IPS). La conclusión a la que arribaron los agentes del Ministerio Público, tras analizar documentaciones, el hecho no se encuadra en lesión de confianza ni estafa, pues ni siquiera se puso determinar la existencia del daño.
La jueza Diana Carvallo desestimó, a pedido de la Fiscalía, la denuncia por lesión de confianza contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa. La Contraloría General de la República (CGR) había puesto en conocimiento al Ministerio Público de que el exsecretario de Estado no exigió el pago de multas, equivalentes a la suma total de G. 82.532.953, por retrasos a empresas contratadas para la provisión de alimentos.
25 DE DICIEMBRE. La víctima de un caso de coacción sexual y violación ocurrido en este municipio, donde se acusa al jefe de una subcomisaría de la zona con el grado de comisario, está pasando por un momento muy difícil en su entorno familiar debido a lo sucedido y solicita que el uniformado sea castigado. La denunciante expresó que, debido a esta situación, ya perdió su trabajo por temor a que sea nuevamente atacada en algún momento por esta persona.