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Pese a los reportes de que el sector de la construcción inició el 2026 con el mayor nivel de optimismo empresarial, Capaco advierte que el atraso en los pagos por las obras en ejecución, que ronda los US$ 360 millones, mantiene a las empresas al borde del quiebre. El Gobierno, en tanto, busca este año ajustarse al límite de déficit establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, en un contexto de restricción presupuestaria y baja ejecución.

Dos gremios advirtieron, una vez más, el impacto de los retrasos en los pagos del Gobierno. La industria farmacéutica y de la construcción alertan sobre el alto nivel que alcanzó la morosidad estatal, hecho que dificulta la ejecución de obras y la provisión de insumos médicos. Las deudas al Ministerio de Salud, IPS y contratistas de obras públicas superan ya los US$ 1.300 millones.

La Capaco advirtió que la deuda del Estado dejó a varias empresas “en el límite” y sin capacidad de sostener sus operaciones. En un conversatorio, el economista César Barreto instó al Gobierno a reconocer la magnitud del problema y adoptar una solución urgente, ante el riesgo de que más constructoras caigan en una quiebra virtual. Por su parte, el gremio cuestionó que Gobierno de Peña repite lo que tanto criticó, al licitar obras sin contar con los fondos necesarios, situación que aumenta la presión financiera sobre las empresas.

Las deudas pendientes del Gobierno con proveedoras e instituciones siguen acumulado y ya supera los US$ 1.250 millones. Desde el MEF aseguran que aquellas deudas que son verificadas van a ser honradas y responsabilizan a los ministerios por la gestión de recursos que les son asignados.

El presidente Santiago Peña reconoció los retrasos en los pagos a las constructoras y farmacéuticas, y aseguró que las deudas del Estado se regularizarán recién a principios del 2026. Los gremios habían expresado su malestar por la falta de cumplimiento del Gobierno.