CORRUPCIÓN

Al parecer nuestro país está volviendo a la vieja práctica de hacer sistemática la delación. Lejos de todo lo que puede esperar la ciudadanía, las personas que denuncien hechos irregulares, crímenes o corrupción corren el riesgo de ser ellas mismas las investigadas.

La hija de la senadora tránsfuga Norma Aquino, alias Yamy Nal, Yvanna María Yamila González Aquino, presentó su declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) como funcionaria de la Itaipú Binacional en enero de 2024. Sin embargo, no figura en la última nómina de funcionarios de la entidad, tampoco hay algún rastro de baja del cargo en la CGR.

Al parecer, la amenaza a la libertad de prensa es cosa de antaño; podríamos decir, desde la antigüedad.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, difundido hace unos días por la conocida organización Transparencia Internacional, los paraguayos estiman que en su país la deshonestidad campea en el sector público, tanto que, en Sudamérica y por tercer año consecutivo, solo los venezolanos tienen una percepción aún más negativa con respecto al suyo. En una escala que va del cero (“muy corrupto”) al cien (“muy limpio”), el Paraguay ocupa el puesto 149 de entre 180 países y territorios, habiendo perdido cuatro puntos con relación al estudio de 2023. En otros términos, la espantosa corrupción se ha agravado aún más a los ojos de sus propios habitantes, de lo que nuestras autoridades parecen no estar enteradas y siguen presentando al Paraguay como un verdadero paraíso terrenal, como si los interlocutores internacionales no estuvieran conectados a los medios y no supieran lo que ocurre en el país.

El próximo 14 de febrero se cumplirá un año del mayor avasallamiento a la democracia por parte del Congreso Nacional, de los últimos tiempos, con la expulsión de la exsenadora Kattya González (ex-PEN), para lo cual, con mayoría cartista, nuestros desvergonzados senadores violaron garantías fundamentales de un debido proceso, como el ejercicio de la defensa y la imparcialidad del cuerpo legislativo en el marco de un libelo acusatorio montado con el objetivo de dejar a la senadora opositora “fuera del tablero”. Coincidentemente, un año después somos testigos de un bochornoso escándalo como consecuencia de las filtraciones de mensajes comprometedores, entre otros, del expresidente y exvicepresidente primero del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el diputado Orlando Arévalo (ANR, HC) y el hoy fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), que dejaron al descubierto cómo opera el poder político para someter a jueces y fiscales corruptos.