CORRUPCIÓN

Al parecer, la amenaza a la libertad de prensa es cosa de antaño; podríamos decir, desde la antigüedad.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, difundido hace unos días por la conocida organización Transparencia Internacional, los paraguayos estiman que en su país la deshonestidad campea en el sector público, tanto que, en Sudamérica y por tercer año consecutivo, solo los venezolanos tienen una percepción aún más negativa con respecto al suyo. En una escala que va del cero (“muy corrupto”) al cien (“muy limpio”), el Paraguay ocupa el puesto 149 de entre 180 países y territorios, habiendo perdido cuatro puntos con relación al estudio de 2023. En otros términos, la espantosa corrupción se ha agravado aún más a los ojos de sus propios habitantes, de lo que nuestras autoridades parecen no estar enteradas y siguen presentando al Paraguay como un verdadero paraíso terrenal, como si los interlocutores internacionales no estuvieran conectados a los medios y no supieran lo que ocurre en el país.

El próximo 14 de febrero se cumplirá un año del mayor avasallamiento a la democracia por parte del Congreso Nacional, de los últimos tiempos, con la expulsión de la exsenadora Kattya González (ex-PEN), para lo cual, con mayoría cartista, nuestros desvergonzados senadores violaron garantías fundamentales de un debido proceso, como el ejercicio de la defensa y la imparcialidad del cuerpo legislativo en el marco de un libelo acusatorio montado con el objetivo de dejar a la senadora opositora “fuera del tablero”. Coincidentemente, un año después somos testigos de un bochornoso escándalo como consecuencia de las filtraciones de mensajes comprometedores, entre otros, del expresidente y exvicepresidente primero del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el diputado Orlando Arévalo (ANR, HC) y el hoy fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), que dejaron al descubierto cómo opera el poder político para someter a jueces y fiscales corruptos.

“Hay que matar la víbora en su nido”, escribió en marzo de 2021 el extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes al extitular de la Dinac y declarado “significativamente corrupto” por EE.UU. Égdar “Beto” Melgarejo. Fue al pedirle a Melgarejo que intermedie a su favor para “parar” con los pedidos de informe que estaba realizando el extitular de la Seprelad Carlos Arregui. El fallecido legislador también manejaba la Dinac, intermediando para la liberación de una avioneta que ingresó en 2019 a nuestro país sin permiso alguno.

Gremios empresariales, organizaciones civiles y desde distintos ámbitos se posicionaron en medio de los escándalos de corrupción y tráficos de influencia que sacuden a legisladores, fiscales y jueces nuestro país, y piden que estos hechos no empañen la economía nacional que con tanto sacrificio se viene construyendo desde diferentes ámbitos.