El abogado Walberto Alonso, asesor jurídico de la Municipalidad de Lambaré, sostuvo que pese a que están obligados a cumplir la nueva ley que regula las habilitaciones vehiculares, tiene muchos puntos cuestionables. Indicó que atenta contra la autonomía municipal prevista en la Constitución y que “hay puntos que deben ser revisados” en cuanto a los precios fijados.
Las alarmas se encendieron ante el anuncio realizado por el presidente esta semana. Ante un auditorio compuesto por empresarios, Santiago Peña informó que está preparando una propuesta de ley para modificar las relaciones laborales en el sector privado, y puso como ejemplo la revisión de las condiciones actuales para alcanzar la estabilidad laboral.
Unas 300 magistradas y magistrados de Iberoamérica están reunidas en Ciudad del Este para debatir sobre el control de convencionalidad desde una perspectiva de género, en el marco del XX Encuentro de Magistradas. El objetivo es recurrir cada vez más a esta herramienta jurídica para combatir el flagelo de la violencia contra la mujer.
Las elecciones para convencionales constituyentes realizadas el 1 de diciembre de 1991 fueron de las últimas en las que los partidos políticos tradicionales pusieron sus mejores representantes. El fruto fue la Constitución más completa y libre de nuestra historia. Hoy se le pueden discutir algunos aspectos a la misma, pero en aquella Convención Nacional hubo debate, diálogo, intelecto y raciocinio.
La Constitución Nacional fue promulgada el 20 de junio del 1992 y sigue vigente hasta ahora, pero ya en una época distinta a la que se vivía hace tres décadas. ¿Cómo se llegó a esta Carta Magna y qué desafíos tuvo? Para contestar a una serie de preguntas, un abogado constitucionalista y una asociación civil brinda más detalles en la siguiente nota.
No ha escapado, desde luego es un imposible, la última de las tantas tramoyas de violentar, ya es un hábito, la Constitución Nacional (CN) por personeros del movimiento de Honor Colorado y afines empotrados en el Congreso. Me refiero a la devolución del fuero que fue retirado a ciertos legisladores con cuentas ante la Justicia y luego “devuelto” sin más argumento que “una suerte de venganza” y “ser una cuestión política privativa”, demostrando ante propios y extraños que la Constitución para aquellos puede ser violentada sin atajo alguno y sin consecuencias.