Con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a escuchar que cuando un caso llega a la Corte Suprema de Justicia, Morfeo acomoda su almohada. Sin embargo, esto no es algo a lo cual debamos acostumbrarnos, ya que aquella justicia que llega a destiempo es la más cruel injusticia, y aquella que nunca llega se convierte en cómplice de una muerte agonizante. Si bien todos los habitantes de la República, según la Constitución Nacional, somos iguales en dignidad y derechos y, por lo tanto, todos sin distinción tenemos derecho de acceder a una justicia pronta y eficaz en igualdad de condiciones, no es menos cierto que la Sala Constitucional tiene en sus manos la decisión de acciones sumamente trascendentales para la democracia, cuya resolución puede no solamente orientar jurídicamente aquellas decisiones que fueron contrarias a derecho sino que, además, puede poner un límite al abuso del poder estatal.
El mismo Senado que el 4 de abril restituyó sus respectivos fueros a los procesados Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP) pretendió corregir trece días después su “error” (según ellos) revocando la insólita decisión, es decir, volviendo a suspender la inmunidad parlamentaria de los beneficiarios, como si aquí no hubiera pasado nada. Lo grave del asunto es que la anterior medida ya había sido notificada al Ministerio Público, teniendo “el inmediato efecto de detener los procesos”, según señaló el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en la acción de inconstitucionalidad promovida contra ella ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Lo perpetrado por los senadores cartistas en connivencia con la multibancada que les es condicional está muy distante de poder ser calificado como un “error”: en puridad, tiene todos los condimentos para ser considerado como una grave violación de la Constitución Nacional de la República del Paraguay y una intromisión de poderes, un hecho sin precedentes ante el cual ni la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio Público pueden ni deben quedar impávidos.
Roberto González, abogado constitucionalista, celebró que la Cámara de Senadores derogase la restitución de fueros a los parlamentarios procesados por la Justicia y aseguró que “la judicialización de la política, es el fracaso de la democracia”. Adelantó que en el caso de la destitución de Kattya González, la Corte Suprema de Justicia debería enviar un mensaje republicano que dé tranquilidad a la ciudadanía.
El Artículo 7 de nuestra Constitución dice que “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental”.
¿CULPABLE O SOLUCIÓN? – Exculparse para proteger la imagen es un recurso humano constante. Tal vez por eso la excusa forma parte de nuestro vivir cotidiano y a ella recurrimos todos: el analfabeto y la intelectual, el ama de casa y la empleada doméstica, el político famoso y la gente común.
El pasado viernes mantuvimos, en la 730 AM ABC Cardinal, un intercambio de pareceres muy revelador con Humberto Franco, director general de control de gestión ambiental y cultural de la Contraloría General de la República.