VIENA. La presencia de prejuicios y sesgos en los algoritmos usados para, por ejemplo, distribuir la presencia policial en una ciudad o detectar mensajes de odio en las redes, puede acabar siendo discriminatoria si se deja a esas herramientas actuar sin control humano, advierte la Unión Europea en un informe.
El noticiero en la televisión difunde la información. Los vecinos se organizaron para protestar por la falta de agua en sus casas en una zona de los bañados.
El Congreso sancionó una ley que desvirtúa la norma constitucional que obliga a quienes ejercen la función pública a prestar una declaración jurada de bienes y rentas tras asumir el cargo y otra luego de abandonarlo. Es obvio que deben ajustarse a la verdad, para que al cotejarlas sea posible constatar si el declarante cometió o no el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Si los errores u omisiones que contengan no fueran sancionados, las manifestaciones hechas bajo juramento serían meras formalidades, sin importancia alguna. Tal sería la consecuencia si quien cobra remuneraciones permanentes del Estado pudiera “efectuar en cualquier momento las rectificaciones que crea convenientes”.
El sistema internacional viene recomendando parámetros de control ante la propagación de los delitos económicos-financieros, y ante ello, se identifica la instauración de una unidad especializada para revelar operaciones fraudulentas, y evitar transacciones financieras que puedan poseer algún soporte en referencia a la criminalidad organizada.
La Cámara de Diputados se empeña en dejar sin castigo a los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, que presenten declaraciones juradas de bienes y rentas, que contengan errores u omisiones. Se trata de un hecho punible de acción penal pública castigado con hasta cinco años de cárcel, sanción que puede reducirse a hasta un año o convertirse en multa, si las lagunas o inexactitudes no fueron intencionales. Todo indica que la mayoría de los diputados se ratificará en que el declarante pueda “efectuar en cualquier momento las rectificaciones que crea convenientes”, aunque sus falsedades hayan sido dolosas. La despenalización implicaría abrir aún más las puertas y ventanas del país al lavado de dinero y otros delitos conexos.
ENCARNACIÓN. Un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Enrique Iglesias, Blas Zorrilla y Rossana Verón absolvió de culpa y pena, hoy, a cuatro exfuncionarios de la municipalidad de Encarnación acusados por lesión de confianza y otros. Los absueltos son Edi Fátima Román Bareiro, Fátima Celeste Caballero, Kevin Marcelo Mendoza Román y Ana Delia Quiroga de Agüero. La fiscal de la causa, María Del Carmen Palazón, adelantó que apelará la sentencia.