10 de agosto de 2025
Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, cuyos datos sobre el Paraguay reflejan una situación alarmante: afecta en su mayoría a mujeres y posiciona al Paraguay como país de origen en el área internacional.
La Corte Suprema de Justicia remitió al Senado un dictamen antes que rechacen el proyecto de ley contra el criadazgo, en el que sugería penalizar la conducta con hasta ocho años de pena privativa de libertad. El Senado, que en principio se mostró a favor de la sugerencia, terminó por ignorarla durante el debate y ahora el Ejecutivo anuncia una nueva normativa al respecto.
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia anunció que el Poder Ejecutivo presentará un nuevo proyecto de ley contra el criadazgo, con un enfoque más amplio e integral. La propuesta incluirá la penalización de esta práctica y buscará establecer una definición clara para combatir esta forma de explotación infantil aún arraigada en la sociedad paraguaya.
Ayer la Cámara de Senadores rechazó un proyecto de ley que buscaba la criminalización del criadazgo. En su exposición de argumentos en contra, el legislador Gustavo Leite (ANR-HC) comparó la práctica del criadazgo con la cultura del consumo del tereré. “Es una ley antinatura, antiparaguaya”, aseguró y dijo que se debe ser “más patriotas”, pues considera que la iniciativa, que buscaba criminalizar este tipo de explotación infantil, viene del extranjero.
Senadores rechazaron y devolvieron a Diputados el proyecto contra el criadazgo en el país. La senadora Johanna Ortega se mostró molesta por la actitud de los legisladores, quienes ni siquiera se tomaron la molestia de analizar la propuesta. Indicó que en este trabajo, que duró un año, trabajaron varios entes del Estado.
La Cámara de Senadores rechazó y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que pretendía proteger a niños, niñas y adolescentes contra el criadazgo en el Paraguay. Tampoco tuvo en cuenta la recomendación de la Corte Suprema de Justicia de penalizar la conducta con hasta ocho años de cárcel. Los senadores coincidieron en que deben tener cuidado al modificar el Código Penal porque podrían provocar injusticias e impunidad. “No podemos criminalizar un problema social”, señalaron.