6 de diciembre de 2025
En Canindeyú, la “Operación Umbral”, coordinada entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y la Tercera División de Caballería (3DC), condujo a la captura de cuatro narcotraficantes y a la muerte de uno de ellos, así como a la incautación de tres grandes camiones, 14 camionetas y dos automóviles, todos ellos cargados con 89 toneladas de marihuana prensada, en total. Como se trata de una cifra récord, la intervención debe calificarse de muy fructífera, siendo de lamentar que el mérito no pueda ser compartido con la Policía Nacional y no solo porque estuvo ausente. En efecto, pesa sobre esta última institución la grave acusación del jefe de la Senad, Jalil Rachid, de que la enorme caravana delincuencial interceptada había pasado ante al menos once comisarías, a lo largo de unos 120 kilómetros, sin que ningún agente lo haya advertido, o no lo haya querido advertir, porque según el jefe antidrogas, “estaba todo liberado el camino”. ¡Gravísimo!


El concejal Álvaro Grau cuestionó el presupuesto plurianual aprobado en Asunción, al que considera “ilegal” y financieramente inviable. Habló además sobre una municipalidad “quebrada”, sin fondos para jubilaciones, bonos ni servicios básicos, y aseguró que la única salida real es un recorte masivo de funcionarios.

El actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, aparece junto con Nicolás Leoz (+), Juan Ángel Napout y otros exdirigentes deportivos recibiendo pagos “sin el adecuado soporte documental” en el informe final de la auditoría forense encargada por la propia institución, que concluyó en 2017. Llamativamente, la administración de Domínguez nunca le dio el debido seguimiento a los hallazgos de esta auditoría realizada por una consultora norteamericana. Se hizo una “denuncia innominada” que quedó cajoneada hasta al fallecimiento de Leoz y fue desestimada sin apelación por parte de la entidad.
Con el voto de los concejales colorados, la Junta Municipal asuncena aprobó un Presupuesto que regirá ¡hasta el 2028!, pese a que el art. 36 de la ley orgánica que la rige le faculta a sancionarlo “anualmente” y a que, el 180 dice que “el ejercicio financiero o ejercicio fiscal se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año”. La ordenanza resultante podrá ser atacada en sede judicial por su evidente ilicitud, atendiendo el orden de prelación de las disposiciones jurídicas, dispuesto en el art. 137 de la Constitución. Sus promotores no pueden invocar ninguna normativa que autorice al intendente y a los ediles a atar las manos a sus respectivos sucesores, mediante un Presupuesto plurianual. Aunque, en verdad, no deben extrañar estas barbaridades pues los concejales involucrados en esta cuestionable operación son en su mayoría los mismos que aprobaron todas las atrocidades que llevaron a la debacle a la comuna bajo la dirección del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, dejó sin espacio físico en la zona aledaña al futuro puente del Corredor Bioceánico, a dos instituciones públicas: la Administración Nacional de Navegación y Puertos y la Dirección Nacional de Aduanas, hoy dependencia de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Seguidamente, 60 hectáreas fueron vendidas por la actual administración del Indert a Marlene Araceli Oviedo y 29 a Adolfo Gabriel Ehreke, a precios 244 veces inferiores a los vigentes en el mercado inmobiliario (!). La exasesora jurídica del Indert, Carolina Pacce, reveló que había sugerido al presidente priorizar a las entidades públicas y actualizar la escala de precios, que data de 2013, dado el notorio aumento de los mismos. En su opinión, las adjudicaciones pueden ser anuladas, por no haberse seguido el procedimiento previsto en el Estatuto Agrario.