Constitución Nacional

En la lista de anecdóticos sucesos políticos de los últimos tiempos, un común denominador resuena en esos discursos, decisiones, actos administrativos, judiciales o legislativos contrarios a los principios democráticos que enarbola la Constitución, y se resume en la siguiente frase: “Y a mí, qué”. Es la muestra palpable del desprecio a las leyes, al bien común, a la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática, a la supremacía de la Constitución y a la seguridad jurídica. El ejemplo más reciente es la resolución del intendente de Caapucú Gustavo Penayo (ANR – cartista) en la cual prohibió actividades alusivas a Halloween en entornos públicos y privados, alegando que las mismas son contrarias a los valores religiosos. Si las autoridades de Caapucú creen que pueden pisotear nuestra Carta Magna a sabiendas, y aún así continúan en su propósito, ¿de que serán capaces en las próximas elecciones municipales?

Organizaciones “no gubernamentales” (ong) globalistas están influenciando la realización de cierres de rutas por personas descriptas como “originarias”, pisoteando impunemente el derecho establecido por el Artículo 41 de nuestra Constitución que dice “Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional”.

El juez Rolando Duarte dejó en claro que esto se debe interpretar en base a lo que dice la Constitución Nacional, que dispone que los padres están a cargo de la salud integral del niño. Si los niños no reciben las vacunas obligatorias y sufren alguna enfermedad, se podría generar una responsabilidad penal. Además, indicó que no se puede alegrar cuestiones religiosas.

La muerte de una adolescente de 13 años luego de un parto tras un embarazo producto de un hecho de abuso despierta de nuevo el debate sobre la legalización del aborto en menores víctimas de violencia sexual. La diputada Rocío Vallejo expuso lo que dicen las leyes de Paraguay sobre el tema.

La jueza Karen González Orrego presentó su candidatura al Consejo de la Magistratura como representante docente de las Universidades Públicas. La esposa de Jorge Bogarín Alfonso, “declarado significativamente corrupto” por los EE.UU., viola lo expresado en el artículo 254 de la Constitución Nacional.