corrupción

BUENOS AIRES. La expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015), declara hoy ante la justicia de su país por un caso de corrupción. “Como no hay pan, hay circo”, lanzó desde su cuenta de la red social X. Anticipó que se expedirá sobre la causa. Se esperan grandes repercusiones.

Citando como fuente el BID, el ministro del Interior, Enrique Riera, cuantificó en seis millones de dólares diarios el costo generado por la corrupción. No hay datos actualizados con respecto a los gastos superfluos, pero es presumible que también sean bastante altos. Un buen ejemplo del derroche son los viajes oficiales al exterior, con gastos pagos, como los realizados entre noviembre de 2025 y marzo de este año a Estados Unidos y España por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, en compañía de algunos funcionarios, para difundir entre los compatriotas el programa Che Róga Porã. El “trabajo” costará a los contribuyentes casi 500 millones de guaraníes, suma que bien podría haberse ahorrado mediante la actuación de las ociosas embajadas paraguayas, a las que se podrían haber enviado las informaciones e instruir a los funcionarios diplomáticos para que las proporcionen a los compatriotas interesados. Las promociones también se podrían haber hecho vía internet.

El exministro de Educación Luis Alberto Riart Montaner, de 63 años, consiguió permiso del Juzgado de Ejecución para dejar 30 horas a la semana el domicilio donde cumple su condena a 3 años de cárcel por lesión de confianza. El sentenciado estuvo solo 6 meses en la cárcel y obtuvo la prisión domiciliaria en diciembre de 2024, con el argumento que su esposa necesita de su presencia en la casa para cuidar a su padre enfermo.

El Congreso Nacional se encuentra ante un espejo que refleja su más profunda incoherencia moral e institucional. El senador Erico Galeano (ANR-HC), condenado recientemente a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la Operación A Ultranza Py, por sus vínculos probados con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel “Tío Rico” Insfrán, sigue siendo dueño de su banca. En efecto, se dio el lujo de pedir permiso en vista de que no se ha concretado su expulsión inmediata por tan grave caso, contrariamente a lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la exsenadora Kattya González por parte de una mayoría cartista y sus satélites, por una causa infinitamente menos grave que, inclusive, fue luego desestimada, pero la Corte Suprema de Justicia, al parecer, no se anima a fallar en su caso para poner las cosas en su lugar. Se observa así un doble estándar escandaloso y políticamente orquestado.

Tras casi dos años y siete meses al frente de Petropar, Eddie Jara dejó el cargo en medio de denuncias de posible corrupción. Tiene sobre sus espaldas millonarios contratos fallidos de combustibles, adjudicaciones a empresas dudosas y un análisis de la Contraloría a su declaración jurada que detectó depósitos en efectivo, transferencias y gastos que superan ampliamente sus ingresos. Este examen del ente de control está por concluir, según se informó.