7 de abril de 2025
En un mercado laboral cada vez más demandante, las empresas comienzan a ver la capacitación como una inversión estratégica. Paulo Yugovich, director ejecutivo de Jobs, analiza cómo la formación personalizada, las habilidades digitales y la actitud hacia el aprendizaje continuo se convierten en pilares clave para impulsar la productividad y responder a los nuevos desafíos del entorno profesional.
Un juez en lo laboral condenó a una firma comercial al pago de los aportes obligatorios al Instituto de Previsión Social (IPS) en mora por más de 16 años y reconoció la antigüedad en el trabajo por un poco más de 27 años. También se le condenó a la empresa a pagar casi G. 500 millones por despido injustificado y otros conceptos.
Contrariamente a lo que habían ordenado dos camaristas disponiendo que los aportes patronales al IPS solo pueden exigirse por el término de 1 año, otros dos camaristas de otra sala, los camaristas Stella Maris Zarate y Mario Maidana Griffith, sostienen que este derecho a reclamar que tiene el trabajador es imprescriptible.
La Sala Civil de la Corte debe resolver la recusación que promovió el conocido disc jockey Juan José Salerno contra las camaristas en lo laboral Geraldine Cases y Antonia López de Gómez, quienes a su vez debían resolver una apelación que le fue desfavorable al Club Caracol en una demanda de pago por 33 años de antigüedad laboral por evadir aportes obligatorios al IPS. Ambas camaristas sentaron postura en otro juicio que solamente se pueden reclamar aportes atrasados, hasta un año.
Una jueza y camaristas en lo laboral, sentaron un cuestionado precedente al disponer que la obligación para exigir a los empleadores para aportar al IPS para la jubilación de los trabajadores, prescribe en el plazo de 1 año. El abogado apelante sostuvo que las magistradas premian la evasión de aportes, penado como hecho punible y que violan preceptos imprescriptibles equiparados como de derechos humanos. Son años de antigüedad que le “borraron” a una trabajadora.
Los 18 desvinculados de la Itaipú presentaron hoy una demanda laboral contra la binacional en reclamo de su reintegro a sus lugares de trabajo así como resarcimiento de G. 1.600 millones por daños y perjuicios. La acción, presentada por el abogado Raúl Mongelós, pide como medida de urgencia la reincorporación de los demandantes.