Como parte del escándalo que involucra al diputado Orlando Arévalo ante sus conversaciones con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) y la asociación Somos Anticorrupción Paraguay (Sapy) dieron a conocer su postura. “Exigimos acciones concretas e inmediatas”, es parte de lo expresan.
Desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), acompañada de la asociación civil “Somos Anticorrupción Paraguay”, expresan su total repudio al fallo unipersonal del juez Wilfrido Peralta en contra de la libertad de prensa en una causa impulsada por la exviceministra cartista Marta González Ayala.
Como se ha hecho costumbre para dos entidades ciudadanas, este sábado se realizará una vez más la denominada CorrupTour Py, frente a la Municipalidad de Capiatá, que tiene por objetivo mantener vida la memoria colectiva de los principales perpetradores de la corrupción pública en nuestro país.
Dos organizaciones civiles solicitaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia César Manuel Diesel, que ordene la auditoría integral del expediente donde está procesado por cobro indebido de honorarios y lesión de confianza el exrector de la UNA Froilán Enrique Peralta, porque el tribunal de sentencia, tras volver de una suspensión del juicio oral por más de 10 días, dispuso que sea otro tribunal colegiado el que prosiga la audiencia. La causa ya tiene 6 años y va camino a la impunidad.
Miembros de la sociedad civil organizada, en reunión con el ministro de la Corte Suprema Manuel Ramírez Candia, les plantearon los problemas cotidianos en los tribunales y solicitaron la implementación de medidas para reencausar los procesos, así como la aplicación de sanciones a jueces morosos y abogados chicaneros. La Corte debe bajar una línea de procedimientos por medio de circulares, instructivos, u otros medios, para combatir las dilaciones que conllevan a la impunidad.
Ante el ninguneo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diésel, dos organizaciones civiles reiteran el pedido para incluir otras 5 causas penales en el Observatorio judicial de manera a que la ciudadanía pueda ejercer el control sobre las mismas y se cumplan con los objetivos de transparencia y combate a la impunidad de los procesos.