15 de enero de 2026

Luego de las publicaciones referentes al libro “Por qué hicimos lo que hicimos. Legado de una transformación” cuya autoría se atribuye al contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, la institución a su cargo explicó quién financió el proyecto, cuál es el propósito y por qué se omitió cumplir con la Ley de Fomento del Libro y la Lectura.

La Contraloría General de la República (CGR) notificó hoy a la pareja conformada por los cartistas Eddie Jara y Johana Vega que tienen una prórroga de 20 días para contestar a las observaciones en las declaraciones juradas (DD.JJ.) de ambos.

Una fiscalización de la Contraloría reveló que el Estado invirtió más de US$ 100 millones en el acueducto del Chaco sin ser propietario de los terrenos en los que se ejecutaron importantes obras, como tanques de almacenamiento, centros de distribución, las estaciones de bombeo e incluso la planta de tratamiento. La Fiscalía investiga una posible lesión de confianza en esta obra que involucra a tres Gobiernos.

La nueva Ley de la Función Pública y del Servicio Civil crea un Sistema de Denuncias para reportar irregularidades en concursos públicos, cuya coordinación podría quedar a cargo del MEF y la Contraloría. Aunque la norma refuerza el mérito, la igualdad y la transparencia, el mecanismo aún no fue reglamentado, mientras la región muestra modelos con arbitraje independiente y reclamos sin paralizar procesos.

Mientras la Contraloría cuestiona el origen de los fondos de un préstamo de G. 2.800 millones que Eddie Jara otorgó a Edith Marilin Ayala de Macchi, dueña de una empresa proveedora a la que contrató durante el gobierno de Horacio Cartes, se confirma ahora que el esposo de Macchi opera un servicentro de Petropar en Caacupé. El contrato de operación fue firmado por el propio Jara en 2017.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) confirma que el acueducto del Chaco, de 203 kilómetros de largo, es un fiasco monumental. Entre 2012 y 2022, ha insumido más de cien millones de dólares en quince contrataciones, sin provecho alguno para los pobladores, que hasta hoy se ven forzados a recurrir a tajamares. Según la “fiscalización especial inmediata” del órgano contralor, iniciada en enero de 2023 (!), se cometieron gravísimas irregularidades, como la falta de estudios de factibilidad del proyecto y de auditorías internas de su ejecución, las ampliaciones ilegales de la vigencia de los contratos, la inclusión de obras y rubros no previstos en ellos y el hecho de que no hayan sido rescindidos, pese a las sugerencias de una consultoría fiscalizadora que costó 7.000 millones de guaraníes. Es intolerable que desde hace más de una década se venga defraudando al erario y a la población chaqueña, sin que hasta hoy los responsables hayan rendido cuentas a la Justicia.