16 de junio de 2025
La semana pasada, el Congreso Nacional fue nuevamente escenario de restricciones a derechos fundamentales, esta vez con la modificación del Código Electoral, pero específicamente en lo concerniente al financiamiento político, un tema siempre álgido puesto que solo un control estricto de los fondos de financiación de campañas electorales puede combatir el lavado de dinero, muchas veces proveniente del narcotráfico. En la misma línea renuente a los controles y la transparencia que el cartismo demostró desde la asunción al poder, esta vez se aprobó la modificación de varios artículos del Código Electoral. Entre otras cosas, se propone simplificar el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula el tema del financiamiento político, lo cual podría abrir las puertas a la falta de control y transparencia sobre los orígenes de los fondos de financiamiento, en medio de indicios del fortalecimiento de la narcopolítica en Paraguay.
La Cámara de Diputados se reúne este martes desde las 9:00 en sesión ordinaria. En el primer punto del orden del día figura que en la reunión plenaria se analizará el plan de ley que reglamenta, simplifica y monetiza la objeción de conciencia para evitar el servicio militar obligatorio (SMO).
El director de Asesorías Electorales de la Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro, señaló que ya culminaron un proyecto de modificaciones al Código Electoral y el borrador está siendo estudiado por los ministros. Aseguró que son ajustes “exclusivamente técnicos”. Además, recalcó que ellos no impulsan cambio alguno a la Constitución Nacional.
En cumplimiento con lo que dicta el Código Electoral, las municipalidades de Ciudad del Este y Presidente Franco iniciaron los trabajos de limpieza de cartelería política de los candidatos que pugnan para un cargo en estas Elecciones Paraguay 2023. Por otra parte, en algunos casos los propios candidatos procedieron al retiro los soportes propagandísticos.
La senadora Georgia “Nani” Arrúa (PPQ) presentó un proyecto de ley para duplicar y hasta triplicar los diferentes plazos vigentes para la propaganda electoral en la vía pública y en medios de comunicación. En contrapartida, plantea imponer multas de casi G. 10 millones y actuaciones de oficio del Ministerio Público contra los infractores. Alega que la ley vigente es letra muerta y servirá para que el Partido Patria Querida (PPQ) deje de sufrir “competencia desleal”.