conflicto de tierras

PUERTO CASADO. Autoridades del Indert se encuentran en proceso de solucionar el conflicto de tierras en esta localidad chaqueña, que ya lleva 22 años de lucha de los pobladores. La presidenta del Instituto de Desarrollo Rural y de las Tierra, Gail Gina González, prometió una rápida solución a esta problemática para otorgar un título de propiedad a los colonos. Sin embargo, para los integrantes de la comisión protierra existen dudas sobre esta posible donación de 30 mil hectáreas. Desconfían sobre la legalidad de la empresa que dice ser dueñas de estas propiedades que se pretenden donar.

La lucha de los pobladores de Puerto Casado lleva 22 años sin que hasta la fecha los casadeños logren acceder al derecho de la tierra propia. Ahora, de nuevo, aparece un preacuerdo entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y los propietarios para legalizar la donación de 30.000 hectáreas a favor de los colonos. En el 2000, la Secta Moon procedió a comprar unas 600.000 hectáreas a la antigua empresa taninera de Carlos Casado y entonces se inició el peregrinar de los lugareños por acceder a un pedazo de tierra del lugar donde trabajaron por varias décadas.

Desde el Indi señalaron que una parte de la mensura judicial que determinará a los propietarios de más de mil hectáreas de tierra en Itakyry se encuentra paralizada desde hace dos años. Según indicaron, el proceso no avanza debido a que el Poder Judicial no define un juez para el efecto.

El exdirector jurídico del Indert, Aldo León, durante la administración de Mario Vega, logró suspender su audiencia preliminar el pasado lunes 22 de noviembre por el caso de coimas de US$ 200.000, en noviembre del 2018. La defensa, ejercida por Sara Parquet, pidió copias del expediente.

Las empresas Atenil Paraguay y Victoria S.A., administradoras de las tierras, pertenecientes a los herederos del fallecido reverendo Moon, mantienen una disputa con pobladores de Puerto Casado, quienes reclaman tenencia de las tierras. Las firmas además sufrieron la invasión de un gran porcentaje de la propiedad de parte de supuestos campesinos, llegados desde otras regiones del país, y por eso se contrató a guardias privados con armas de fuego con la intención de evitar más invasiones.