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PARAGUARÍ. Funcionarios de diferentes áreas de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de este distrito denuncian que son víctimas de persecución política. Fueron alertados que 28 trabajadores de este distrito ya no serán contratados por la previsional. Al respecto, la directora médica, Dra. Gricelda González dijo que desconoce el hecho, pero que sí sabe que los contratos fenecen el 31 de diciembre y que la continuidad de ellos depende de la administración Central.

Uno de los grandes males de nuestra administración pública es el prebendarismo, estrechamente ligado al clientelismo. Más allá de la corrupción voraz, los cargos superfluos generan gastos innecesarios a costa de los que serían útiles para el bien común, siempre que sean ejercidos por personas idóneas y no por las que solo pueden ostentar su condición de amigas, parientes o correligionarias de la autoridad que las nombró o contrató, al margen de la Ley de la Función Pública. Tal como están las cosas, los alrededor de 340.000 funcionarios y 50.000 contratados insertos en 412 entidades son una carga muy pesada para el país. Los legisladores deberían ser los más interesados en que el dinero de los contribuyentes, a quienes representan, sea bien empleado.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia se vio obligado a postergar el nombramiento de 1.110 contratados como funcionarios permanentes del Poder Judicial, ante la oposición de los ministros Manuel Ramírez Candia, César Garay, Eugenio Jiménez y Gustavo Santander. Llamativamente, la propuesta surge a pocos días de las elecciones generales.

El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Elizeche, se ocupó del eterno problema de unos 50.000 “contratados” en la función pública, es decir, el de quienes en su enorme mayoría ingresaron ilegalmente y aún no han obtenido el ansiado nombramiento como funcionario, por la simple razón de que tal vez la influencia de sus respectivos “padrinos” es insuficiente por el momento. Pero, quienes ingresaron en tal carácter no lo fueron para que sean incluidos y se atornillen en las planillas del Presupuesto, sino para atender una necesidad urgente, de manera temporal, tras lo cual deben ser “descontratados” sin compromiso alguno de parte del Estado. Las disposiciones vigentes en la materia son letra muerta.

Los contratados en la era de Mario Abdo Benítez. “Son 18 mil nuevos personales ingresados en este periodo de Gobierno”, expresó Marco Elizeche, viceministro de Administración Financiera de Hacienda .