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Cerca de US$ 180 millones ya utilizó el IPS de las rentas de reservas entre el 2020 y 2024 para cubrir el déficit corriente del fondo de jubilaciones, según se desprende del informe actuarial 2024-2100 y que según los nuevos cálculos, las rentas se agotarían para el 2036 y a partir de ahí, ya se tocaría las reservas de capital.

El Poder Ejecutivo finalmente remitió al Legislativo el tan postergado proyecto de ley “que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”, comúnmente conocido como Caja Fiscal. Los gremios docentes ya se declararon “en pie de guerra” y seguramente les seguirán los de otros sectores afectados, pero esto era esperable. Aparte de ello, la muy necesaria reforma se enfrenta con otros dos serios obstáculos. El primero es que el Gobierno dejó pasar demasiado tiempo y puede que ahora ya sea demasiado tarde. El segundo es que los miembros de este Congreso no tienen autoridad moral para imponerles a los demás funcionarios públicos sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a asumir, de lo cual también es culpable Santiago Peña. Prácticamente todos los especialistas de distintas corrientes –con muy contadas excepciones, sobre todo entre quienes promueven una expansión desmedida del gasto estatal y de la emisión monetaria–, así como agentes económicos, personas informadas, organismos internacionales y calificadoras de riesgo, coinciden en que la reforma de la Caja Fiscal, cuyo déficit casi se duplica cada año en progresión geométrica, es crucial, tanto para darle cierta viabilidad al sistema de jubilaciones y pensiones de los funcionarios como para la misma sostenibilidad de las finanzas públicas.

La Comisión Permanente del Congreso convocó para mañana al ministro de Economía Carlos Fernández, con el objetivo de analizar los puntos más resaltantes del proyecto de Reforma de la Caja Fiscal.

La Gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas, Liz Coronel, explicó que el Magisterio Nacional y docentes universitarios no cuentan con una edad mínima de jubilación. Por ello, llegar a los 57 años para la jubilación produciría las contenciones de gasto que pueden hacer frente al déficit creciente del sector. Aclaró que en caso de que la ley se promulgue este año, entrará en vigencia en el 2027.

Expertos coinciden en la necesidad de avanzar el estudio y aprobación del plan de reforma de la deficitaria Caja de Jubilaciones del Sector Público. “La situación financiera es insostenible y ya no se puede postergar; pero hay que abrir un ámbito de diálogo entre afectados con aplicación gradual”, recomiendan.