16 de noviembre de 2025

Las contrataciones de personal que realizan la instituciones públicas en virtud de una declaración de emergencia nacional, desastre o calamidad pública cesarán de manera automática al momento de finalizar su vigencia, según establece el Decreto N° 4777 del Poder Ejecutivo.


El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, estableció el procedimiento para solicitar excepciones al concurso de méritos para la contratación temporal de personal hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, las renovaciones se harán por concursos.

A diferencia de la “nepobaby” Camila Figueredo, hija del diputado Héctor “Bocha” Figueredo; funcionarios contratados de la Cámara de Diputados, que tienen entre 10 y 20 años de antigüedad, nunca lograron conseguir la “recategorización” que solicitaron en numerosas ocasiones.

Desde la asesoría jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) creen que dentro del esquema de venta de cargos y estafas hay más personas operando. Sobre los trece mil contratados con que cuenta la previsional sostienen que Talento Humano podrá hacer una evaluación exhaustiva de cada uno, porque es probable que muchos no estén cumpliendo funciones.

PARAGUARÍ. Funcionarios de diferentes áreas de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de este distrito denuncian que son víctimas de persecución política. Fueron alertados que 28 trabajadores de este distrito ya no serán contratados por la previsional. Al respecto, la directora médica, Dra. Gricelda González dijo que desconoce el hecho, pero que sí sabe que los contratos fenecen el 31 de diciembre y que la continuidad de ellos depende de la administración Central.
Uno de los grandes males de nuestra administración pública es el prebendarismo, estrechamente ligado al clientelismo. Más allá de la corrupción voraz, los cargos superfluos generan gastos innecesarios a costa de los que serían útiles para el bien común, siempre que sean ejercidos por personas idóneas y no por las que solo pueden ostentar su condición de amigas, parientes o correligionarias de la autoridad que las nombró o contrató, al margen de la Ley de la Función Pública. Tal como están las cosas, los alrededor de 340.000 funcionarios y 50.000 contratados insertos en 412 entidades son una carga muy pesada para el país. Los legisladores deberían ser los más interesados en que el dinero de los contribuyentes, a quienes representan, sea bien empleado.