22 de enero de 2026

Jubilados de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), se manifestaron en la mañana de este miércoles frente a la sede central de la institución, en el microcentro de Asunción, para reclamar el pago de unos 12 millones de dólares que se les adeuda.

Más de mil cien jubilados se encuentran afectadas por esta situación, por la cual vienen reclamando desde el año 2017. Solicitan el 0,50 por ciento sobre sus haberes jubilatorios, beneficio que está establecido dentro del contrato colectivo y homologado por leyes.


La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación emitió dictamen que recomienda la aprobación del proyecto de ley “Que aprueba el contrato de concesión para la explotación de servicios básicos de telecomunicaciones, local, de larga distancia nacional y de larga distancia internacional, a ser suscrito entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones (Copaco)”. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y faltaría su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Trabajadores de Cañas Paraguayas SA (Capasa) y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) están movilizados con medidas de fuerza porque, según sostienen, hace meses que no les pagan sus salarios y, en el caso de Capasa, desde el año pasado les suspendieron sus coberturas en el Instituto de Previsión Social por falta de transferencias de los aportes obrero-patronales, pese a que se les hace el descuento. El Gobierno dio su visto bueno para sucesivos y costosos planes de “estabilización” para estas empresas estatales en quiebra que terminaron todos en fracaso, pese a lo cual respalda a los directivos, cuyos sueldos no se sabe a cuánto ascienden, como tampoco se sabe si para ellos también rige el retraso en el pago. Capasa y Copaco no son casos aislados, ni mucho menos. La Industria Nacional del Cemento y Petropar también arrojan pérdidas en sus administraciones.