6 de septiembre de 2025
Los efectivos de la Policía Nacional no solo combaten a los autores de hechos punibles, sino que también en muchos casos, estos son cometidos por ellos mismos, es decir, conocen las dos caras de la moneda. Una de ellas –la muy sucia– salió a relucir varias veces en este mes que termina. Si la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, encargada de investigar las irregularidades y las faltas de los uniformados, tiene mucho trabajo que hacer, es porque las lecciones sobre la ética profesional impartidas en el Colegio y en la Academia de Policía, así como –se supone– las arengas matinales en las comisarías, no están dando los resultados deseables. Es necesario que el ciudadano confíe en el agente policial, en vez de presumir que es un hampón disfrazado, según le enseñarían la experiencia propia y la ajena. Basta con tener que cuidarse de los delincuentes comunes; ya resulta excesivo precaverse además de los uniformados a sueldo de sus eventuales víctimas.
Adilson Gustavo Salcedo Núñez (26 años) es hijo del exdiputado cartista y exgobernador de Presidente Hayes condenado por corrupción Óscar “Ñoño” Núñez, que también logró acomodarse en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) desde abril pasado. Figura como “técnico” de la oficina en Benjamín Aceval, con un salario mensual de G. 5.900.000. Ñoño es hermano del actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
El concejal Álvaro Grau anunció que este miércoles presentará una nueva denuncia con documentos que, según afirma, demuestran un esquema de sobrefacturación sistemática durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción. ¿De qué trata esta nueva acción?
Ante el poco avance de la investigación fiscal, presentan otra denuncia contra el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, por supuestos indicios de corrupción cuando fungía de gobernador de San Pedro. Piden que la causa sea investigada por fiscales de Delitos Económicos y no por un fiscal barrial.
La intervención de la Municipalidad de Asunción ha sacado a la luz un par de corruptelas que, como si fueran pocas las que se le atribuyen al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), dicen mucho también acerca de la calaña de numerosos ediles. Distan de ser asombrosas, pues solo confirman que hay representantes de los vecinos que se valen del cargo electivo en provecho propio y ajeno, ignorando las normativas en vigor con toda impunidad: actúan como si fueran propietarios del gobierno comunal. La primera tiene que ver con varios concejales colorado-cartistas, quienes en marzo aprobaron un convenio con la calificadora de riesgos Criterion SA, propiedad de la familia de Nenecho, para presionar a los contribuyentes morosos mediante la difusión de una “lista negra”. Ahora resulta que los propios “inquisidores” mencionados también son morosos.
La Cámara de Diputados volverá a tratar hoy un proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista), que favorece la impunidad sobre todo en los causas penales ligadas a la corrupción y al crimen organizado. Ya lo había aprobado en octubre de 2024, pero en marzo último los senadores hicieron bien en rechazarlo por unanimidad. Si la mitad más uno de los 80 diputados se ratificara y la Cámara Alta no volviera a rechazar la infeliz iniciativa por mayoría absoluta de dos tercios de sus 45 miembros, ella quedaría sancionada en mala hora. Se diría que al diputado proyectista le tienen sin cuidado la inseguridad interna y la inserción del crimen organizado hasta en las entidades públicas, como el Congreso, según lo denunciaron las más altas autoridades.