Congreso Nacional

El ministro del interior, Enrique Riera se presentó ante el Congreso esta mañana tras las múltiples críticas por la represión policial contra jóvenes de la Generación Z. Aseguró que obtuvieron informaciones a través de fuentes públicas, pero como prueba para justificar la actuación de la Policía presentó supuestos chats de la organización, confirmando así el cuestionado “pyraguereato”.

Un sótano cuya construcción podría remontarse al siglo XVIII o incluso antes fue “redescubierto” bajo la sede del Congreso Nacional. Fue reacondicionado y ahora sirve como sede del Sindicato de Empleados del Poder Legislativo.

El director de prevención y seguridad, Omar Ignacio Méndez, comentó que estarán acompañando la marcha del domingo por la tarde. Señaló que no existe ninguna intención de represión, sino que se buscará brindar seguridad. Además, dejó en claro que cualquiera puede manifestarse, pero sin generar vandalismo.

El 180º Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizó esta semana y está concluyendo en suelo paraguayo, trajo mucho debate sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado en la materia. Se puede comenzar mencionando los ataques constantes a la libertad de prensa y expresión por parte del propio Presidente Santiago Peña en sus discursos amedrentadores al trabajo de los medios críticos a la labor estatal. Se puede agregar las persecuciones a organizaciones de la sociedad civil por parte del Congreso con la adopción de la “Ley Garrote”, o el menoscabo a derechos sustanciales por la justicia paraguaya como el respeto a las garantías del debido proceso o la protección judicial con el sometimiento del Poder Judicial al poder político. Por su parte, la Corte Interamericana enfatiza sobre la unión indisoluble de los conceptos de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.

El pasado lunes se empezaron a implementar mayores controles de seguridad para el ingreso –incluso de funcionarios– en el Congreso. La medida fue confirmada ayer por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que alegó un pedido generalizado de sus colegas y supuestas “amenazas” que no individualizó.