Un tribunal de sentencia de la Circunscripción Judicial de Amambay resolvió declarar culpable de homicidio y, en consecuencia, condenar a Derlis Samudio Ojeda a 15 años de pena privativa de libertad por el asesinato de Juan Carlos Valiente Quiñónez, un guardiacárcel que custodiaba el pabellón del grupo criminal PCC. Un peritaje realizado permitió determinar que el arma incautada en su momento del poder del hoy sentenciado fue la utilizada para acabar con la vida del agente penitenciario, lo que fue clave para el fallo. La fiscal Reinalda Palacios pidió 17 años de cárcel; sin embargo, se declaró conforme con la decisión de los magistrados.
Armando Javier Rotela, líder del poderoso clan que por años dominó la cárcel de Tacumbú y extendió sus tentáculos a otras penitenciarías, fue condenado a 21 años de cárcel y nueve años más como medida de seguridad. Junto a Rotela fueron sentenciados también otros integrantes del grupo criminal, procesados por asesinatos, tráfico de drogas y extorsión.
El Ministerio Público solicitó a un Tribunal de Apelación el rechazo de cada uno de los incidentes planteados por la defensa de la exbancaria Claudia Andrea Cuevas Sierich, en contestación a la apelación formulada con respecto al fallo que la condena a 5 años de prisión por la comisión de varios hechos punibles.
Un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción condenó a 4 años y 6 meses de prisión al exintendente de Mariscal José Félix Estigarribia (Chaco) Eladio Ramón Alcaraz Pereira. Fue declarado culpable de lesión de confianza por el perjuicio de G. 1.054.108.443 a la comuna, en el año 2013, con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
La Cámara de Apelaciones confirmó las condenas del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, a 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado (coima); y el funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán, a 2 años y seis meses de prisión como cómplice del hecho punible. Ambos fueron hallados culpables de solicitar US$ 50.000 para favorecer a una de las partes en un juicio contra el Estado, tramitado ante la Sala Civil y Comercial de la máxima instancia judicial que integraba.
La Cámara de Apelaciones confirmó las condenas del exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, a 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado (coima); y el funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán, a 2 años y seis meses de prisión como cómplice del hecho punible. Ambos fueron declarados como culpables de haber solicitado US$ 50.000 para favorecer a una de las partes en un juicio contra el Estado, tramitado ante la Sala Civil y Comercial de la máxima instancia judicial que integraba.