6 de abril de 2025
El cartismo reculó ayer y el Senado rechazó el plan de modificar artículos del Código Procesal Penal que podrían dejar impunes casos emblemáticos de corrupción y otros, como el del fiscal Marcelo Pecci (+).
CARACAS - La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el oficialismo, adelantó este viernes que actualizará las leyes penales, incluidas las que castigan la tortura y la violencia contra la mujer, una tarea que arrancará el 15 de septiembre, cuando los diputados regresen de sus vacaciones.
El presidente de la República Mario Abdo Benítez vetó totalmente una ley en el que se buscaba beneficiar a procesados por hechos de corrupción que cometieron lesión de confianza o estafa. El Congreso envió al Ejecutivo una normativa en la que modificaron y redujeron la expectativa de pena quedando entre ocho y 10 años de cárcel, además de que la Fiscalía debía demostrar que hubo intención de cometer el delito.
La Coalición por la Legalidad entregó una nota a los asesores jurídicos de la Presidencia de la República en la que solicitan al presidente, Mario Abdo Benítez, que vete la ley que modifica el Código Penal que beneficiaría a corruptos, según denuncian desde la organización.
Indudablemente, el ámbito normativo de responsabilidad penal va ampliando su parámetro dogmático en razón a la teoría del delito. Así, la competencia empresarial/industrial conlleva un abordaje a efectos de evitar “negativos” en materia financiera, pues, en la actualidad se analiza un delito de “espionaje industrial”, que se refiere al develamiento de secretos que comprometen la economía de una empresa/industria.
MADRID. Los socialistas españoles en el poder consiguieron que el Congreso de los diputados aprobase la reforma de la ley contra los delitos sexuales impulsada por sus socios de extrema izquierda, y que había propiciado inesperadamente excarcelaciones de delincuentes sexuales.