CORRUPCIÓN

Gremios empresariales, organizaciones civiles y desde distintos ámbitos se posicionaron en medio de los escándalos de corrupción y tráficos de influencia que sacuden a legisladores, fiscales y jueces nuestro país, y piden que estos hechos no empañen la economía nacional que con tanto sacrificio se viene construyendo desde diferentes ámbitos.

Sin dudas el 2025 viene cargado de sorpresas, y un 3 de febrero no podía pasar desapercibido en la historia del Paraguay. Al tiempo de recordar que hace 36 años empezábamos a caminar en democracia tras una larga y cruenta dictadura stronista, en fecha coincidente también recibíamos con asombro la denuncia realizada por el juez Osmar Legal en el marco de la investigación de la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien dio a conocer parte de la pericia realizada al teléfono del diputado fallecido en un enfrentamiento con la policía durante un allanamiento de su vivienda como parte de una investigación de supuesto narcotráfico. Los datos dados a conocer muestran cómo funciona aparentemente el engranaje de la mafia política, que salpica a fiscales y jueces, y en este caso supuestamente al diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y hoy vicepresidente del organismo.

El diputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko (ANR, cartista), representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), expresidente y actual vicepresidente primero del más alto Tribunal que juzga a fiscales y jueces en el Paraguay, no puede durar un minuto más en ningún cargo público. El seriamente indiciado por actos que serían ilegales tuvo el descaro de solicitar ayer un vergonzoso “permiso temporal” indeterminado. Esta ignominia, en el máximo tribunal juzgador de jueces y fiscales, es absolutamente inadmisible y deshonrosa para la República del Paraguay en general y para los otros miembros del JEM en particular. Si nuestra República no aprovecha coyunturas como estas para emprender una depuración profunda de sus instituciones, arrancar de raíz la podredumbre legislativa, judicial y fiscal, aplicar castigos ejemplares e implacables a los corruptos, sin margen de duda podremos afirmar que en Paraguay, la mafia manda.

En virtud de una paradoja cruel, en nuestro país no escasea el agua, pero son muy frecuentes los cortes en los suministros de energía hidroeléctrica y del vital líquido, sobre todo durante el verano, como resultado de las deficiencias de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap). “Apenas prendés un aire acondicionado y ya se te corta la luz, o no podés regar tus plantas porque escasea el agua”, se quejaba una pobladora de San Bernardino, la tradicional ciudad veraniega distante apenas 45 km de Asunción. Y conste que estos problemas no se presentan repentinamente, sino que se repiten cada año, de modo que la falta de solución ya obedece, sin lugar a dudas, a la inutilidad, la imprevisión, la indiferencia o la corrupción, o todas ellas juntas, de las autoridades de ambas entidades.

Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o le aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen, el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.