25 de abril de 2026

Un período de importantes reconocimientos locales e internacionales reafirma la solidez de la reputación de Deloitte Paraguay, reflejo de su trayectoria, su cultura organizacional y su compromiso sostenido con la calidad en la prestación de servicios.


Una revisión sobre lo que gasta una mínima lista de instituciones estatales fue suficiente para dimensionar el volumen de dinero que mueve el negocio de las consultorías con el Estado paraguayo. En 20 entidades se han desembolsado G. 521.509 millones (USD 70 millones) en apenas tres años en este rubro, según datos de Contrataciones Públicas.

La empresa Tecnoambiental, representada por Guillermo de Barros Barreto, hermano del ministro del MADES Rolando de Barros Barreto, fue el único oferente de la licitación de Petropar para la contratación de una consultoría de “diagnóstico” de sus plantas y servicentros. Nuevamente se sospecha de un posible direccionamiento, pero desde la petrolera pública señalaron que en el llamado “se presenta quien quiere presentarse”.

Petropar destinará G. 1.587 millones en una consultoría para un “diagnóstico” integral de sus plantas de Villa Elisa y Troche , además de sus ocho servicentros propios. En la estatal se jactan de “austeridad”, pero dilapidarán una fortuna en esta contratación, cuando sus más de 1.000 funcionarios podrían hacer este trabajo.

El Senado rechazó y remitió al archivo el plan del gobierno de Mario Abdo Benítez que era para tomar un préstamo del Banco Interamericano de Desarollo (BID) de US$ 20.600.000, que pretendía usar en el pago a consultorías para el Ministerio de Hacienda, específicamente sobre el sistema de pensiones y jubilaciones.
Es mucho el dinero que la alianza entre corruptos y charlatanes arranca al contribuyente, a menudo con la aparente complicidad de organismos internacionales. Ocurre que hay toda una “mafia” de entidades y “expertos” nacionales y extranjeros dedicada a la compraventa de análisis que terminan acumulando polvo en los archivos, por la simple razón de que son inútiles o innecesarios o porque el órgano ejecutor descuella por su ineptitud. Se trata de un modo “elegante” de robar al país, al que deben prestar suma atención la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio Público.