25 de abril de 2026

El Jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, anunció que para mañana se espera que el Gobierno anuncie el “50% de la solución” de las deudas que tiene el Estado con las vialeras. En el caso de salud, la semana que viene habría novedades.

Un total de G. 309.980 millones desembolsó en la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para proveedores y acreedores del Estado, entre los que se destacan pagos a proveedores de medicamentos del Ministerio de Salud, e inversiones del MOPC.
Mientras suman los reclamos de proveedores por el retraso en los pagos y la burocracia en las gestiones presupuestarias, el titular el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández afirmó que la cartera está cumpliendo con lo previsto en el plan de pagos y defendió los procedimientos de control, que justamente se aplican a fin de que no se acumulen las deudas, alegó.

Los gremios Capaco y Cavialpa se reunieron ayer con autoridades del Ejecutivo para analizar la deuda de unos US$ 360 millones con las empresas del sector. Confirmaron que el Gobierno prevé aplicar el factoraje, mediante el cual las empresas podrán acceder a US$ 150 millones cediendo una parte de las deudas pendientes a los bancos, pero esta vez con garantía soberana. El Gobierno anterior de Mario Abdo Benítez ya había recurrido a una estrategia similar para evitar la paralización de las obras.

Pese a los reportes de que el sector de la construcción inició el 2026 con el mayor nivel de optimismo empresarial, Capaco advierte que el atraso en los pagos por las obras en ejecución, que ronda los US$ 360 millones, mantiene a las empresas al borde del quiebre. El Gobierno, en tanto, busca este año ajustarse al límite de déficit establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, en un contexto de restricción presupuestaria y baja ejecución.

Dos gremios advirtieron, una vez más, el impacto de los retrasos en los pagos del Gobierno. La industria farmacéutica y de la construcción alertan sobre el alto nivel que alcanzó la morosidad estatal, hecho que dificulta la ejecución de obras y la provisión de insumos médicos. Las deudas al Ministerio de Salud, IPS y contratistas de obras públicas superan ya los US$ 1.300 millones.