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Tras el cierre de fronteras, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó en abril del año pasado un decreto mediante el cual puso en vigencia la utilización de albergues comunitarios para contener el virus. Fue así que los compatriotas que retornaban al país desde diversas partes del mundo tuvieron que pasar incluso más de 15 días aislados. La medida, que en ese momento fue aplaudida por la ciudadanía en general y logró su cometido de frenar la propagación del virus, hoy se recuerda como excesiva y un atropello a la libertad.

El primer deceso reportado en Paraguay a raíz del covid-19 se registró el 20 de marzo del 2020. A casi un año de aquel suceso, el país ya reporta más de 3.200 defunciones a causa de la enfermedad.

A un año de que las clases presenciales se suspendieran como parte de las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno para ralentizar la propagación del covid-19, el desafío sigue siendo cómo garantizar enseñanza de calidad para todos los estudiantes del país en un contexto de inequidades, principalmente en el sector oficial.

Hace un año, cuando apenas se anunciaban los primeros casos de covid-19, el país decidió aplicar estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación comunitaria. Muchas de esas restricciones impuestas por Salud Pública y el gobierno nacional continúan vigentes y controlan la economía de un pueblo ahogado en deudas.

El covid-19, un virus desconocido hace un año, golpeó a nuestro país así como al resto del mundo de modos que nadie imaginó, enlutando a miles de familias y dejando en la quiebra a otros cientos tras largos periodos de internación. A un año de la pandemia, la esperanza de afrontar la crisis sanitaria se deposita en la inmunización del pueblo. Sin embargo, la espera se hace cada vez más larga.