Artemio Paredes Aquino, director del Archivo General de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y jefe de Romy Alice Aquino, hermana de la senadora tránsfuga Norma Aquino, alias “Yamy Nal”, no declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) su sueldo de militar retirado. Así lo evidencia la documentación publicada en el portal web del ente de control.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó “in limine” el último incidente planteado por el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez (ANR - cartista), condenado a 8 años de cárcel por el desvío de casi G. 860 millones con obras en 15 escuelas. La sentencia quedó firme en abril de este año, pero la defensa planteó varios recursos para dilatar la ejecución.
Romy Alice Aquino Luraghi es hermana de la senadora tránsfuga Norma Aquino, alias Yamy Nal, y figura como funcionaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde 1999. Esta antigüedad al parecer le permite a Aquino Luraghi gozar de ciertos privilegios en el Poder Judicial como de llegar, registrar su marcación y dirigirse de nuevo a su casa. La allegada a la legisladora del cartismo logró a finales de octubre último un ascenso con un ingreso mensual de G. 5.300.000.
Se puso en marcha el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera, en el cual las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen organizado serán instruidas por profesionales en seguir bienes y dinero. La intención es que adquieran habilidades especiales para proteger el sistema económico y financiero del país.
Las medidas cautelares otorgadas por la Corte, que permiten la importación de alimentos y bebidas sin registro sanitario, generan desigualdad en el mercado y ponen en riesgo la salud de los paraguayos. Así lo afirmó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco González, que impulsó acciones intentando contener la “lluvia de pedidos” de firmas, varias de ellas de maletín, que quieren “puentear” las normas sanitarias.
Una empresa suspendida por la Dinac en 2009 tras un grave incidente con una vetusta aeronave en la cual viajaban 80 personas a Uruguay insiste con el cobro de una supuesta indemnización de US$ 22 millones. La compañía pidió la nulidad de una última disposición de la Justicia mediante la cual se rechazaba su inédita pretensión.