La jueza de Pilar, Mariana Beatriz López Silva, impuso medidas alternativas a la prisión a dos agentes especiales de la Senad que fueron imputados por coacción grave por el fiscal de Laureles, Jorge Luis Encina Insfrán, a causa de un supuesto apriete a unos humildes agricultores de Cerrito, en el departamento del Ñeembucú.
Dos oficiales de la Policía Nacional fueron acusados por la fiscala Cinthia Leiva, como conclusión de una investigación por el Hecho punible contra la libertad (coacción grave).
El juez penal de garantías Alcides Corbeta decretó el sobreseimiento definitivo de César Pacífico Micale y de su esposa Gladys Basualdo, imputados por coacción grave por el fiscal Rogelio Ortúzar, porque la pareja intentó impedir la demolición de su vivienda.