Comisión garrote

Mañana se conmemora el “Día Nacional de la Democracia” en recordación de la caída de régimen stronista hace 36 años, sin embargo, el país está hoy en un ambiente en donde cercanos al gobierno tienen intención de impulsar una Ley de Prensa que busca silenciar las críticas. También los políticos opositores son constantemente hostigados o censurados en el Congreso Nacional.

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) calificó de “indignante” la repartija de dinero en Mburuvicha Róga y, aún a sabiendas de que tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) como la comisión “garrote” están manejadas por el cartismo, dijo que este sería un buen tema a investigar.

El autoritarismo cartista y la persecución con “garrote” a los enemigos del poder, en particular a las ONG y a ABC, marcaron la agenda del gobierno de Santiago Peña. Por defender a Horacio Cartes y a Tabesa, el Ejecutivo tensó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos de América. El comando cartista ordenó la expulsión de la senadora opositora Kattya González mientras sus aliados cometían abusos de poder con total impunidad.

En la que fue la última sesión del año de la Cámara de Diputados, a traición, estuvo a punto de concretar una herida letal para la transparencia en nuestro país, durante el tratamiento del proyecto de ley de “Protección de Datos Personales”, aunque el riesgo sigue latente, puesto que la iniciativa se aprobó en general y falta analizar en particular. Dictamen presentado 3 minutos antes del tratamiento plantea un artículo que podría aniquilar la ley de Acceso a Información Pública (AIP) y protegería por ejemplo a sus nepobabies.

El senador cartista Gustavo Leite, vocero de la Comisión Bicameral de Investigación “antilavado”, conocida como Comisión Garrote, aseguró que podría darse “la mayor dilapidación de fondos innecesarios de la historia de las organizaciones sin fines de lucro de Paraguay”, debido a que ni la educación, ni la democracia mejoraron, según los medios, teniendo en cuenta que la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinó US$ 67 millones para el efecto.