27 de septiembre de 2025
El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que el 8 de septiembre lanzó una Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud, se dirigió al cardenal arzobispo de Asunción Adalberto Martínez, a través de un comunicado, para denunciar “hechos de corrupción estructural que comprometen el derecho a la vida” y ocurren en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dirigido por María Teresa Barán. También le pidió su mediación ante el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República (CGR) a fin de que los responsables del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que está integrado al Ministerio y financia el tratamiento de enfermedades que generan altos costos, sean removidos e investigados y el caso sea remitido a la Justicia. La salud pública no debe seguir expuesta a la corrupción, unida a la ineficiencia.
Los escandalosos hallazgos consignados en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), de confirmarse, pondrían de manifiesto uno de los más deplorables negociados en la larga y triste historia de corrupción en el país. Parece mentira, pero, por lo que se desprende del informe, es una penosa realidad, que haya “paraguayos”, tanto en el Gobierno como en el sector privado, que medren con la desgracia y el sufrimiento de sus compatriotas y de la población en general, en especial de los sectores más humildes y desamparados. Aunque todavía falta escuchar descargos y deslindar responsabilidades, lo que se presenta a primera vista es una repugnante trama de colusión entre funcionarios de salud pública y empresarios vinculados con la provisión de costosos servicios, medicamentos e insumos oncológicos.
Entre 2014 y 2025, la cantidad de cargos públicos ha aumentado de 280.662 a 334.541, sin considerar los municipales, que no integran el presupuesto nacional. Es indudable que el clientelismo y el nepotismo están muy arraigados en la cultura político-administrativa del país, más allá de los colores. Como quienes deben velar por el buen uso del dinero de sus representados son muy adictos a esos vicios, contrarios a la ley, a la ética y a la razón, explica, por ejemplo, que la cantidad de puestos en el Congreso, que desde este año cuenta con 288 enchufados adicionales, haya tenido el mayor incremento relativo con un 63,6%. En pocas palabras, el Estado no debe seguir siendo un botín de guerra a ser repartido entre los ávidos patrones y sus diversas clientelas, sin olvidar a los parientes. Demasiada gente vive hoy del Estado succionando sus recursos, dejándolo sin posibilidad de prestar servicios eficientes a los contribuyentes que lo mantienen con sus sacrificios.
Adilson Gustavo Salcedo Núñez (26 años) es hijo del exdiputado cartista y exgobernador de Presidente Hayes condenado por corrupción Óscar “Ñoño” Núñez, que también logró acomodarse en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) desde abril pasado. Figura como “técnico” de la oficina en Benjamín Aceval, con un salario mensual de G. 5.900.000. Ñoño es hermano del actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
El concejal Álvaro Grau anunció que este miércoles presentará una nueva denuncia con documentos que, según afirma, demuestran un esquema de sobrefacturación sistemática durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción. ¿De qué trata esta nueva acción?
Ante el poco avance de la investigación fiscal, presentan otra denuncia contra el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, por supuestos indicios de corrupción cuando fungía de gobernador de San Pedro. Piden que la causa sea investigada por fiscales de Delitos Económicos y no por un fiscal barrial.