Contraloría General de la República (CGR)

Integrantes de la Junta Municipal de Carmen del Paraná se mostraron indignados ante la selectividad con la que la Contraloría General de la República (CGR) solicita intervenciones a los municipios. Entretanto, el pedido de intervención a su municipalidad fue “cajoneado”, porque aparentemente el intendente es de la línea política del presidente de la República, según reclamaron. Además, a modo de aparente amedrentamiento, a dos ediles no se les paga gastos de representación ni dieta desde hace más de un año.

La Contraloría General de la República (CGR) pidió, de manera formal, a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) una serie de informes y documentos sobre su gestión en Itaipú, en respuesta a una denuncia que le presentaron organizaciones ciudadanas. El pedido fue remitido mediante la Nota CGR N° 3052, firmado por el contralor Camilo Benítez el 29 de mayo último.

El abogado constitucionalista Emilio Camacho acusó al contralor general Camilo Benítez de usurpar funciones al solicitar la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, afirmando que la Constitución no le otorga esa atribución. Desde la Contraloría, el abogado Leandro Villalba defendió el pedido, asegurando que el artículo 165 de la Carta Magna respalda la medida ante graves irregularidades.

La CGR resolvió que realizará una auditoría de la gestión del intendente de Bahía Negra, Joao Ferreira (ANR – FR), ante una denuncia realizada por concejales municipales. Sospechan de la existencia de obras sobrefacturadas por costos millonarios, sin contar con el aval de la Junta Municipal, según refirieron los propios ediles.

El abogado constitucionalista Emilio Camacho aseguró que los intendentes Miguel Prieto y Óscar Rodríguez pueden recurrir ante la Corte los pedidos de intervención planteados por la Contraloría General de la República. Aseguró que se violó “terriblemente la Constitución” en ambos casos, pues no tiene atribución para hacerlo.