La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, conocida como comisión “garrote” , presidida por el senador expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, invitará a su próxima reunión al contralor general de la República, Camilo Benítez, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Rafael Filizzola, senador de la nación, criticó las decisiones tomadas por la Comisión Bicameral de Investigación, bautizada como comisión “garrote”, sin embargo, aseguró que no está en desacuerdo con las leyes de control.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) cuyo secretario ejecutivo es Dante Leguizamón, manifiesta su profunda preocupación por las mentiras y tergiversaciones expresadas en la reunión de la Comisión Bicameral Antilavado más conocida como “Comisión Garrote” el 23 de setiembre último. Repudiaron principalmente a los parlamentarios y los convocados, quienes buscan instalar la narrativa de que las ONG son una amenaza para la democracia.
El director de la Fundación Moisés Bertoni afirmó que la comisión bicameral “antilavado de dinero” cartista en el Congreso se extralimita y abusa al pedir datos como los salarios de los colaboradores de las organizaciones no gubernamentales, y señaló que esa información ya está en los registros de entidades del Estado como el Ministerio de Economía. Negó que las ONG entren en la “gobernanza” nacional y señaló que están en su derecho de buscar incidir, pero enfatizó que finalmente las autoridades electas son las que toman las decisiones.
La reunión, el pasado lunes, de la llamada Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, conocida popularmente como “comisión garrote”, puso en escena la suerte de trastorno de identidad disociativo o esquizofrenia en la que viven adherentes y conversos al gobierno cartista.
Organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado en el que denuncian el intento de la comisión “garrote” y otros sectores de instalar la narrativa de que son una amenaza para la democracia. Además, aseguran ser un pilar fundamental al promover la participación activa de la ciudadanía, la fiscalización de los poderes del Estado y el acceso a la información.