27 de mayo de 2025
Una motociclista denunció hoy la extraña desaparición de su cartera en el puesto de la Patrulla Caminera que está instalado en el Kilómetro 23 de la ex-Ruta 1 (Ruta Departamental PY027), en J. Augusto Saldívar. Según la denuncia policial, el extravío cuando trataba de solucionar el pago de una multa y la mujer responsabilizó de ello a dos agentes femeninos de la base.
Este 14 de mayo se cumplirán ya 15 meses de una de las mayores afrentas a la institucionalidad de uno de los poderes del Estado en la era democrática que culminó con la expulsión del Congreso Nacional de una senadora, Kattya González (ex-PEN), electa por un centenar de miles de votos que la legitimaron. En un claro mensaje “aleccionador” de sometimiento a la “corona” que ordena los lineamientos políticos en el Parlamento, en el Ejecutivo y probablemente en la Justicia paraguaya, Kattya González era expulsada de su banca luego de un juicio político en el cual una mayoría coyuntural obedecía con la orden de destitución. Y con ello, se generaba el quiebre institucional que solo podría ser enmendado por la Justicia, a cargo de la máxima instancia a través de una declaración de inconstitucionalidad.
A continuación trataremos una exposición analítica respecto a los parámetros que se precisan en clave a la formulación gnoseológica de la “corrupción”, a partir del beneficio económico ilegítimo, sea para el mismo agente y/o para terceros. Entretanto, se presenta “significativa” aquella Resolución Nº 1/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comprende a la corrupción como: “un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y afecta el acceso a los derechos humanos”.
Luego de varias suspensiones se inició esta mañana el juicio oral y público al intendente electo de Puerto Casado Hilario Adorno Mazacote (ANR - cartista), acusado de supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio. En la etapa incidental la defensa solicitó la nulidad de la acusación fiscal y el sobreseimiento definitivo del encausado.
Otro nuevo escándalo que salpica a la polémica concejala de Lambaré Carolina González, precandidata a intendenta de esa ciudad y esposa del exdiputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), esta vez tiene que ver con la filtración de unos chats comprometedores en los que supuestamente dio a conocer las respuestas de un examen de ingreso a Institutos de Formación Docente. Pese al largo historial que la vincula con aparentes hechos de corrupción, la misma preside la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay, lo que al parecer le habría permitido obtener los temas de examen para la prueba que quedó frustrada luego de salir a la luz los mencionados chats que evidencian una posible filtración. Pero ajena a estos hechos, Carolina González lanzó su precandidatura a la intendencia de Lambaré. Para pretender este cargo, primero debería levantar las varias sospechas que pesan sobre ella.
Mientras informes oficiales revelan que “fallas en todos los niveles” derivaron en la muerte de un bebé por falta de unidad de terapia intensiva (UTI) en Villarrica, un sector de la clase política y de los legisladores abusa de su poder para acceder a una salud privilegiada y usan al Estado para darles sueldazos a sus hijos en contra de universitarios.