En Paraguay, los créditos de consumo y construcción alcanzan tasas de morosidad alarmantes de 4,71% y 3,99%, respectivamente, según el Banco Central. Con una cartera total de G. 180,3 billones, el panorama financiero revela disparidades preocupantes.
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) aprobó créditos por valor de US$ 27 millones en el primer mes del año. Los recursos financiaron principalmente proyectos del sector industrial y de viviendas, de acuerdo con los datos publicados por la institución.
Alrededor de 41.000 mujeres han accedido a créditos de largo plazo para sus diversos emprendimientos desde financiamiento de viviendas, negocios y estudios, esto mediante recursos y facilidades impulsadas desde la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con el fin de avanzar en la inclusión financiera de las mujeres.
Los desembolsos de créditos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) en el último año fue de unos US$ 245 millones, recursos que fueron canalizados a través del sistema financiero nacional. La mayor parte estos recursos fue para financiar proyectos del rubro inmobiliario.
El acceso al crédito es un pilar fundamental para el desarrollo económico, especialmente en un contexto donde las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dependen de financiamiento para expandirse, generar empleo y contribuir al crecimiento del país. En Paraguay, el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) ha desempeñado un papel clave en facilitar el acceso a financiamiento para sectores con dificultades en la obtención de crédito. Sin embargo, la evolución de las garantías emitidas en los últimos cinco años revela fluctuaciones que reflejan tanto el impacto de la coyuntura económica como los desafíos en la implementación de políticas de apoyo financiero.
Los créditos renovados, refinanciados y reestructurados (3R) constituyen herramientas fundamentales para la gestión financiera de los deudores y la estabilidad del sistema financiero. Dentro de este esquema, las medidas transitorias se refieren a políticas o regulaciones implementadas temporalmente para responder a situaciones coyunturales sin modificar permanentemente el marco normativo. En contraste, las medidas excepcionales se adoptan en contextos extraordinarios o de crisis con el propósito de mitigar impactos negativos en la economía.