Constitución Nacional

La primera y única enmienda existente hasta ahora en nuestra Constitución fue realizada entre los años 2010 y 2011. La intención en aquel entonces fue otorgarles el derecho del sufragio a los paraguayos que, por diferentes motivos, viven en el exterior.

Ante los comentarios de algunos legisladores y referentes cartistas sobre una supuesta intención de hacer una reforma constitucional, la abogada constitucionalista Shirley Franco aseguró que cualquier reforma debe justificarse con una base científica y que no se deben modificar los derechos obtenidos con las luchas sociales. Citó cuáles son las condiciones para una reforma, pero aseguró que hoy en día, dichas condiciones no existen.

El viernes, en su visita a Curuguaty, el presidente Santiago Peña confesó su intención de llevar adelante una reforma constitucional con la excusa de modificar el artículo 169 de la Carta Magna y establecer que el 100% de lo recaudado por los municipios quede en poder de los mismos. Actualmente la Constitución Nacional establece, en relación con el impuesto inmobiliario, que el 70% de lo recaudado por cada municipalidad quedará en poder de la misma, el 15% será para el departamento respectivo y el 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos.

El presidente de la República, Santiago Peña, planteó este viernes en la ciudad de Curuguaty (Canindeyú) su intención de realizar una reforma de la Constitución Nacional, para establecer que el 100% de los impuestos inmobiliarios queden en los municipios. La intención pone en alerta a la oposición, pues se cree que la acción busca sentar jurisprudencia, para modificar la Carta Magna y lograr la reelección presidencial.

Con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a escuchar que cuando un caso llega a la Corte Suprema de Justicia, Morfeo acomoda su almohada. Sin embargo, esto no es algo a lo cual debamos acostumbrarnos, ya que aquella justicia que llega a destiempo es la más cruel injusticia, y aquella que nunca llega se convierte en cómplice de una muerte agonizante. Si bien todos los habitantes de la República, según la Constitución Nacional, somos iguales en dignidad y derechos y, por lo tanto, todos sin distinción tenemos derecho de acceder a una justicia pronta y eficaz en igualdad de condiciones, no es menos cierto que la Sala Constitucional tiene en sus manos la decisión de acciones sumamente trascendentales para la democracia, cuya resolución puede no solamente orientar jurídicamente aquellas decisiones que fueron contrarias a derecho sino que, además, puede poner un límite al abuso del poder estatal.